Capítulo 2: Los comités semanales

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Los socios de Penta se prepararon para un 2015 difícil. Nueve meses después del inicio del caso entraron a la cárcel a cumplir una prisión preventiva que sus abogados no lograron evitar.




Alfredo Moreno Charme llegó el 1 de julio de 2014 a Empresas Penta como el nuevo brazo derecho de Délano y Lavín, quienes pretendían delegar en él, de modo gradual, el mando del grupo. Moreno había ejercido como canciller los cuatro años del primer gobierno de Sebastián Piñera y tenía una vasta trayectoria empresarial. Hasta ese día, las tres oficinas del ala norte del piso 15 de El Bosque Norte 0440 las ocupaban Délano, Lavín y Hugo Bravo. En el ala sur estaban los ejecutivos principales de las empresas. Moreno no tenía oficina en Penta, porque el suyo sería un trabajo sin dedicación exclusiva. A los pocos días, aquello cambió. Moreno debió sumergirse en un grupo en crisis y ocupó la oficina que Bravo -el primero en llegar y el último en irse, según un exejecutivo del grupo- desocupó tras la renuncia a todas sus posiciones.

En Penta se enteraron de la indagación de los fiscales cuando el jefe del equipo de 12 contadores, Marcos Castro, declaró por primera vez frente al fiscal Gajardo, el 9 de julio. Los Penta hablaron con Castro, y Bravo habló luego con los Penta, a quienes confesó su relación con el martillero Valdivia. "En una primera etapa, el problema era de Hugo Bravo", afirma un exejecutivo del grupo.

Bravo comenzó el exilio a los pocos días, pero tardó un mes en dejar formalmente todos sus cargos. El 15 de julio renunció a la compañía de seguros de vida y el directorio, presidido por Lavín e integrado por Délano, le hizo expreso reconocimiento "por sus cualidades humanas y profesionales", según informó la empresa a la Superintendencia de Seguros y Valores. Dos semanas más tarde, el 29 de julio, Hugo Bravo dejó el directorio de Banmédica y la compañía de seguros generales Penta Security. El 7 de agosto, un día antes de abrir la boca, dejó la mesa de la administradora de fondos Penta Las Américas. Pero ya no hubo reconocimiento ni agradecimientos.

Ya entrado julio, Délano y Lavín comprendieron que debían buscar abogados. Su asesor histórico, Alfredo Alcaíno, les recomendó fichar penalistas: el escogido fue el estudio de Davor Harasic y Julián López, quienes entonces compartían oficina. El martes 5 de agosto de 2014, Penta entregó un mandato a ese estudio para representarlos en el caso. Pero la maquinaria ya estaba andando. El lunes 4 declararon dos contadores de Penta, Dora Pérez y Francisco Astorga, los primeros en revelar pagos por servicios inexistentes a las cónyuges de Délano y Lavín. "Esas dos declaraciones fueron fundamentales", dice el exfiscal Gajardo. Un día antes, el domingo 3, los dos contadores se habían reunido con los abogados de Penta en oficinas de Harasic, en Las Condes, quienes les preguntaron las mismas cosas que luego preguntaron los fiscales.

Con el caso explotando en todas direcciones, los Penta instauraron un comité permanente que se reunió inalterablemente todas las semanas. Todos los jueves, en las mañanas, en una amplia sala del bufete de Alfredo Alcaíno en Vitacura, discutían en sesiones que presidía Alfredo Moreno y las que acudieron, casi siempre, Délano y Lavín. "Al comienzo no tenían idea de la magnitud del problema", dice un asistente.

A esas reuniones fueron cuatro grupos de abogados. Julián López representaba a Délano y Lavín; Juan Domingo Acosta trabajaba para algunos parientes de los dueños de Penta; Jorge Bofill, cuyo estudio asesoró a los ejecutivos del grupo, y el tributarista Óscar Ferrari. López y Bofill son amigos y tenían un acuerdo que pudieron mantener en este caso: nunca litigarían el uno y el otro. Al contingente de asesores se sumaron José Antonio López, socio de Extend, a cargo de las comunicaciones, y Juan Carvajal, de la empresa de Enrique Correa, Imaginaccion, quien se encargó de las relaciones con autoridades. Entre otras cosas, sirvió de puente informal con el gobierno de Michelle Bachelet y su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a quien alguna vez advirtió que este caso podría terminar impactando no a la UDI, como comenzaba a trascender, sino a todo el espectro político. "En esas reuniones hacíamos análisis de escenarios", afirma uno de los más de 20 integrantes que el comité llegó a convocar. En un comienzo, Délano y Lavín estaban conmocionados. "Se iban encontrando con sorpresas todos los días", dice un jurista. Luego racionalizaron su caso. Lavín era más frío y cerebral; Délano, más impulsivo y extravertido, recuerda un asistente a ese comité que, en 2017, y con menos integrantes, se mudó a las oficinas de Julián López, el líder y vocero del equipo legal. También cambiaron de día: ahora serían los martes.

El primer golpe contra ambos ocurrió el 27 de agosto de 2014, cuando el SII los denunció. Días después, el 2 de de septiembre, Délano renunció a la presidencia de la Teletón.

Comunicacionalmente, sus asesores pronto entendieron que trabajaban con todo en contra. A fines de septiembre de 2014, la arista política se hizo pública; en octubre aquello se judicializó con la acción del SII y antes de que terminara el año Délano y Lavín habían renunciado a todos sus cargos empresariales. Moreno se encargó de mantener operacionalmente las empresas activas, pero no pudo evitar la venta de activos del grupo. Los socios de Penta se prepararon para un 2015 difícil. Nueve meses después del inicio del caso entraron a la cárcel a cumplir una prisión preventiva que sus abogados no lograron evitar.

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