Un grupo de cuatro desconocidos se hicieron pasar por efectivos de la PDI, quienes durante la madrugada del miércoles sacaron de su domicilio al teniente coronel (R) Ronald Ojeda.
21 feb 2024 08:50 PM
Periodista de La Tercera
Un grupo de cuatro desconocidos se hicieron pasar por efectivos de la PDI, quienes durante la madrugada del miércoles sacaron de su domicilio al teniente coronel (R) Ronald Ojeda.
Este jueves entregarán su testimonios -como imputados- el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson. El viernes, en tanto, será el turno de la jefa de Presupuestos, Javiera Martínez. Más adelante será el turno del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS); del representante de Democracia Viva Daniel Andrade y de la diputada Catalina Pérez.
De acuerdo con fuentes conocedoras de la discusión de esta mañana, la indagación administrativa abordará en términos generales la situación, por lo que no sólo se centrará en las acciones ejecutadas por Guzmán. De todas maneras, quienes conocen de la materia advierten que esto profundiza el quiebre entre los magistrados y la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
La última semana de febrero concentrará las pesquisas solicitadas por los querellantes del caso Democracia Viva. Es una de las diligencias más esperadas, porque apuntan a la responsabilidad que podrían haber tenido autoridades de gobierno en la presunta omisión de denuncia de lo que estaba ocurriendo en Antofagasta e hizo estallar el caso convenios. El jueves será el turno del otrora titular de Desarrollo Social y hombre de confianza del Presidente, el exministro Giorgio Jackson.
Desde el PJUD se informó que la decisión sobre la renuncia se tomará en quorum legal en una sesión extraordinaria de pleno de los ministros de la Corte Suprema, la cual se realizará el próximo miércoles 21 de febrero.
Ambos mantienen calidad de imputados tras la presentación de una querella por parte de los diputados del Partido Republicano, Juan Irarrázaval y Cristián Araya.
Si bien en Revolución Democrática insisten en que los dichos de Carlos Contreras no presentan nuevos antecedentes, en el resto del oficialismo se acrecienta una sensación de hastío producto de que el tema nuevamente se toma la agenda. Ahora, el jefe de asesores de Presidencia se prepara para comparecer en calidad de imputado.
Conforme a detalles entregados por el Senapred, las zonas en alerta son las siete comunas de la provincia de Valparaíso, las cuatro de la provincia de Marga Marga, Los Ángeles, Perquenco, Victoria, Vilcún, Lonquimay, Ercilla y Puerto Montt.
En 10 días, el pleno del máximo tribunal pasó de aprobar la adquisición de vehículos de alta gama a arrepentirse de su decisión. La adquisición de una nueva flota, por casi $ 1.300 millones, se transformó en un escándalo. Los ministros recularon luego de constatar que la Dipres, pese a su compromiso inicial, nunca contestó el oficio en el que solicitaban el decreto para comprar activos no financieros. Esta es la trastienda de una frustrada compra que confrontó a los magistrados con el gobierno y expuso falencias de gestión de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Desde la cárcel de Antofagasta, donde ya cumple dos meses en prisión preventiva, el exmilitante de RD asegura estar privado de libertad por razones políticas. A su juicio, ha sido utilizado para "encubrir errores e irregularidades de terceros", porque asegura que todas las gestiones que realizó fueron visadas por Verónica Serrano, la tía del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda.
En el marco de la investigación reservada que lleva el fiscal Osvaldo Ossandón por los megaincendios en la Región de Valparaíso que terminaron con la vida de 132 personas será clave la bitácora que marca una a una las decisiones que tomaron las autoridades frente a la tragedia. Conaf ese día tardó en contactar a Senapred para activar las alertas.
Tras un nuevo pleno del máximo tribunal, el secretario Jorge Sáez comunicó la cancelación de la adquisición, aunque reiteró que había un acuerdo con Dipres para que se dispusieran los fondos. La medida fue valorada tanto por funcionarios como por el gobierno, aunque entre los ministros hay molestia por lo que consideran una supuesta "deslealtad" de las autoridades del Ejecutivo.
“La decisión de renovar los vehículos se fundan en antecedentes técnicos y de seguridad. Son esas y no otras consideraciones las que se tuvieron en su momento para la aprobación de los vehículos”, dijo el secretario del máximo tribunal. La polémica decisión de gastar $1.253 millones en estos vehículos de alta gama había generado tensión entre el Poder Judicial y La Moneda. Quedó sin efecto.
Recién 26 de enero, siete días antes de que el pleno de la Corte Suprema aprobara la compra de los vehículos, el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial envió a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, el documento con que formalizó la petición realizada meses antes para renovar la flota de vehículos. Ahí, Ricardo Guzmán hizo alusión a un "acuerdo" que había tomado Martínez el 9 de noviembre de 2023 para transferirles el saldo inicial de caja. Eso sí, en ese entonces no se habló de que eran dineros para comprar autos.
El ministro Ricardo Blanco solicitó al director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, dar a conocer todo el detalle del proceso que culminaría con la renovación de la flota de vehículos en que se trasladan los 21 magistrados y el fiscal judicial. El Ejecutivo, en tanto, endureció el tono por la decisión de los jueces.