Consejeros iniciarán este viernes negociaciones en enmiendas sobre probidad y dejarán para el final los temas conflictivos
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La mesa coordinadora del órgano redactor, que es integrada por delegados y otros representantes de bancada, se reunió este miércoles por tercera vez para definir la metodología con la cual van a trabajar las indicaciones. En la cita, se zanjó postergar las discusiones más sensibles, entre ellas, el derecho a la vida, la jerarquía de los tratados internacionales, la paridad y pueblos indígenas.
Los delegados, consejeros, comisionados y asesores que integran la mesa coordinadora -de 12 miembros- del Consejo Constitucional sostuvieron este miércoles su tercer encuentro. Esto, en el marco del trabajo del órgano por darle cauce a las negociaciones, de manera paralela al trabajo de las comisiones, de las enmiendas con el objetivo de lograr un acuerdo que posibilite una propuesta transversal de nueva Constitución.
En su primer encuentro, la mesa se instaló y definió el calendario de trabajo. En la segunda reunión fijaron cinco criterios para orientar las tratativas. En esta tercera jornada, en tanto, los consejeros pretendían acordar un listado de temas conflictivos con los cuales ir ordenando la conversación.
Sin embargo, más que agotar una lista de materias, los representantes optaron por partir de lo más fácil para luego ir avanzando paulatinamente hacia los temas más conflictivos. Por lo mismo, el acuerdo tomado por la mesa durante este miércoles apunta a dar inicio al trabajo específico de las enmiendas que tratan temas sobre probidad y combate a la corrupción.
Esto, según dicen los asistentes, es para abrir el debate con una materia en la que saben que llegarán a acuerdos, dejando para el final las temáticas más críticas en las que existen fuertes disensos entre las diferentes bancadas.
“Hay que buscar puntos de encuentro. No cabe ninguna duda que todas las bancadas quieren luchar contra la corrupción que existe hoy en el país. Creo que es un tema muy transversal y me parece una buena forma de comenzar”, señaló la delegada de la bancada RN-Evópoli, Pilar Cuevas.
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En la misma línea, el delegado de la UDI, Arturo Phillips, complementó diciendo que “la política nos gusta mirarla más desde las coincidencias que desde las diferencias y creemos que este es un tema en el que podemos llegar a acuerdos. Nosotros como mesa de coordinación estamos para coordinar lo que vaya ocurriendo en distintas comisiones que es lugar donde se llegan a acuerdos”.
Los nudos del debate constitucional quedarían para el final. La delegada CS-PC, María Pardo, señaló que las materias de derechos sociales, como lo son el sistema de pensiones, salud, educación, corresponden a temas “que hay que discutir de manera urgente porque la ciudadanía lo necesita y desde luego que queremos darle un poquito más de tiempo a las comisiones para avanzar en el insumo necesario que nosotros podamos articular, entonces es importante partir por un tema que quizás pueda ser un poco más fácil de destrabar y seguir dándole un poquito más de tiempo a la comisión con temas un poco más complejos”.
Para finalizar, la consejera comunista Karen Araya aclaró que las decisiones no se van a tomar en la mesa coordinadora, sino que esa facultad sigue siendo exclusiva de las comisiones y el pleno. “Creemos que hay que validar cada una de las comisiones, que son finalmente quienes tienen que dar la discusión y lograr los acuerdos que correspondan”, dijo Araya.
Uno de los temas más sensibles que deberá abordar la mesa ya partió su discusión, por ejemplo, en la comisión de Derechos sociales. Este miércoles la instancia se dedicó a debatir sobre libertad sindical y derecho a huelga. Este es un tema que enfrenta a la izquierda y a la derecha. El oficialismo quiere mantener la regulación alcanzada en el anteproyecto y la oposición quiere limitar el derecho a huelga a la negociación colectiva.
Junto con eso, otras de las materias complejas son el derecho a la vida, la jerarquía de los tratados internacionales, la libertad de elección en materia de aseguradoras de salud, la disminución de los escaños parlamentarios o el redistritaje, los temas de seguridad y Fuerzas Armadas, la regulación del derecho al agua, la paridad y pueblos indígenas.
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