La fortificación obligatoria de leche líquida, leche en polvo y harina de trigo con vitamina D comenzó en junio de este año en Chile, como una medida para enfrentar los altos niveles de deficiencia de este nutriente en la población.

Pero, ¿será suficiente consumir estos alimentos para cubrir los requerimientos de vitamina D?

La respuesta, según el Dr. Arturo Borzutzky, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica y uno de los impulsores de la medida, es que para la mayoría de las personas esta política debería ser suficiente para superar los niveles de deficiencia severa.

“Si uno consume regularmente lácteos y productos con harina de trigo, va a recibir una cantidad de vitamina D que debiera ser adecuada para que el 90% de la población esté sobre rangos de deficiencia severa”, explica.

¿Por qué es importante la vitamina D?

La vitamina D es fundamental para la salud de los huesos, pero también cumple funciones en otros órganos y sistemas, como el inmune, los músculos y el cerebro.

La principal fuente de esta vitamina es la exposición a la radiación solar, mientras que una proporción menor se obtiene mediante alimentos como los pescados grasos.

Sin embargo, en Chile existe un problema importante de deficiencia.

Borzutzky lleva alrededor de 15 años estudiando este fenómeno y señala que el país presenta diferencias según la latitud: mientras las zonas cercanas al Ecuador reciben mayor radiación solar, hacia el extremo sur esta disminuye.

De esta forma, la población tiene niveles insuficientes para sintetizar vitamina D durante el invierno, por ejemplo, en lugares como Punta Arenas.

“Tenemos antecedentes de que (la vitamina D) está bastante deficiente en un porcentaje muy sustancial de la población, incluso llegando a niveles graves”, afirma.

¿Por qué se decidió fortificar estos alimentos?

La medida surgió después de distintos estudios realizados en el país y de un subestudio de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, que evaluó los niveles de vitamina D en mujeres en edad reproductiva y adultos mayores.

De acuerdo con Borzutzky, los resultados mostraron tasas de deficiencia suficientemente altas como para justificar una intervención a nivel nacional.

Inicialmente se evaluó fortificar solo los lácteos, pero esto no permitía alcanzar a toda la población. “Se quedaba corto en lograr una mejoría sustancial del estatus de vitamina D de los chilenos”, explica.

Por eso se incorporó también la harina de trigo, con el objetivo de ampliar la cobertura.

¿Hay que seguir preocupándose por la vitamina D?

La nueva medida no significa que todas las personas deban olvidarse por completo de este nutriente.

Según el especialista, la mayoría de la población que consuma regularmente los alimentos fortificados probablemente no necesitará medir sus niveles de vitamina D ni tomar suplementos.

Existen, sin embargo, grupos específicos que podrían requerir una evaluación médica, como personas con problemas de absorción de nutrientes, algunas enfermedades autoinmunes o quienes prácticamente no tienen exposición al sol.

En cuanto al riesgo de consumir demasiada vitamina D mediante los alimentos fortificados, Borzutzky sostiene que es muy bajo.

“Es extremadamente difícil que alguien coma tanto alimento como para intoxicarse, yo diría que es prácticamente imposible”, señala.

¿Cuándo se podrían ver los resultados?

El cambio en los niveles de vitamina D debería producirse relativamente rápido. “El impacto en los niveles de vitamina D debería ser rápido, estamos hablando de meses”, explica el académico.

Determinar si la política tendrá efectos sobre enfermedades u otros resultados de salud, en cambio, podría tomar varios años.

El objetivo inicial es que la proporción de personas con deficiencia severa disminuya de manera importante.

“Claramente debiéramos tener chilenos con huesos más fuertes, pero posiblemente veamos impactos en otras enfermedades y va a ser muy importante hacer seguimiento”, plantea Borzutzky.

La política implementada en Chile se basa en una propuesta elaborada por la Universidad Católica junto al Centro de Políticas Públicas en 2020 y posteriormente adoptada por el Estado a través del Ministerio de Salud.