Cada año, a la hora de sacar el permiso de circulación no son pocos los conductores que, por olvido o desidia, saturan las plantas de revisión técnica para cumplir con la obligación de certificar el bueno funcionamiento de su vehículo, gases incluidos.

Eso es, precisamente, lo que busca despejar la nueva licitación que lleva adelante el gobierno. Esta vez, al aumentar la demanda la autoridad podrá elevar el número de plantas a licitar.

Un tema no menor, considerando que en 10 años no se ha elevado el número de plantas de revisiones técnicas en la Región Metropolitana, pese a que cada año miles de autos se integran al parque automotriz. De seguir adelante la licitación, el Gran Santiago pasaría de tener 25 plantas de revisión técnica a casi 40.

Sin embargo, a diferencia de procesos anteriores, esta vez el concurso ha sido más complejo. Mucho más complejo, con denuncias de colusión y abuso de posición dominante de algunos actores que han participado en los procesos.

A fines de mayo de este año, la sociedad Ramírez y y Compañía Limitada interpuso un recurso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). En el texto la firma denunció que las bases de licitación de las plantas de revisión técnica en las regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins y Metropolitana vulneraban la libre competencia.

A juicio de la compañía, las bases dictadas por el MTT implicaban un riesgo de colusión entre los distintos competidores, al permitírseles la entrega de boletas de garantía hasta dos días antes de la presentación de la propuesta formal.

Esto último gatilló que el TDLC solicitara de oficio al ministerio que modificara las bases de licitación del proceso para otorgar concesiones para operar establecimientos que practiquen revisiones técnicas de vehículos en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.

Además, en su resolución el TDLC pidió al ministerio que "las boletas de garantía de seriedad de la oferta que acompañen los proponentes deberán ser presentadas simultáneamente con las ofertas técnicas y económicas, y no con antelación a éstas".

Frente a esto, el ministerio respondió que las bases cumplen con los lineamientos de libre competencia y rechazó la denuncia de riesgo de colusión que generaría la solicitud de $20 millones como boleta de garantía.

Aún así, el ministerio decidió modificar las bases y envió a la Contraloría los cambios propuestos por el organismo antimonopolio. Ahora se está a la espera del visto bueno, lo que demoraría unos 30 días.

Desde el MTT evitan hablar de postergación, pero sí de una "leve demora".

El negocio de las plantas de revisiones técnicas tiene un público cautivo, por lo que no sabe de crisis. Se calcula que al año mueve unos US$30 millones.

LAS NUEVAS DENUNCIAS

No obstante, en los últimos días se sumaron nuevas demandas en contra del MTT. La última fue de la empresa uruguaya Guly, la que acusa discriminación pues las bases del ministerio señalan que "podrán presentar propuestas, personas naturales y/o jurídicas constituidas en Chile".

¿Y las sociedades extranjeras? No, fue la respuestas de la secretaría de Estado a la compañía foránea al consultar sobre este punto al ministerio, según afirma Guly en su demanda al TDLC.

"Es evidente que el demandado (el MTT), al impedir el acceso a sociedades extranjeras limita de forma arbitraria el derecho a competir en el mercado referenciado, puesto que lo ha restringido sólo a sus connacionales. Estas conductas configuran una discriminación arbitraria o negativa injustificada de contratación, no sólo a mi representada sino que a cualquier sociedad extranjera que quiera participar en el mencionado proceso de licitación", dice el abogado de Guly, Cristián Heerwagen, en la demanda presentada al TDLC, en donde pide que se suspendan los llamados a licitación en las regiones II, IV, V, VI y Metropolitana.

Handler, otra firma del rubro también uruguaya, más conocida como Autodiagnosticos, acudió a la Cancillería de su país solicitando su intervención en en el proceso de licitación que se lleva adelante, según comunicó la propia empresa en un escrito presentado al TDLC como parte de la demanda que interpuso a sociedad Ramírez y y Compañía Limitada.

"Cada parte otorgará a los inversionistas de la otra parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación  y venta u otra forma de disposición de las inversiones en su territorio", dijo la empresa en su escrito, citando uno de los artículos del Acuerdo de Inversiones Chile Uruguay de 2010.

Dado este ambiente, en la industria prefieren no hacer declaraciones sobre el proceso de licitación. Pidiendo mantener su nombre en reserva, varios operadores coinciden que tras todo lo ocurrido se encuentran "en el aire", lo que genera incertidumbre, pero evitan criticar a la autoridad.

Sin embargo, Applus Revisiones Técnicas de Chile se lanzó con todo en contra del ministerio liderado por Pedro Pablo Errázuriz. En su demanda presentada también ante el TDLC hace una serie de denuncias por atentados en contra de la libre competencia en el proceso de licitación. Afirma que se entregaron antecedentes al MTT, pero no hubo respuesta, dice en su escrito el representante de la empresa, José Eugenio Martínez.

"La presente demanda se dirige en contra del MTT, quien, a sabiendas de la existencia de vicios invalidantes producidos en el proceso de licitación y sobrepasando normas expresadas en las bases de licitación, pre adjudicó la propuesta a empresas relacionadas que son controladas por grupos empresariales, los que concurrieron a las ofertas a través de sociedades que estaban inhabilitadas para participar en la licitación actuando en forma concertada y deliberadamente encubierta, para posesionarse de una parte significativa del mercado relevante en la VI Región del país", afirma la demanda.

Frente a esto, la compañía pidió al TDLC que declare que las adjudicaciones efectuadas queden sin efecto y se llame a una nueva licitación.

"Lamentablemente, la licitación para seleccionar la planta de revisión técnica en la VI Región perdió transparencia desde el momento en que el MTT permitió competir a empresas que, estando estrechamente relacionadas entre sí, simularon poseer una entidad independiente influyendo en la decisión que en definitiva se adoptó al pre-asignar la licitación a dos de ellas, una vez conocidas las ofertas económicas", añade Applus.

Más aún, dice que "esta anomalía es aún más grave debido a que el ministerio tuvo conocimiento anticipado y formal del hecho de que en la competencia los oferentes estaban burlando la ley u las propias bases de licitación".

LOS DARDOS CONTRA EL MTT

El MTT estaba confiado en que el proceso seguiría adelante. No obstante, las demandas interpuestas ante el TDLC en las últimas horas, y que fueron acogidas, cambian totalmente el panorama.

Más aún, ante las graves acusaciones denunciadas por Applus. En su escrito, la empresa denuncia derechamente acuerdos horizontales, abuso de posición dominante y actos de competencia desleal.

Plantea que en la licitación para las plantas en la VI Región, sociedades relacionadas concurrieron "mediante el subterfugio de presentar estructuras societarias independientes para adjudicarse más de una concesión" en la misma zona.

"Resulta inaudito que esta comunicación que fue enviada con copia a la Sra. Gloria Hutt, subsecretaria de Transportes del Ministerio respectivo junto con los antecedentes públicos y notorios que demuestran las relaciones previstas existentes entre las sociedades relacionadas, no haya merecido una mínima investigación", remata la empresa.

Con todo, será el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el que tendrá la misión de zanjar la polémica licitación.