Milton Juica, expresidente de la Corte Suprema: “Hay una sensación de la gente, bien fundada, de que hay dos justicias”

“Hay una percepción negativa que no se ha podido superar”, asume el exsupremo Milton Juica -quien dejó el Poder Judicial tras 50 años de carrera- y señala que parte de esa imagen es herencia de la actuación de la Corte Suprema durante el régimen militar, pero que hoy se ha agudizado con la impresión de la gente de que existe una justicia blanda para quienes tienen recursos y una dura para los que no.


Este artículo es parte de la edición especial Reportajes 2018: ¿En qué creer?


Antes de ser ministro, Milton Juica fue durante una década relator de la Corte Suprema. Desde ese lugar presenció, dice, “con impotencia”, cómo el máximo tribunal del país, en 1988, estaba compuesto “por jueces muy obsecuentes a la dictadura de Augusto Pinochet” y que “no cumplieron su deber de proteger la vida de muchos chilenos”. Pasaron 15 años y desde el mismo asiento de quienes criticó, alentó en 2013 una histórica declaración en que el pleno de la Corte Suprema pidió perdón por el rol del Poder Judicial durante la dictadura. Ya alejado de los pasillos de tribunales -se retiró este año tras cumplir 50 años de carrera- el ex supremo lidera un proyecto educativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello y desde su oficina detiene su agenda académica para reflexionar sobre cómo no se ha podido superar la desconfianza de los chilenos con los tribunales.

¿Cómo cree que los ciudadanos ven al Poder Judicial?

Bueno, ciertamente hay una percepción bastante negativa que no se ha podido superar, pero de todas maneras ha mejorado en aspectos como la transparencia. Esa mala evaluación se arrastra de la dictadura, porque en esa época, naturalmente, el Poder Judicial no tiene buena nota por el rol que ejerció.

Persiste la carga de su rol en el régimen…

Claro que eso es así, la evolución del Poder Judicial está supeditada naturalmente al estado político de la nación y para mí uno de los hitos más importantes es la vuelta a la democracia. En el año 1980 ascendí a relator de la Corte Suprema, lo que me significó estar 10 años de mi vida y, toda esa década más o menos, de relator de la Corte Suprema de la dictadura y estuve con ministros que tenían una posición muy consecuente o muy obsecuente con la dictadura. Como relator había gran frustración de lo que hacía, o más bien no hacían esos jueces. Como relator no tuve oportunidad de intervenir. En 1988 era una época dura. Venía el plebiscito, y si bien podría inferir que la Corte Suprema estaba contenta con el régimen y no quería un cambio, en el Poder Judicial a esa altura ya había jueces disidentes en las Cortes de Apelaciones, el mismo Carlos Cerda, que estuvo a punto de ser exonerado del Poder Judicial por tener una posición independiente, no que haya sido partidista, independiente de conservar naturalmente el derecho, entonces, claro, hubo un daño a lo que esa Corte Suprema hizo.

Ahora esa Corte Suprema fue mutando con la llegada de la democracia…

Igual se demoró unos años, yo creo que ya por 1998 recién se fueron esos jueces. Después se armó una Corte Suprema mucho más provocativa del punto de vista de los derechos humanos y eso significó otra crítica, y los cuestionamientos a los jueces de la Corte Suprema de ser activistas por el solo hecho de tener una consonancia mayor respecto de las prácticas constitucionales.

Aun así, este año sus excompañeros de la Sala Penal enfrentaron una acusación constitucional y se les tildó de avalar la impunidad de violadores de derechos humanos… ¿Persiste la crítica?

Eso fue muy injusto. Hoy por hoy, son muy pocos los jueces en servicio activo que están en una posición de no investigar o no sancionar, ni siquiera políticamente se discute, hasta la derecha reconoce los horrores de la dictadura, así que muy por el contrario, la Corte Suprema podría hacerlo. Ya casi ni se aplica la media prescripción que causó tanto escozor por la rebaja de condena. Lo que hubo fue un tema del otorgamiento de beneficios a estos reos, una situación ajena a los judiciales, porque nosotros advertimos que esto ocurriría y que había que modificar la ley que regula la libertad condicional, lo que finalmente ocurrió.

En las encuestas de opinión, el Poder Judicial y el Ministerio Público persisten con una mala evaluación de la ciudadanía, esa desconfianza va aparejada a los casos de corrupción. ¿Cómo ve eso?

Eso es verdad, la gente tiene esa sensación, lo paradójico es que no es un problema de los jueces, es un problema de la ley, la ley tiende a favorecer o a castigar menos aquellos delitos de corrupción, de fraude, y que son procesos larguísimos en que esas personas o les ofrecen una salida, terminan absueltos o con penas ridículas. Eso naturalmente no se ha modificado, salvo ahora último, como una ley que castiga de forma más severa la corrupción. Pero si uno evalúa lo que ocurrió en los casos de financiamiento de la política no hay duda de que ahí hubo un fraude y un acto de corrupción tremendo, en que los parlamentarios no actuaron de buena fe. Sabiendo que había una normativa que decía que ellos tenían que tener cierto gasto y utilizando medios dolosos, aumentaban ese gasto por un subterfugio de boletas ideológicamente falsas. Eso me pareció siempre un escándalo. Yo lo dije, y fui muy mal recibido por el poder político, tanto que mandaron una carta al presidente (de la Suprema), reclamando todos los comités políticos del Congreso Nacional que mis palabras les afectaban en su honorabilidad. Naturalmente que eso quedó muy privado, no lo publicitaron.

Usted dice que fue una situación grave, sin embargo, terminaron con juicios abreviados muy criticados por la ciudadanía…

El sistema procesal mejoró y ya el juez no es el que investiga y el que falla. Para mí el separar esas labores en el Ministerio Público fue un gran progreso. Entonces lo que me dice de cómo terminaron estos casos no les corresponde a los jueces, sino a los fiscales. Y mi opinión es que esos casos terminaron de la peor manera, casi como un “perdonazo” general para todos los que cometieron esos hechos tan graves.

Se tilda a la justicia de actuar de forma distinta dependiendo del ciudadano que tiene enfrente. ¿Qué le parece ese cuestionamiento?

Yo estoy de acuerdo con esa sensación. Hay una sensación de la gente, bien fundada, que hay dos justicias y que aquella persona que tiene más recursos y que tiene más posibilidades de defensa, tiene mayor seguridad de que la sanción no le va a llegar de la manera en que está prevista por la ley. Y a los que tienen menos recursos, bueno, a ellos se les aplica la ley, a ellos se les aplica la ley como debe ser, porque han cometido un delito y la ley dice qué pena tiene ese delito. Hay un disvalor respecto de la sanción penal dependiendo del ciudadano, lo que genera desconfianzas y esas sensaciones que son preocupantes.

Junto con la transparencia de los procesos vinieron también las críticas a “la puerta giratoria” y los jueces garantistas. ¿Eso también ayuda a las malas evaluaciones?

Antes, el juez del Crimen mantenía a la gente mucho tiempo privada de libertad, procesada y sin condena. Había una estadística de que había más personas esperando condena que aquellas que estaban cumpliendo penas. La idea original era que esa persona, que se presume inocente, esperara su condena en libertad. Pero con tanta agenda corta impulsada por el gobierno y los políticos se está volviendo a un procedimiento inquisitivo en que los derechos de las personas están en peligro. El tema de la inseguridad y el mensaje político de terminar con la delincuencia están desdibujando el sistema garantista del Código Procesal Penal a un código totalmente represivo, que afecta las garantías constitucionales, y eso es preocupante.


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