Ex presidente del CDE Juan Ignacio Piña por términos de los casos de platas políticas: "A SQM la salida debió haberle salido más cara"

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Como presidente del CDE enfrentó las primeras etapas de los casos de financiamiento irregular de la política: Penta y SQM. A un año de haber dejado su cargo como consejero, mira con cierta crítica la forma en que estas investigaciones están llegando a su fin. "La sensación de que estas causas se terminan despejando en el camino o por cansancio es mala, no fortalece el sistema y lo llena de dudas", advierte.




Conferencias sobre mecanismos para fortalecer la responsabilidad empresarial en París, Miami, Lima, Barcelona y Pamplona. Esos han sido algunos de los destinos de Juan Ignacio Piña durante su ajetreado primer año fuera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que abandonó pese a lo codiciado que resulta el cargo casi vitalicio que ejerció durante tres años.

Piña no para de correr. Acaba de bajarse de un avión proveniente de Buenos Aires, donde abrirá junto a sus socios Matías Balmaceda y Francisco Cox la segunda oficina internacional de su estudio especializada en compliance, es decir, en establecer políticas y procedimientos para garantizar que una empresa, incluidos sus directivos y empleados, cumplen con el marco normativo.

Hace tres meses, Piña se llenó de llamados de clientes y conocidos preocupados por su eventual arribo al equipo del Presidente Sebastián Piñera. En el primer gobierno, Piña fue subsecretario y terminó como ministro de Justicia, por lo que la vinculación no era antojadiza. Sin embargo, para el expresidente del CDE los cargos públicos ya son parte del pasado y está enfocado en el juicio por el Silala (donde aún es coagente) y litigando en tribunales civiles y penales.

¿Cómo ha sido su retorno a lo privado?

Intenso. Volví a hacer clases, estamos haciendo estas asesorías a compañías por temas de ética e integridad corporativa, y principalmente estoy litigando. Siempre en esta oficina hemos asesorado compañías en compliance, desde hace nueve años, cuando se promulgó la Ley de Responsabilidad de la Persona Jurídica, y creo que esta experiencia que se ha dado en Chile es posible de exportar a otros países. Desde la perspectiva de la integridad corporativa, este es un país que está cambiando muchísimo.

¿Es eso un efecto de los casos de "platas políticas" Penta, SQM y Corpesca?

Precisamente, a partir de la investigación de esos hechos se ha producido un impacto muy interesante en las empresas. Hoy, la preocupación de las firmas en temas de integridad y de cumplimiento es radicalmente distinta a las que veíamos hace cinco o siete años y ese es un impacto que provocó el que se persiguiera penalmente la responsabilidad de las compañías.

¿Cree que realmente se persuadió al mundo empresarial, aunque uno de estos casos terminó sin reproche penal?

Es que no hay que demonizar las salidas alternativas, porque son parte del sistema. Pero no hay que perder la perspectiva de que casos como Penta, SQMy Corpesca generaron un cambio. En las compañías había ciertas prácticas que durante años parecían habituales y normalizadas, el que fueran investigadas en lo penal y judicializadas naturalmente fue una señal de alerta. Por ejemplo, el tema tributario y de las boletas que eran prácticas normalizadas por la costumbre y donde comenzaron a sonar dramáticamente voces de alarma. Hace seis o siete años eso no pasaba.

¿El rol de los fiscales provocó ese efecto?

No es que antes no tuvieran miedo, lo que pasaba era que históricamente las empresas entendían que esas prácticas merecían una preocupación marginal. Lo que más les preocupaba era su negocio, rentabilizarlo lo más posible y la eventual responsabilidad de su compañía en un tema penal no era el centro de sus preocupaciones. La coyuntura hizo que esto cambiara.

¿Eso se produjo a pesar de que en un caso emblemático, como la responsabilidad de la empresa SQM en un supuesto soborno, hubo una salida alternativa, sin condena?

Pero por supuesto. Esto está medio estudiado... Los procesos penales ya tienen en sí mismos una dimensión punitiva. Es decir, ya en sí mismo son un castigo. La vinculación a un proceso penal para una compañía no es un paso neutro. Corporativamente es muy violento lo que se produce en materia de reputación para esa empresa. Un ejemplo de ello es la reputación de Soquimich, que naturalmente, después de todo este proceso, ha sido muy golpeada.

¿La persecución penal que ejerció entonces el Ministerio Público fue correcta, generó respeto, logró neutralizar esas prácticas?

Este cambio no me gustaría atribuírselo solo al miedo a los fiscales. Lo que quiero decir es que después de hechos de corrupción conocidos y perseguidos penalmente en este país, y eso implica la intervención de muchas instituciones, entre ellas el CDE, hoy nos encontramos con un medio más en alerta. Eso antes no pasaba. Los tipos estaban mucho más dispuestos a no enterarse de muchas cosas, hoy día ya no hay disposición al 'yo no sabía lo que estaba pasando', al revés. La disposición de hoy día es 'quiero y necesito saber lo que está pasando, necesito estar seguro de que aquí no está pasando nada raro', ese es un cambio de mentalidad sumamente relevante en este país. Independiente de cómo terminen varios de estos casos, ya lo que pasó ha generado un efecto.

Pero hay quienes dicen que estas salidas alternativas generan impunidad...

Con las salidas alternativas muchas veces pasa eso, pero son las reglas del juego: el sistema es el que las contempla. Ahora, a veces esas críticas surgen de quienes no conocen la causa, no han visto los antecedentes y no están detrás de la estrategia judicial. Estimar que las suspensiones condicionales, los acuerdos reparatorios o las salidas alternativas son un fracaso es relativo. Para mí, una absolución es un fracaso más grande todavía. Hay que ser muy cuidadosos antes de poner esas etiquetas.

El CDE se opuso férreamente a este acuerdo entre la fiscalía y SQM. ¿Usted habría hecho lo mismo?

Sí. ¿Y sabes por qué? Porque añoro una respuesta judicial, una sentencia por responsabilidad de la persona jurídica en Chile. Me habría gustado que en estos casos, Penta y SQM, tuviéramos un fallo después de un juicio oral respecto de la responsabilidad penal corporativa. Si hubiera seguido en el CDE habría apoyado totalmente lo que se hizo de instar por un juicio oral, se tomó la postura que le corresponde en su rol de querellante. Necesitamos jurisprudencia sobre esta materia. No tenemos. En general, estas causas o bien terminan con salidas alternativas o procedimientos abreviados en que hay una especie de reconocimiento de los hechos sin gran discusión. Sería bueno ir a un juicio oral controvertido, donde va a haber un fiscal y un defensor discutiendo al respecto si los modelos de prevención de la empresa fueron eficaces. A nueve años de la promulgación de la ley, salvo un caso muy marginal, no tenemos sentencias emanadas de tribunales de juicio oral que nos digan cuándo es responsable una compañía, y eso es algo que lo resiento. Incluso, si el resultado hubiera sido una absolución, habría sido valioso. Vamos a tener que seguir esperando.

¿El caso de supuesto soborno al exsenador Pablo Longueira por parte de un gerente de SQM es de los más graves que se han investigado en el nuevo sistema penal?

Evidentemente, casos que involucran a autoridades públicas relevantes y eventuales delitos funcionarios son casos de altísima gravedad. Si es el más grave como me lo plantea, no sé, pero es grave, sin duda, y eso vimos como CDE cuando nos querellamos.

¿Sufrió costos personales con su sector político, con el mundo privado, cuando el CDE pidió prisión preventiva a los dueños de Penta o se querelló contra Longueira mientras usted presidía el organismo?

No. En lo absoluto. Me miraron feo... Sí, puede ser, pero venía con el cargo. Me pasó cuando era subsecretario y tuve que decidir respecto de ternas, es algo que sucede en el ejercicio cotidiano de cargos de responsabilidad pública. Y es que nadie se puede equivocar esperando que el funcionario público deje de hacer la pega que tiene por consideraciones de carácter privado, o sea, al revés, en eso consiste la función pública: no tener otra lealtad que no sea el ejercicio de la función con pleno cumplimiento de la ley que a uno le da las facultades. Desde esa perspectiva, los costos de incomprensión, por un lado, son muchas veces inherentes a la función pública y, por otro, son como se dice habitualmente "costo hundido", es decir, de esos que te acompañan y da lo mismo lo que tengas que hacer, porque no serán recuperados.

¿Qué le parecen las condiciones que se pactaron, el pago de $ 2.550 millones de SQM para salir del caso?

Ya dije que no tengo problemas con la salida alternativa, pero sí creo que es esencial que las condiciones que se impongan sean lo suficientemente gravosas para producir efectos de futuro. Y yo tengo la sensación de que en una compañía que tiene la facturación que tenía SQM, el pago de una suma de esa envergadura, sobre todo comparado con los estándares internacionales, es muy bajo. Habría sido razonable una suma mayor. A SQM le salió barato, la salida del caso debió haberle salido más cara.

¿Cómo creen que están terminando estos casos? En Penta, incluso, se piensa recalificar el cohecho por enriquecimiento ilícito...

No es una decisión que se haya formalizado, por lo que no me corresponde opinar. Seguro que tiene que ver con que todos los imputados quieren escapar de ser condenados por cohecho, que es el delito de corrupción por antonomasia, y eso tiene una pena muy baja, pero un contenido simbólico muy alto. Mientras no se adopten esas decisiones, prefiero no pronunciarme. Solo te puedo decir que cuando decidimos querellarnos estábamos absolutamente convencidos de que los hechos ameritaban la calificación de cohecho, eso está absolutamente claro.

¿Se generaron altas expectativas por parte de la fiscalía?

La generación de expectativas altas genera defraudaciones altas y cada institución deberá hacerse cargo de ello y las consecuencias que eso conlleve. Si me preguntan, yo quisiera que todos estos casos se resuelvan en juicio oral, más allá de los resultados, y que estos juicios sean todo lo despiadados que tienen que ser, que cada parte cumpla su función, siendo absolutamente adversarial y que haya una sentencia que condene o absuelva después de que todos hicieron su trabajo. La sensación de que estas causas se terminan despejando en el camino o por cansancio, yo creo que es mala y no fortalece el sistema, sino que lo llena de dudas.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, ha sido muy criticado esta semana por su llamado a los fiscales a considerar que cuando pidan un desafuero se van a alterar los quórum... ¿Qué opina de eso?

Hay que entender bien lo que dijo el fiscal nacional y estoy de acuerdo que las instituciones siempre tienen que ser responsables y cuidadosas respecto de aquellas decisiones que puedan tomar y que puedan incidir, relevantemente, en otras instituciones. Eso no significa que se usen criterios distintos para decidir, ese es un matiz que parece trivial, pero es muy profundo.

¿No se generan dos justicias distintas?

No, porque los criterios van a ser los mismos, porque de eso depende la igualdad ante la ley, eso está absolutamente claro, pero que en ciertas decisiones una institución tome cuidados para impedir que se produzcan algunos efectos distintos en otras instituciones y que son muy graves es algo que es razonable. En el CDE, cuando había que tomar una decisión intensa que pudiera afectar quórums se llevaba a nuestro consejo por la relevancia de la decisión. De hecho, no es malo tener estos resguardos, incluso es mejor. Porque cuando el Ministerio Público ahora pida un desafuero, será porque analizó aún más los antecedentes y eso hará de este un sistema mejor. R

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