El puerta a puerta de los notarios en el Congreso

La denuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, sobre la existencia de un “lobby feroz” para impedir el avance de la reforma a los notarios generó indignación en el Congreso. Sin embargo, gestiones de exdiputados y parlamentarios parientes de notarios, además de reuniones y conversaciones de las que no hay registro, forman parte de la bitácora de la ofensiva.


Los miembros de la Comisión de Constitución comenzaron en los últimos días a recibir una invitación para mañana lunes 14, a las 18 horas, de parte del ministro de Justicia, Hernán Larraín. El secretario de Estado los cita a un encuentro en las dependencias de la cartera, en Morandé 107.

El objetivo, según les explicó el secretario de Estado, será analizar la discusión del proyecto de ley -que ingresó el gobierno en septiembre de 2018- que busca implementar una profunda reforma al sistema notarial del país. Los parlamentarios, sin embargo, entendieron que la convocatoria constituye un gesto que pretende apaciguar la molestia que generaron en ellos los dichos de Larraín el domingo 6, cuando, en entrevista con La Tercera, denunció que existía un “lobby feroz” de parte de notarios y conservadores para impedir los cambios al sistema y, de paso, hizo un llamado a los parlamentarios a actuar de forma “transparente”.

En el gobierno señalan que cambiar el sistema notarial se ha vuelto una suerte de obsesión para el Presidente Sebastián Piñera, que ha buscado modificar el régimen existente desde la década de los 90, cuando era senador. De hecho, la propuesta del Ejecutivo, asumen en Palacio, fue intervenida por el propio Mandatario de puño y letra.

En el corazón del proyecto está la creación de una nueva figura, llamada “fedatario”, que reemplazará una de las funciones clave que tienen los notarios, conocidos como “los trámites de mesón”. Se trata de diligencias como la legalización de documentos de cédulas de identidad, finiquitos o renuncias. Se plantea, también, poner término a los cargos vitalicios y pedir la salida a todos los notarios y conservadores que llevan más de 21 años en el mismo lugar.

La iniciativa -sin embargo- no ha avanzado en la Comisión de Constitución de la Cámara, presidida por Hugo Gutiérrez (PC), pese a las siete solicitudes de suma urgencia ingresadas por La Moneda, lo que ha generado molestia y suspicacias en el Ministerio de Justicia.

Y la lentitud en la tramitación se atribuye a los efectos de las modificaciones en un gremio poderoso, no solo por sus ingresos, sino que, además, por sus conexiones familiares y vínculos políticos. El sistema -según explican expertos- fue creado hace más de 150 años y no se modifica, sustantivamente, desde 1982.

Según el informe de Estudio de Mercado de Notarios de la Fiscalía Nacional Económica, de julio de 2018, los “trámites de mesón” representan el 64% de los servicios prestados y un 29% de los ingresos de cada notaría.

El mismo documento calculó el ingreso de las notarías en el país en los últimos tres años: a nivel nacional, la renta mensual bruta de un notario es mayor a la del Presidente de la República y oscila entre los $ 14 millones y $ 15 millones. En Santiago Centro, la cifra crece, ya que cada notario puede recibir -en promedio- $ 24 millones al mes. Los números son más altos para los conservadores, que pueden incluso llegar a recibir $ 200 millones mensuales.

Las modificaciones impulsadas por La Moneda, según reconocieron los mismos diputados, han generado inquietud en el gremio y, desde la presentación de la iniciativa, les han llegado solicitudes de audiencias vía mensajes de WhatsApp, llamados telefónicos y correos electrónicos de notarios y conservadores de todas las regiones y comunas del país.

Pese a la molestia generada por las palabras del ministro Larraín, en el Congreso admiten que el lobby desplegado para modificar la reforma del Ejecutivo es intenso -mucho más que el de una iniciativa corriente- y que varios diputados -parientes de notarios- se han sumado a la ofensiva, así como exparlamentarios. Por lo mismo, pese a que la Asociación de Notarios, Conservadores y Archivero aseguran que todos sus pasos están registrados por la Ley de Lobby, a la hora de las gestiones la informalidad es la norma que prima.

Tanto así, que en las últimas semanas se ha acuñado una frase que grafica la insistencia del gremio ante los parlamentarios. “Molestái más que notario”, se dicen entre risas en el Congreso.

El “lobby feroz”

El blanco inicial de la embestida de los notarios han sido los diputados de la Comisión de Constitución, donde hay representantes de todos los sectores políticos.

Hasta el cierre de esta edición se informaron formalmente 16 audiencias con diputados y una con el senador José Miguel Insulza (PS) relacionadas con la reforma a los notarios.

Aunque varios miembros de la Comisión de Constitución aseguran que están rechazando cualquier solicitud de audiencia, el presidente del Sindicato N° 1 de Conservadores de Bienes Raíces de Santiago, Mario Valdenegro, afirma que se ha transformado en una práctica común que sean derivados a asesores y jefes de gabinete que no siempre aparecen registrados oficialmente.

“En septiembre solicité audiencias con todos los diputados de la comisión. Algunos me rechazaron, me dijeron que tenían la agenda copada. Otros me fueron generando visitas. Algunas con los mismos diputados, otras con sus asesores”, señaló Valdenegro.

Un ejemplo de ello es la audiencia que -de acuerdo al propio Valdenegro- sostuvo el 24 de octubre de 2018 con el asesor de Gabriel Boric (MA), Manuel Yáñez, quien no aparece inscrito como sujeto pasivo de lobby, por lo que no hay registro de esta reunión.

Valdenegro afirmó a Reportajes haber solicitado cinco audiencias a diputados (Jorge Alessandri, Hugo Gutiérrez, Gabriel Boric, Luciano Cruz-Coke y Marcelo Díaz), de las cuales dos fueron rechazadas (Cruz-Coke y Díaz). A eso se suma que pidió tres veces ser invitado a la misma Comisión de Constitución, las que fueron aceptadas.

Una práctica común -sin embargo- son las gestiones informales protagonizadas por los mismos parlamentarios que mantienen algún tipo de vínculo con integrantes del gremio de notarios y conservadores y que los contactan con sus pares, una diligencia de la que por motivos obvios no hay registro alguno.

El diputado independiente Pedro Velásquez, por ejemplo, reconoce haber contactado por teléfono a uno de sus pares miembro de la Comisión de Constitución con “una amiga notaria de La Serena”, quien tenía “dudas sobre el proyecto”.

Comentario obligado entre los parlamentarios más cercanos al tema son las invitaciones del conservador de Bienes Raíces de Santiago, Luis Maldonado, quien es reconocido por muchos diputados como uno de los funcionarios que más reuniones han requerido en los últimos meses, en las que “invita” a conocer las dependencias del organismo. Uno de los que han aceptado la oferta es el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), integrante de la Comisión de Constitución, quien señaló a Reportajes que recorrió junto a Maldonado los pasillos de la institución que dirige el abogado desde hace más de 20 años. La cita fue registrada por ley de lobby.

Maldonado protagonizó una de las gestiones que más incomodidad generaron en el gobierno: la solicitud que llegó el 14 de noviembre pasado a la oficina de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

Por escrito, el conservador de Bienes Raíces de Santiago pidió formalmente una audiencia con Recabarren para abordar el proyecto de ley de reforma a los notarios, conservadores y archiveros, invocando a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores.

La subsecretaria accedió al requerimiento y la cita se efectuó el martes 4 de diciembre, donde los conservadores advirtieron al gobierno que invocarán la protección de los DD.HH. de los notarios y conservadores adultos mayores con más de 75 años y que se verán afectados por el proyecto de ley.

Desde 1995, tras una modificación de la ley, el cargo de notario o conservador tiene límite de 75 años, sin embargo, ese artículo no es retroactivo, por lo que todos los funcionarios nombrados antes de 1995 -165 de un total de 369 notarios en el país- son vitalicios. La nueva reforma busca derogar ese artículo y establecer en 21 años las funciones de un notario en un mismo lugar. Actualmente, 68 funcionarios tienen más de 75 años, y de ellos, 49 llevan más de 21 años en el cargo.

El fundamento de la supuesta inconstitucionalidad de esta norma es sustentado en un informe en derecho realizado por el abogado Arturo Fermandois -exembajador de Chile en Estados Unidos durante el primer gobierno de Sebastián Piñera- que ha sido compartido entre los parlamentarios.

La caza de exparlamentarios

Ante la mirada atónita de quienes habían sido sus pares, el exdiputado Ricardo Rincón apareció el 24 de octubre del año pasado en la Comisión de Constitución para exponer sus impresiones sobre la reforma.

“Personalmente, creemos que el proyecto tiene dos almas”, señaló Rincón, asegurando que este tiene “contradicciones” y una “clara intención de los reformadores por eliminar paulatinamente el sistema tal y cual lo conocemos hoy”.

Aunque ese día se presentó solo como abogado, los diputados que lo escucharon tuvieron la sospecha de que su excompañero hablaba en representación de notarios y conservadores, escena que incomodó a varios de los presentes, en especial al diputado y jefe de bancada de la DC, Matías Walker, quien incluso optó por retirarse de la sesión.

Ya antes de que ingresara al Congreso la iniciativa, los notarios y sus afines buscaron formas de contener la reforma y hacer escuchar sus propias demandas. Con ese objetivo -por ejemplo- contrataron a Imaginacción, vínculo que duró solo un mes. Hoy trabajan con Vanguardia.

Recurrir a exparlamentarios también fue parte de esta ofensiva. La Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros de Chile ofreció trabajo como lobbista al exdiputado DC Aldo Cornejo, quien declinó la oferta. También lo intentaron con el exjefe de la división jurídica del Ministerio de Justicia del gobierno de Michelle Bachelet, abogado Álvaro Pavez, con amplios nexos con parlamentarios, quien rechazó la propuesta.

Sin embargo, el abogado -quien era uno de los encargado de confeccionar la nómina de los potenciales candidatos a notarios- acudió por invitación de Hugo Gutiérrez (PC) el 13 de noviembre a la Comisión de Constitución y cuestionó el proyecto.

Con Rincón (ex DC) el desenlace sería distinto: el exparlamentario asesoraría al Sindicato 2 de Trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Reportajes intentó contactarse con Rincón, sin embargo, no fue posible.

Otros exparlamentarios han hecho gestiones individuales con sus expares para establecer contactos con notarios. Uno de ellos es el exdiputado UDI Gustavo Hasbún. El exparlamentario reconoció a Reportajes haber ayudado al tío de su exesposa, el conservador Manuel Schepeler, a concretar una reunión en Iquique con el presidente de la Comisión de Constitución, Hugo Gutiérrez.

Lazos de familia

“El fedatario va a competir directamente con ese notario chico, ese notario al que le llega poco caudal. Pero con el notario grande, el notario del centro, ese que gana $ 20 millones, $ 30 millones y de ahí para arriba, no va a competir. Entonces, esa es mi pregunta, cómo se hace cargo esta ley de esa disparidad de ingresos y precios”.

Aunque no es parte de la Comisión de Constitución, la diputada RN Catalina del Real se instaló en la instancia y tomó la palabra. Fue el pasado 10 de octubre cuando -como consta en el acta- Del Real participó en representación de su compañera de bancada, Camila Flores.

La intervención de Del Real duró apenas dos minutos. Ese tiempo fue suficiente para que, al salir de la sala, varios parlamentarios la cuestionaran, en particular desde su mismo partido. En RN señalaron que se le advirtió lo impropio de su gestión y se le pidió no volver a asistir a la comisión.

Actualmente, hay siete parlamentarios con vínculos familiares directos con notarios. Uno de ellos es Del Real. La diputada RN es hija de Juan del Real, notario de la 1° Notaría con asiento de Ñuñoa.

El resto de la lista la componen el diputado PR Carlos Abel Jarpa (padre del conservador de bienes raíces y archivero judicial Tomás Jarpa Concha, de Copiapó); la diputada PPD Cristina Girardi (esposa del notario Francisco Javier Varas, de la 32 Notaría de Santiago); el diputado PS Raúl Leiva (hermano del notario Francisco Leiva, de la 2° Notaría de Santiago); el senador RN Francisco Chahuán (su madre es la notaria, con asiento en La Calera, Lidia María Chahuán); el senador DC Francisco Huenchumilla (su esposa es la notaria, conservadora de bienes raíces y archivera judicial de Lautaro, María Antonieta Suárez), y el senador PS Rabindranath Quinteros (su hija es la notaria, conservadora de bienes raíces y archivera judicial de Maullín, Pamela Quinteros).

La vinculación entre parlamentarios y notarios es -según sus críticos- una consecuencia directa del sistema de nombramientos, designados en última instancia por los gobiernos de turno.

Consultados por Reportajes, los diputados anunciaron que se inhabilitarán de votar la iniciativa. Los senadores también. Excepto el DC Huenchumilla, quien señaló que cuando el proyecto llegue al Senado tomará la decisión.

A ellos se suma que al menos siete exparlamentarios también son parientes directos o políticos de notarios: Víctor Rebolledo, ex PPD, exdiputado, esposo de la notaria María Soledad Lascar; Lily Pérez, exsenadora, esposa del notario Miguel Bauzá; Gaspar Rivas, exdiputado independiente, sobrino de la notaria Marta del Carmen Rivas; Andrés Zaldívar, exsenador DC, su primo es el notario Patricio Zaldívar; Mario Bertolino, exdiputado RN, su hermano es el notario Javier Bertolino; Aníbal Pérez, exdiputado PPD, padre de la notaria Soledad Beatriz; René Aedo, exdiputado RN, hermano de la notaria Guacolda Aedo.

Nexos de este tipo -según se reconoce de manera transversal- hacen prácticamente imposible dejar de manifiesto la magnitud de las gestiones sobre la polémica iniciativa. Ese efecto se amplifica, porque también resulta común el nombramiento de exjefes de gabinete y asesores de parlamentarios como notarios o conservadores de bienes raíces. A fines de 2018, el nuevo nombramiento del notario interino de Coquimbo no pasó desapercibido. El designado fue Jesús Osses, quien hasta el 2017 fue el principal asesor del actual ministro de Justicia.

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