SEÑOR DIRECTOR:

En Chile se ha instalado el debate de las llamadas “falsas denuncias” en casos de violencia de género y delitos sexuales, que promueve la idea de que existe un número significativo de denuncias maliciosas, instalando la sospecha dobre víctimas que se atreven a denunciar.

Según datos de ONU Mujeres y de Investigaciones internacionales, entre 2 y 10% de las denuncias de violación son falsas, y muchas veces son catalogadas así por falta de pruebas o abandono del caso, lo que muestra que se trata de una excepción estadística, no de un fenómeno masivo.

La narrativa de las falsas denuncias tiene efectos directos en la vida de las víctimas y no puede sostenerse por los órganos del Estado ni quienes lo representan.

El Poder Judicial ha realizado esfuerzos por sostener compromisos y herramientas para combatir los estereotipos de género, así como mejorar el acceso a la justicia de aquellos grupos históricamente discriminados.

El Informe Anual de Femicidios 2024 registró 453 casos de femicidio en Chile: 44 consumados, 319 frustrados, 88 tentados y dos suicidios femicidas. Más de la mitad de las víctimas de femicidio consumado (63,6%) no había denunciado previamente a su agresor, y en un 81,8% de los casos no contaban con medidas cautelares vigentes. Estos datos evidencian que el problema estructural no está en denuncias falsas, sino en la falta de protección efectiva para quienes sí denuncian.

La responsabilidad institucional es clara: no alimentar estigmas ni prejuicios, sino garantizar que cada voz sea escuchada con el pleno respeto de sus derechos humanos, que cada denuncia sea investigada con perspectiva de género y que ninguna víctima sea sometida a un nuevo ciclo de violencia bajo el disfraz de que se trata de una falsa de denuncia.

María Geraldine Belmar

En representación del directorio de la Asociación de Magistradas Chilenas