El diputado Ernesto Silva Méndez desayunó la mañana del jueves 25 de septiembre de 2014 con un equipo de prensa de TVN. Era un encuentro off the record, pero ningún periodista le consultó al presidente de la UDI por la nota que ese día publicó El Mercurio. "Fiscalía investiga nueva arista de exdirectivo de empresas Penta", tituló la nota del matutino. La página B6 quedó grabada en la memoria de los dirigentes de la UDI. Era un perdido artículo que hablaba por primera vez de lo que en diversas salas de redacción de la prensa ya se trabajaba: la investigación del fiscal Gajardo por presuntos pagos irregulares a dirigentes políticos. No se mencionó a ningún sector, pero muchos sabían que Gajardo estaba tirando los hilos que conducían a la UDI.

Al día siguiente, el viernes 26, Silva expuso en un seminario de la Fundación Chile 21 programado con anticipación. El anfitrión era Carlos Ominami, quien recuerda así al timonel UDI: "Él estaba muy atribulado, muy afectado". El tema era el financiamiento de la política y uno de los expositores fue Giorgio Martelli, recaudador de las últimas campañas presidenciales de Michelle Bachelet y Eduardo Frei. Su caso tardaría varios meses en salir a la palestra, por el vendaval SQM. Silva optó, el día uno, por la prudencia: "Estoy recabando los antecedentes". Sin embargo, el joven presidente de la UDI, de entonces 39 años, conocía el caso desde agosto. Su cercanía con Carlos Alberto Délano, casado con la hermana de su madre, le permitió aproximarse al escándalo antes de su divulgación. Alguna señal entregó: cuando el SII denunció a los socios de Penta a fines de agosto, Silva pidió que las instituciones trabajaran sin presiones y con independencia, pero uno de sus vicepresidentes, Gustavo Hasbún, denunció ya una persecución política, dada la histórica cercanía de Délano con la UDI.

La UDI se enteró más oficialmente del problema el lunes 2 de septiembre: el chofer del senador Iván Moreira había sido citado a declarar por boletas presentadas a Penta. Moreira, dicen dirigentes gremialistas, le contó a Silva sobre el tema de inmediato, en la sede de calle Suecia. Pocos días después, el sábado 7, Hugo Bravo recibió en su casa a Carlos Eugenio Lavín. Secretamente, Bravo grabó la conversación en la que el empresario le dijo algo premonitorio: "La única manera de que estos gallos reaccionen ante esta hueá política es que se den cuenta de que esto va a trascender a la UDI". Lavín le pidió a Bravo no declarar, pero su examigo no le hizo caso. Cuatro días después, el 10 de septiembre, le contó al fiscal Gajardo que muchos políticos facilitaban boletas para justificar desembolsos que en realidad eran aportes de campaña. Mencionó, en este orden, a Laurence Golborne, Ena von Baer, Pablo Zalaquett, Iván Moreira, Alberto Cardemil y José Antonio Kast. Dos días después incluyó a Jovino Novoa y a Andrés Velasco. La fiscalía los citó a declarar a todos meses después, salvo a Kast, de quien no encontró documentos.

Antes de que explotara la bomba, los dirigentes de la UDI tuvieron un intenso intercambio con Rodrigo Peñailillo. Ernesto Silva fue al menos dos veces a hablar del tema con el ministro del Interior a La Moneda y en una de ellas entró por Morandé 80. También hubo reuniones fuera de Palacio, revela un UDI al tanto de los contactos. La UDI le transmitió lo mismo que Lavín le dijo a Bravo: el financiamiento irregular no era monopolio de la UDI, sino un tema transversal de la clase política.

No solo Interior estaba al tanto. También Hacienda, cuyo ministro Alberto Arenas tenía una relación directa con el jefe del SII. Tras la primera denuncia contra los socios de Penta, "se acrecentaron las situaciones anómalas que empezaron a ocurrir desde antes, es decir, presiones o amenazas larvadas de parte de personas de fuera del SII", le relató Vargas a la fiscal Carmen Gloria Segura. Vargas recuerda para esta investigación: "Jorratt me comenzó a transmitir que el ministro de Hacienda estaba preocupado y que, en palabras del ministro, 'ya estaba hecho el punto'".

Las presiones que acusa Vargas también las sintió en ese tiempo el fiscal nacional Sabas Chahuán, quien repetía el mismo discurso cada vez que alguien lo interpelaba en privado. "Mire, yo postulé al cargo y me eligieron a través de los tres poderes del Estado para hacer mi pega de fiscal nacional, y eso es lo que estoy haciendo", le dijo Chahuán a un alto dirigente gremialista, ha contado en privado.

En las reuniones con Peñailillo, dicen exdirigentes de la UDI, Silva nunca planteó un acuerdo político como el que sucedió al caso MOP-Gate, que en 2003 derivó en un cambio legal para financiar la política. El timonel gremialista pedía a Peñailillo que funcionara el estado de derecho y que el SII no se dejara presionar, persiguiendo administrativa y no penalmente las irregularidades tributarias. "No abusen del poder", le dijo Silva a Peñailillo.

El jefe de gabinete, dicen quienes trataron con él en esos meses, apeló a la autonomía del SII para evitar interferir. "Entre el estar y el ir, no hizo nada", dice una persona que dialogó con él en ese tiempo.

Todo cambió cuando el caso SQM comenzó a amenazar al oficialismo y Peñailillo sí intentó paralizar esas pesquisas, según denunciaron Jorratt y Vargas. "No tuvo la fuerza para parar la persecución", protesta un exdirigente de la UDI, que cree que pecó de falta de visión estratégica. Además, estaba presionado por su flanco izquierdo: el PS se querelló en octubre en el caso y su presidente, Osvaldo Andrade, fue personalmente al Centro de Justicia y motejó a Penta como la financiera de la UDI. Habitantes de La Moneda de ese tiempo, sin embargo, también culpan a Silva: era inexperto, dicen, y en lugar de una discusión reservada, pidió en público reunirse con Peñailillo. Silva se apoyó en esos meses en históricos dirigentes gremialistas, como Andrés Chadwick, Jovino Novoa y Pablo Longueira, además del diputado Javier Macaya, su secretario general. La mesa, integrada por Francisco de la Maza, Pablo Terrazas, Kast, Moreira y Hasbún, se reunía todos los lunes. "Las conversaciones entre el partido y el gobierno se mantenían bajo reserva al resto de la mesa directiva del partido", dice un miembro de la mesa de la época.

El peak de la crisis de la UDI se fechó en enero de 2015. Rodeado de dirigentes emblemáticos, Silva pidió disculpas a la ciudadanía por cualquier "financiamiento de campañas irregular". Dos meses después, el 11 de marzo, renunció a la presidencia. Su salida la ha explicado tiempo después por dos razones. Primero, necesitaba darle más libertad a la UDI, dada su cercanía con Délano.

Segundo, aludió a algo que consideró un triunfo. El 10 de marzo, la Presidenta Bachelet había anunciado una comisión transversal para reformar el financiamiento de la política. Para Silva, aquello era el reconocimiento de que la UDI no estaba sola. Que toda -o casi toda- la clase política había recurrido a métodos irregulares para financiarse.