La Constitución actual pareciera centrarse en un disputa ideológica acerca del tamaño nominal del sector público, descuidando tanto su tradicional misión de conservar los frenos y contrapesos implícitos en la doctrina de separación de poderes, como la de proteger la sostenibilidad fiscal.

La convención constitucional limita los potenciales conflictos de intereses porque sus miembros se dedicarán exclusivamente a redactar la constitución y carecen de un vínculo formal explícito con la política contingente. En la mixta, los miembros que sean simuladamente parlamentarios en ejercicio enfrentarán el conflicto de intercambiar apoyos en la futura convención, por apoyos a su propia agenda coyuntural en el actual congreso.