Durante años, la decisión de qué estudiar se apoyó más en el prestigio percibido de una carrera que en su pertinencia con lo que el país efectivamente necesita producir. No fue un error individual: es un patrón que los propios organismos reguladores han documentado, y que hoy el mercado laboral está corrigiendo con datos, no con discursos.

Un estudio reciente de la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado de la educación superior en Chile encontró que más de un tercio de las carreras que se ofrecen en el país tiene retorno económico negativo: muchos titulados habrían ganado más en trabajos que no requerían haber cursado esos estudios. No es un dato menor ni aislado. Se cruza con otro hallazgo del mismo informe: dos de cada cinco profesionales declaran que su trabajo actual tiene poca o ninguna relación con lo que estudiaron, y la mitad de la fuerza laboral activa se siente sobrecalificada para su puesto. Ese desajuste no es solo individual, es una ineficiencia que el país entero termina pagando en productividad.

Mientras tanto, la educación técnico-profesional viene resolviendo, casi en silencio, el problema que la educación superior chilena todavía no logra ordenar: la pertinencia. Programas más cortos —dos a tres años—, currículos revisados al ritmo del sector productivo, y una relación mucho más directa entre lo que se enseña y lo que las empresas y el sector público realmente están contratando. El resultado se ve en los números: carreras técnicas con costos entre 25% y 50% de una carrera universitaria equivalente logran niveles de empleabilidad muy similares o mejores, y en algunas especialidades industriales y de salud, superan el 75% de inserción laboral durante el primer año de egreso. El retorno de la inversión, que es una de las métricas que debería importarnos, favorece de forma consistente a la trayectoria técnica.

Esto no es una crítica a la universidad como proyecto formativo. Es una constatación sobre pertinencia productiva: Chile tiene sectores productivos completos —minería, energía, salud, tecnología, logística— reportando escasez estructural de talento técnico especializado, mientras conviven programas universitarios de alto prestigio histórico con empleabilidad bajo el 50% y remuneraciones estancadas hace años. Ese desacople entre oferta formativa y demanda productiva es, probablemente, el problema educativo más caro que tiene el país y del que menos se habla.

La educación técnico-profesional no necesita defenderse de nadie. Necesita que se le reconozca lo que ya está haciendo bien: leer con precisión hacia dónde va el trabajo, formar en ciclos cortos que permiten corregir el rumbo sin años perdidos, y conectar aula con industria de una manera que otros niveles del sistema todavía están aprendiendo a replicar. En un país que necesita técnicos electromecánicos, especialistas en automatización, profesionales de salud y talento tecnológico para los nuevos data centers que harán funcionar la IA con la misma urgencia con que produce cobre, la pregunta ya no debería ser si vale la pena estudiar una carrera técnica. La pregunta es por qué, como país, seguimos formando tanto talento para empleos que no existen, mientras la industria espera técnicos que no llegan.

*Vicerrector Académico de AIEP.