Una de las preocupaciones que expresan con cada vez mayor frecuencia representantes de establecimientos escolares, dice relación con la abundante burocracia y requerimientos administrativos que son exigidos a los equipos directivos. Ello se traduce en que estos deben destinar una proporción cada vez mayor de su tiempo -e incluso recursos- a tareas que, en muchos casos, los alejan de su función principal e insustituible como líderes pedagógicos de sus colegios.

Entre las materias que más inciden en este problema, destacan las relativas a la convivencia escolar. De este modo, además de la labor necesaria para gestionar los conflictos de esta naturaleza, la normativa exige que los colegios, por un lado, mantengan el reglamento interno debidamente actualizado a las normativas vigentes, que pueden ir cambiando a partir de las circulares que emite la autoridad. Y, por el otro, ante la ocurrencia de conflictos –independiente de su gravedad-, los equipos escolares deben cumplir exhaustivos protocolos, todos los cuales deben quedar debidamente documentados, así como también responder, en la forma y plazos establecidos, a los requerimientos de la Superintendencia de Educación, entidad encargada de fiscalizar y atender las denuncias formuladas por miembros de la comunidad escolar.

Lamentablemente, este modo de aproximarse a los conflictos que se producen al interior de los establecimientos educativos no está favoreciendo la solución efectiva de estos. Ni tampoco el empoderamiento de los equipos a la hora de abordar de forma interna, oportuna y contextualizada los asuntos que afectan a sus estudiantes. Prueba de ello es el alza sostenida en las denuncias ingresadas a la Superintendencia durante los últimos años, la mayoría de las cuales tratan precisamente asuntos relativos a la convivencia al interior del establecimiento.

Pese a esta realidad, se encuentra en discusión en el Senado un proyecto de ley que ingresó el gobierno hace un tiempo y que, con el objeto de favorecer la atención de los problemas en la convivencia, insiste en la misma lógica que ha predominado en el último tiempo y que ha demostrado ser inadecuada. En ese orden de cosas, persiste en un enfoque excesivamente procedimental y sancionatorio, en que se pretende que sea la Superintendencia la que intervenga los procesos propios de la gestión directiva, así como también se insiste en añadir nuevas figuras y obligaciones que no es claro vayan a favorecer una mejor gestión de los conflictos, más aún cuando no se dispone de nuevos recursos ni atribuciones para los directores.

La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y está próxima a su votación en particular en la Comisión de Educación del Senado, donde es de esperar se atienda la preocupación que han manifestado numerosos representantes del mundo escolar. Por un lado, resulta fundamental poner límites a los espacios de intervención de la Superintendencia de Educación, reducir la sobrecarga en los procesos tendientes a afrontar los conflictos, así como también reconocer que el origen de muchos de estos problemas excede a los colegios y resulta, por lo tanto, improcedente pretender poner toda la responsabilidad en estos.