El cambio climático “pone en peligro todas las formas de vida” y los países deben abordar el problema o afrontar consecuencias conforme al derecho internacional, concluyó la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El tribunal emitió su tan esperada opinión consultiva. Este trascendental caso abre la puerta a que los países afectados por desastres climáticos demanden a los principales países emisores para obtener reparaciones.

Y los ciudadanos podrían exigir cuentas a los gobiernos por no salvaguardar sus derechos humanos si sus propios países u otros países no adoptan medidas adecuadas para garantizar un clima seguro.

Esto es lo que dictaminó el tribunal y las ramificaciones globales que probablemente se derivarán de ello.

El cambio climático viola los derechos humanos

El caso de la CIJ fue iniciado por estudiantes de derecho de la Universidad del Pacífico Sur en Vanuatu en 2019. Lanzaron con éxito una campaña para que la corte examinara dos cuestiones clave: las obligaciones de los países de proteger el clima de los gases de efecto invernadero y las consecuencias legales de no hacerlo.

El tribunal concluyó que un medioambiente limpio, saludable y sostenible es esencial para el disfrute de muchos otros derechos humanos. Por lo tanto, concluyó que el pleno disfrute de los derechos humanos no puede garantizarse sin la protección del sistema climático y otros componentes del medio ambiente.

El fallo confirma que el cambio climático es mucho más que un problema legal. Más bien, concluyeron los magistrados, es un problema existencial de proporciones planetarias que pone en peligro todas las formas de vida y la salud misma de nuestro planeta.

La mayoría de los países han suscrito acuerdos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El fallo de la CIJ implica que las partes en dichos acuerdos deben tomar medidas para proteger el sistema climático y otros componentes del medio ambiente.

Una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia no es jurídicamente vinculante. Sin embargo, constituye una descripción fidedigna del estado de derecho y del derecho de los países a solicitar reparaciones en caso de incumplimiento de la ley. Por lo tanto, tiene un gran peso jurídico .

Así como las evaluaciones de la ciencia climática del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático se han convertido en el estándar de oro para entender las causas y los impactos del cambio climático, el fallo del tribunal proporciona una base clara contra la cual evaluar la acción o inacción de los países sobre el cambio climático.

¿Mantener vivo el aumento de 1,5°C?

En los últimos años, los objetivos de reducción de emisiones de muchos Estados en el marco del Acuerdo de París parecieron “ establecerse ” en niveles que limitarían el aumento de la temperatura global a 2 °C en el mejor de los casos.

Pero la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el objetivo mucho más ambicioso de 1,5 °C se había convertido en el objetivo de consenso con base científica en el Acuerdo de París.

Algunos países argumentaron que los objetivos formales de emisiones debían dejarse a la discreción de cada gobierno. Sin embargo, el tribunal falló en contra. En cambio, los objetivos de cada nación debían estar en consonancia con el objetivo global de limitar el calentamiento global a 1,5 °C y contribuir adecuadamente a él.

El tribunal determinó que las promesas de reducción de emisiones de cada estado deben evaluarse según un estricto criterio de diligencia debida. Este criterio toma en cuenta la contribución histórica de cada país a las emisiones, su nivel de desarrollo y las circunstancias nacionales, entre otros factores.

El fallo significa que los países ricos, como Australia, estarán obligados por el derecho internacional a realizar compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París, como por ejemplo el objetivo de 2035 que actualmente está considerando el gobierno albanés.

La decisión del tribunal también proporciona una medida de justicia climática para los pequeños estados insulares , que históricamente tienen emisiones bajas pero enfrentan un riesgo mucho mayor de daños por el cambio climático que otras naciones.

Hacer que los Estados rindan cuentas por su inacción

Dado que el cambio climático es global, es difícil –pero no imposible– atribuir los daños causados por fenómenos meteorológicos extremos a las acciones de una nación o grupo de naciones.

Sobre esta cuestión, el tribunal afirmó que si bien el cambio climático es causado por el impacto acumulativo de muchas actividades humanas, es científicamente posible determinar la contribución total de cada nación a las emisiones globales, tomando en cuenta tanto las emisiones históricas como las actuales.

Si una nación sufre daños causados por el incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia climática por parte de otra nación o grupo de naciones, la sentencia implica la posibilidad de iniciar procedimientos legales contra las naciones causantes del daño. Esto puede dar lugar a indemnizaciones u otras reparaciones.

Para las naciones pequeñas y vulnerables al clima, como las de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares , esto abre más opciones legales en sus esfuerzos por alentar a las naciones con altas emisiones a abordar adecuadamente el cambio climático.

Es importante destacar que el tribunal dejó en claro que los países pueden ser legalmente responsables incluso si el daño causado por el cambio climático proviene de muchas causas, incluidas las actividades de actores privados, como las empresas.

Esto significa que los países no pueden solicitar una exención porque otros hayan contribuido al problema. También deben actuar para regular a las empresas y otras entidades bajo su jurisdicción cuyas actividades contribuyen al cambio climático.

Quienes abandonan el Acuerdo de París no están seguros

Una línea de argumento presentada ante el tribunal por Australia y otros estados fue que los tratados climáticos representaban las únicas obligaciones para abordar el cambio climático bajo el derecho internacional.

Pero el tribunal determinó que no era así. En cambio, se aplicaban otras normas internacionales.

Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París a principios de este año. La opinión del tribunal implica que Estados Unidos y otras naciones siguen siendo responsables de los daños climáticos en virtud de otras leyes internacionales que obligan a todos los países.

¿Podría esto conducir a una mayor acción climática?

La Corte Internacional de Justicia ha emitido un fallo verdaderamente histórico.

Establecerá una nueva base en términos de lo que los países necesitan hacer para abordar el cambio climático y abrirá nuevas vías de recurso contra los estados con altas emisiones que no hacen lo suficiente para abordar el cambio climático.

*Jacqueline Peel, profesor de Derecho y Director de Melbourne Climate Futures, Universidad de Melbourne