La nueva campaña que alista la Convención y el dilema sobre su rol en el plebiscito de salida

Convención Constitucional Visual Revista Paula Foto: Alejandra González Guillén 19 de Enero 2022

La Secretaría de Comunicaciones del órgano constituyente presentó esta semana al gobierno una propuesta de estrategia comunicacional, cuyo presupuesto ascendería a 400 millones de pesos, con el objetivo de reforzar el trabajo del organismo en la antesala del plebiscito de salida. Asimismo, la secretaría tendrá un rol en la campaña de ese plebiscito, la cual genera inquietud entre algunos constituyentes por la postura que adoptará el Ejecutivo: si se abanderizará o no por una alternativa o se dedicará solo a informar.


El miércoles, la Secretaría de Comunicaciones de la Convención Constitucional envió un correo electrónico a la mesa del órgano constituyente, encabezada por la convencional María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyente) y con copia a la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos. Este contenía una propuesta: iniciar el trabajo para una campaña comunicacional en la previa al plebiscito de salida que se estima para septiembre.

Tras la renuncia de la periodista Lorena Penjean al cargo de directora de Comunicaciones del organismo -quien argumentó que la mesa liderada por Quinteros no tenía voluntad para desplegar una estrategia-, fue el cientista político Nicolás Fernández quien asumió el pasado 28 de febrero. Y en medio de los cuestionamientos por las falencias comunicacionales de la Constituyente, la secretaría ha estado preparando una nueva campaña comunicacional con miras a informar el trabajo que ha hecho la Convención.

Esta consta de tres etapas. La primera se puso en marcha el 28 de febrero y tiene un presupuesto de 350 millones de pesos, y contempla la contratación de una agencia creativa, digital y de medios, de una agencia audiovisual, inversión en plataformas digital y medios y participación popular. En un acuerdo emitido por la mesa el 23 de marzo, se explicita que se contrató, por medio de los recursos provenientes del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, a la agencia de diseño Bercz Studio. La secretaría presentará el próximo lunes ante la mesa los avances del trabajo realizado.

El miércoles de esta semana, la secretaría -a través del correo electrónico a la Segpres, la cartera que tiene el mandato de apoyar técnica, administrativamente y financieramente a la Convención- planteó su propuesta para la segunda etapa. Esta debiese partir el 4 de abril y tiene contemplado un presupuesto adicional de 400 millones de pesos, el que ya fue solicitado a ese ministerio, pero que todavía está sujeto a aprobación.

Este monto, explican desde la Convención, es adicional al presupuesto 2022 de poco más de cinco mil millones de pesos que fue aprobado por el Congreso el año pasado. Los dineros corresponden a recursos adicionales solicitados de manera directa a la Dirección de Presupuestos (Dipres), y que están incluidos en el presupuesto adicional -de un poco más de seis mil millones de pesos- que la Convención pidió en marzo al gobierno luego de que se aprobara la prórroga constitucional, que estableció que el proceso durará hasta el 5 de julio

La estrategia de esta segunda etapa, según las mismas fuentes, apunta a aumentar el alcance de la información que se va originando desde la Convención para llegar a un público más amplio. Para eso, el objetivo es comunicar las normativas que ya están definitivas en el borrador de la nueva Constitución.

Asimismo, según explican, la idea es que esta campaña se enfoque en combatir la desinformación o “fake news” que hay sobre el proceso y que contribuya a la formación cívica, informando a la ciudadanía sobre las principales iniciativas. También busca informar quiénes son los 154 convencionales que llevaron adelante el proceso y sobre las diversas votaciones diarias y avances en contenido que vaya teniendo el proceso.

Desde la mesa sostienen que, durante esta etapa, quieren esforzarse en transmitir el procedimiento, pues puede resultar “enredado”. De hecho, según adelanta uno de los integrantes de la directiva de la Convención, una opción es explicar las normas aprobadas y sus consecuencias, como también compararlas tanto con la Constitución vigente y con las de otros países.

¿Y qué pasa para el plebiscito?

En la Convención explican que esta campaña corresponde a la antesala de la difusión que se tiene que hacer para el plebiscito de salida y que la idea es que dure hasta principios de junio. Posteriormente, también tendrán un rol, aún por definir, en la difusión del plebiscito, cuya campaña debería empezar después del 4 de julio, fecha hasta la que, por ahora, dura el proceso. Ello, si es que no se pide una prórroga al Congreso Nacional, opción que fue descartada esta semana por el vicepresidente Gaspar Domínguez (INN).

Por lo mismo, es que para esa oportunidad, hasta ahora, la Secretaría de Comunicaciones tiene contemplado una tercera etapa, enfocada en ese hito y donde jugaría un rol el gobierno a través de la Segpres. Sin embargo, aún no hay presupuesto definido y faltan materias por zanjar. Por ejemplo, cuánta injerencia tendrá el Ejecutivo y la Convención en la campaña y quién se hará cargo.

En la mesa de la Convención reconocen que eso se puede transformar en un dilema y que están a la espera de que el gobierno tome una definición política en la materia: es decir, cuánto se va a involucrar en el plebiscito de salida, si se va a abanderar por la postura del apruebo o solo hará una campaña de difusión.

Sobre si se la jugarían como gobierno por una alternativa, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, sostuvo la semana pasada en entrevista con La Tercera que “no hay nadie en Chile que crea algo distinto a que el Presidente Gabriel Boric está totalmente comprometido con la promulgación de una nueva Constitución”. Sin embargo, no profundizó en la materia.

Por el lado de la Convención, si bien en un inicio en la mesa transmitían que esperaban que el Ejecutivo llamara a votar apruebo, ahora afirman que sería “poco serio” abanderarse por una alternativa debido a los cuestionamientos que pueden surgir acusando intervencionismo. Incluso la directiva liderada por Quinteros le planteó, el pasado 28 de febrero, a Jackson, quien aún no asumía formalmente, que esta era una materia que tenían que resolver en conjunto.

Luego, en un segundo encuentro entre la mesa y la subsecretaria Lobos, el pasado 23 de marzo, también se decidió aplazar una definición en la materia.

Pero, posteriormente, la Convención zanjó que sí tendrán un rol y, por lo mismo, la Secretaría de Comunicaciones les solicitó a las reparticiones administrativas del organismo sugerir cuántas personas de su equipo deberían mantenerse una vez terminado el proceso.

Desde la mesa, consultados por este medio, afirman que el tema de la campaña no está resuelto en la reforma constitucional que crea la Convención. No obstante, lo que sí se menciona en la Constitución vigente, en su artículo 143, es que “al plebiscito constitucional le será aplicable lo dispuesto en los incisos cuarto a sexto del artículo 130″.

En concreto, esos incisos sostienen que los canales de televisión de libre recepción deberán destinar gratuitamente 30 minutos diarios de sus transmisiones a propaganda electoral sobre este plebiscito, “debiendo dar expresión a las dos opciones contempladas en cada cédula”.

En tanto, dentro del órgano constituyente han surgido algunas ideas sobre el rol que podrían jugar los convencionales en el plebiscito de salida, en el entendido de que para esa fecha el organismo no estará funcionando. De hecho, algunos creen que sería buena idea que exista una votación previa en el pleno, manteniendo el quórum de dos tercios, que permita pronunciarse sobre qué postura tener en la campaña. Otros, en tanto, consideran que en esta se deben incluir todas las miradas, con un fuerte foco informativo.

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