Gustavo Gatica: La ruta para llegar a G-03

Durante siete meses la fiscalía y la Brigada de Derechos Humanos de la PDI han reconstruido el rol de siete oficiales que el 8 de noviembre desenfundaron sus escopetas antidisturbios en la zona en que fue herido Gustavo Gatica. A sólo semanas de que se adopte la decisión judicial que llevará ante tribunales a los responsables, Carabineros se adelantó y en una sorpresiva jugada desvinculó al –hasta ahora- principal blanco de la investigación penal: el teniente coronel de Fuerzas Especiales Claudio Crespo, el oficial G-03.


En una casona de calle Carlos Silva Vildósola, en La Reina, cuatro peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI trabajan con sigilo la que será una pieza clave en la investigación por las lesiones graves gravísimas que afectaron al estudiante Gustavo Gatica el 8 de noviembre de 2019, cuando en una manifestación -tres semanas después del estallido social del 18 de octubre- recibió dos perdigones por parte de Carabineros que lo dejaron ciego. Hace meses la policía, por encargo del fiscal Centro Norte Francisco Ledezma, realiza una infografía 4D que reconstruye -en base a trabajo planimétrico, imágenes y videos-, segundo a segundo lo que ocurrió entre las 18.00 y las 18.15 de ese día en el cuadrante de calle Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna. Esta será la base de la imputación penal a él o los responsables de ambos tiros.

Quienes conocen de este trabajo relatan que en un plazo de seis semanas estará listo el peritaje y apuestan a que de aquí se desprenderá cuál de los tres oficiales de Fuerzas Especiales que son blanco de esta indagatoria será imputado ante la justicia por el delito de apremios en el contexto de violaciones a los derechos humanos en contra de Gatica. En la infografía se consideran las posiciones, altura y distancias de los investigados y de la víctima. Según quienes conocen las pericias, ya se ha logrado determinar que en el espacio de dos segundos uno de los oficiales investigados disparó desde su escopeta antidisturbios en cuatro oportunidades. Es decir, en el análisis de los videos se revela que en un lapso de dos segundos un oficial lanzó 48 perdigones que se disiparon entre los manifestantes a sólo siete metros de ellos, y en un ángulo superior a su hombro. Esto, aun cuando las especificaciones del fabricante de las municiones TEC calibre 12 señala que los disparos deben ser angulados al tercio inferior del cuerpo y desde 20 a 30 metros; si no, puede tener un resultado mutilador o, incluso, letal.

Durante estos meses, los investigadores liderados por la jefa de Alta Complejidad, Ximena Chong, han recopilado la mayor cantidad de evidencia antes de levantar una imputación penal. En el Ministerio Público ronda el fantasma de lo que ocurrió en Curicó, cuando la fiscalía formalizó a un oficial del Ejército como autor del homicidio de un manifestante en la Ruta 5 Sur, el 19 de octubre, que fue abatido a tiros. Pese a que el propio militar se autodenunció, que los investigadores contaban con el arma y las municiones homicidas, resultó ser que el autor de los disparos era una civil. La poca prolijidad investigativa de ese caso ha repercutido en los demás fiscales, que buscan tener un estándar probatorio alto para decidir la formalización de estas causas. En el caso de Gatica, la decisión de judicializar la indagatoria estaba prevista para mediados de agosto, sin embargo, sostienen los investigadores, una actuación de Carabineros ha acelerado todo.

Gama-03

Una fotografía de un oficial de Fuerzas Especiales apuntando a un bombero que levanta las manos en son de paz en medio de las manifestaciones se viralizó rápidamente en redes sociales. Había sido tomada por Frente Fotográfico y causó estupor, pues se cuestionó cómo era posible que un carabinero quisiera disparar su escopeta antidisturbios en contra de personal que a esa hora intentaba detener el fuego en diversos lugares alrededor de Plaza Baquedano, epicentro de las protestas.

El rostro del oficial les pareció conocido a los oficiales de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI que investigaban el caso de Gatica y otras decenas de denuncias que involucraban a agentes del Estado por lesiones oculares con perdigones y también por disparos de lacrimógenas. En la parte trasera de su casco el uniformado llevaba las siglas de Fuerzas Especiales, junto a G-03. En lenguaje policial, se trata de “Gama 3”, un alto mando del grupo encargado de repeler a manifestantes y que fue identificado como el teniente coronel Claudio Crespo Guzmán, de 44 años.

Según fotos y videos de cámaras de seguridad y de manifestantes, ese 8 de noviembre Crespo estaba en la esquina de calle Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna en la hora en que Gatica recibe los perdigones. Sin embargo, en el parte 9619, fechado el 9 de noviembre, su nombre no aparece. Este documento fue enviado dos días después a la Fiscalía Centro Norte como una especie de “autodenuncia”, en que se dejaba constancia del personal que había hecho uso de su escopeta el día en que Gatica resultó severamente lesionado. La ausencia de Claudio Crespo en el documento llamó la atención al equipo de Alta Complejidad Centro Norte y dio inicio a la ruta para determinar quién era este alto oficial y por qué no aparecía en el primer parte, donde sí se mencionaba a su jefe, el coronel Santiago Saldivia, y a otros siete uniformados, quienes serían los primeros blancos investigativos.

En paralelo, Carabineros había abierto un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas en los hechos que afectaron a Gustavo Gatica, el que estuvo a cargo del fiscal institucional, coronel Renato Avello. En ninguna de las 500 páginas de la primera etapa de esta investigación -que se realizó entre noviembre y diciembre y que determinó que ninguno de los oficiales investigados tenía responsabilidad e incluso plantea que la lesión pudo venir de los propios manifestantes- se señala que se interroga o realiza diligencia respecto de Crespo. Desde Carabineros explican que si bien en un inicio el comandante no aparece en la “autodenuncia” del 11 de noviembre, sí se lo incorporó como uno de los oficiales que ocupó su arma esa jornada en una ampliación del parte que -según fuentes policiales- se habría enviado a la fiscalía al día siguiente, es decir, el 12 de noviembre. Sin embargo, en la indagatoria de Avello no existe diligencia respecto de Crespo, pese a que aparece mencionado en dos oportunidades: cuando se entrega el listado de quiénes son los policías capacitados para ocupar el arma antidisturbios y cuando otro de los investigados, el capitán José Cárdenas Morgado, lo menciona.

Según Cárdenas, el 8 de noviembre fue llamado a reforzar la dotación de Gama-3 y que mientras “individuos a rostro cubierto, lanzando todo tipo de objetos contundentes, fuegos artificiales de gran poder, bombas incendiarias tipo molotov, proyectiles esféricos lanzados con resorteras”, se entrevistó con Crespo, quien “me ordenó seguir actuando en el lugar a través de contenciones y detenciones”. Luego añade que pasadas las 17.45 comenzó a operar la escopeta en vista de que el personal de Carabineros “tenía en riesgo su integridad”. El sumario de Avello, de hecho, está caratulado con el nombre de este oficial: “Sumario que involucra a José Cárdenas y otros”. Y entre esos otros, Claudio Crespo no figura.

La defensa de Carabineros es que a la fecha del cierre del sumario -el 9 de diciembre-, el fiscal Avello no sabía de la ampliación del parte de “autodenuncia”. Sin embargo, agregan que fue incorporado en abril de este año al sumario y con ello se citó a declarar a Crespo. Así, el viernes 19 de junio el teniente coronel Claudio Crespo se convirtió en el primero, y hasta ahora, único sancionado por las lesiones a Gustavo Gatica.

Las dudas de la Go Pro (otra vez)

Fue en el segundo piso del edificio de la Dirección General de Carabineros. Allí, el general Diego Olate citó a una conferencia para entregar un balance de los sumarios administrativos tras el estallido social. Olate destacaba, sin mencionar su nombre, la baja de un oficial por incumplimiento de protocolo en el caso Gatica. “Las imágenes entregadas a la PDI en el mes de diciembre fueron previamente descargadas por el funcionario en su computador de trabajo sin dar debida cuenta de ello”, dijo el subdirector de Carabineros el pasado 19 de junio. Nadie sabía de quién se trataba y entre los carabineros comentaban la desproporcionalidad de la sanción, en comparación con casos en que funcionarios han sido formalizados por graves delitos en el contexto de violaciones a los derechos humanos y no se los separó de sus cargos.

La fiscalía requirió de inmediato el nombre del sancionado. Al enterarse de que se trataba del comandante Crespo, leyó la decisión de la policía uniformada como una jugada para anticipar un escenario judicial.

En el entorno de Crespo dicen que está dolido. Por su rango no puede ser dado de baja y su situación actual es que ha sido separado de las filas de Carabineros hasta que se curse su llamado a retiro. Durante toda su carrera ha estado en Fuerzas Especiales y tras el estallido fue, según uno de sus compañeros, uno de los oficiales que más días actuaron en Plaza Italia. De hecho, el terreno de los disturbios ya lo conocía: en junio de 2018 recibió un piedrazo en una protesta frente a La Moneda y fue atendido por la exintendenta, hoy vocera, Karla Rubilar, quien justo estaba ahí. Unos días después, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, subió una foto a sus redes sociales en que aparece Crespo agradeciendo la preocupación del gobierno tras haber sido herido.

Pero incluso antes de la decisión de sus superiores de apartarlo de su función, Claudio Crespo ya estaba en la mira de organismos internacionales, como Amnistía, que inició esa misma semana una campaña llamada “Investiguen a los mandos”. Esta iba acompañada de videos que cuestionaban “¿Quién es G-03?” y mostraban imágenes de Crespo disparando cerca de los manifestantes en diversas jornadas de protestas, y en la esquina desde donde se hirió a Gatica. La directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara, explica que la campaña se activó “porque nos preocupa la demora en la investigación y es necesario que tras lo constatado en Chile en nuestra visita se logre investigar y llevar a la justicia a quienes son los responsables”. A eso se suma, dice Guevara, “que no se puede aceptar que los mandos de Carabineros permitan actitudes como las que se registra de G-03, quien hace uso de su arma de forma indebida, sin apego a protocolos y permitiendo que él y sus subordinados hayan lesionado de forma grave a Gustavo y otros manifestantes”.

gustavo-gatica

La intervención del organismo tuvo una respuesta desde el tuit institucional de Carabineros. “Los carabineros que hicieron uso de su escopeta antidisturbios ya fueron puestos a disposición de la fiscalía, incluyendo al oficial mencionado”, dice el mensaje. Sin embargo, los investigadores aseguran que, hasta ahora, nunca la institución ha señalado quién lesionó a Gatica, ni siquiera en la declaración ante el Ministerio Público del general director de Carabineros, Mario Rozas. Lo que sí ha entregado es información general sobre quiénes ocuparon sus armas ese día.

2.040 perdigones en cuatro horas

En el expediente de la investigación por las lesiones graves gravísimas de Gustavo Gatica se pueden desprender varias situaciones respecto del uso del armamento antidisturbio por parte de Carabineros. Lo primero es que no todos los oficiales que la ocupan -y que deben estar capacitados para ello- se comportan igual ante un mismo escenario. El 8 de noviembre, algunos de los carabineros que estaban en la esquina desde donde se activa el “nivel 4” que les permitía hacer uso de arma contra manifestantes -puesto que ya el lanzaguas y los lanzagases estaban abatidos- dispararon en siete oportunidades, otros en 20, mientras que algunos no lo hicieron. De todo ello queda registro en la entrega o devolución de los cartuchos. Cada cartucho contiene 12 perdigones. Según lo que quedó registrado de ese día, el comandante Crespo disparó 2.040 perdigones en contra de los manifestantes, ya que usó 170 cartuchos.

Otros de los blancos de la investigación es el coronel Saldivia. En el sumario asegura que estuvo seis horas intentando contener a los manifestantes. Él es Gama-01, es decir, el oficial de más alto rango del ariete que hoy es indagado en el ámbito penal. Consultado en el sumario cuántas veces ocupó su escopeta, sostiene que “la usé de manera defensiva, por el grado de agresividad de los subversores al orden público, toda vez que lanzaban bombas molotov, fuegos de artificio y tronadores al cuerpo, elementos contundentes, bolas de vidrio y aceros lanzados con resorteras, punteros láser hacia mi persona, a los carabineros y civiles que transitaban”. Cuando es consultado por cuántos disparos efectuó, Saldivia responde “125 cartuchos, en casi cuatro horas que duró la contención”.

De Crespo y Saldivia se sabe que eran muy unidos, pero que en los últimos meses esta relación se ha ido deteriorando, en parte, por la tensión que ha significado el ser blanco de una indagatoria que el Ministerio Público ha demorado en citarlos. La investigación, por estos días, se centra en determinar si el exalto oficial pudo haber borrado elementos desde su cámara Go Pro, cuestión que podría abrir un nuevo capítulo de obstrucción a la investigación. Un deja vu del caso Catrillanca, pero esta vez en la Metropolitana.

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