Acusan discriminación ideológica en el INDH: Las demandas que complican a Micco

Sergio Micco, director del INDH, deberá enfrentar un juicio laboral tras las demandas de dos ex altos jefes del organismo.

Dos ex jefes del organismo presentaron demandas de tutela laboral en contra del director Sergio Micco. En ellas dan cuenta de una serie de situaciones que -describen- se acentuaron tras el 18 de octubre del año pasado, y que derivaron en sus despidos a mediados de marzo, los que acusan que fueron injustificados y vulnerando sus derechos. Las acciones fueron declaradas admisibles y se abrirá un juicio público.




Dos demandas declaradas recientemente admisibles por la justicia laboral ponen al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en medio de acusaciones por discriminación realizadas por ex trabajadores del organismo que, hasta hace unos meses, ocupaban los más altos cargos dentro de la institución. Ambos apuntan como principal responsable a su director Sergio Micco Aguayo.

A una década de su creación, dicen fuentes internas, el INDH nunca ha sufrido más tensiones que las que trajo consigo el estallido social del 18 de octubre del año pasado, cuando su director y las jefaturas debieron salir a las calles como observadores de la actuación de agentes del Estado. Como resultado, el organismo presentó más de 2 mil querellas en contra de oficiales de Carabineros y militares. En ese marco y en el trabajo posterior se basan las demandas presentadas por el ex jefe de la Unidad de Estudios Osvaldo Torres y el ex jefe de Administración y Finanzas Jorge Ortiz, quienes fueron despedidos por Micco el 13 de marzo de este año argumentando una “pérdida de confianza”.

En las demandas ambos ex funcionarios piden que se les indemnice con el 30% de su sueldo recibido durante los años que ejercieron como jefes en el INDH, sumas que, en el caso de Ortiz, bordean los $160 millones y, en el de Torres, los $54 millones. Será la justicia laboral la que determine el futuro de este litigio que enfrenta hoy el INDH.

Torres -antropólogo, magister de historia de Chile y doctor en Estudios latinoamericanos- relata en su demanda que ingresó a trabajar al INDH el 1 de agosto de 2017 tras un concurso público. De ahí a que en el encabezado de la acción penal pide a la justicia que se condene a su ex empleador por un despido injustificado, ya que a su juicio su arribo no tenía que ver con una cláusula de confianza, su cargo era técnico y como tal Micco no podría haber invocado esa causal para su desahucio. “Pido a su señoría que se declare que con ocasión del despido se ha vulnerado mi derecho a no ser discriminado por emitir opinión y disentir, declarando el pago de las indemnizaciones reparatorias”, se lee en la demanda de tutela laboral.

Las desavenencias entre él como jefe de estudios y el director del INDH, relata Torres en la demanda, comenzaron tras el estallido social. Hubo una serie de episodios en que él habría entregado ciertos lineamientos de cómo el organismo debía actuar, pero que fueron desatendidos por Micco quien, paulatinamente, dejó de hacer reuniones con él. Pero la situación que a juicio del demandante fue el quiebre definitivo fue cuando se enteró que el director del INDH había contratado a un grupo de profesionales para realizar la memoria anual del 2019, siendo que Torres y su equipo ya estaban trabajando en ella, mandatados por el consejo del organismo que ya a esa altura había acordado que el informe estaría marcado por los hechos ocurridos durante la crisis social.

“Encontrándonos en este proceso, me enteré con sorpresa y estupefacción que existía un equipo paralelo contratado para elaborar el mencionado informe. Este hecho inédito en la institución fue provocado al contratar a 3 profesionales externos, ajenos a la especialidad en derechos humanos, pero afines a las posiciones políticas de un sector de consejeros, todos militantes o afines al sector de gobierno”, dice Torres en la demanda. Se trata de los abogados Yohanna Villablanca y Rodrigo Pérez de Arce y el administrador público Yamil Musá.

El ex jefe de estudios del INDH consideró la situación un claro gesto de Micco que “no quería oír opiniones contrarias, ni disidencias a sus planteamientos. La generación de una institucionalidad paralela a la estructura legal del organismo causó un fuerte impacto en el estado anímico, ya tensionado del equipo, se nos quitaba una función estratégica para dejarla en manos de terceros externos que accedieron a datos e información que solo estaba disponibles para funcionarios del INDH, los que debían operarla con la debida confidencialidad. Estos nombramientos directos fueron fuertemente cuestionados internamente, pues su función no fue asesorar al Director, sino que sustituir el trabajo de la Unidad de Estudios en la realización del Informe Anual 2019. Y con ello, obviamente excluirme de las funciones de Jefatura, evitando tolerar una posición disidente”.

Asimismo en la demanda relata una reunión llevada a cabo en el INDH el 5 de noviembre del año pasado en que participaron todas las jefaturas luego que la Asociación de Funcionarios del INDH emitiera una declaración cuestionando a Micco. “Al comenzar el director nos pidió apagar los celulares y dejarlos sobre una mesa contigua, nos dijo que no quería que la conversación fuera grabada. En dicha reunión nos increpó duramente a Jorge Ortiz y a mí, y nos preguntó en tono molesto y agresivo sobre una declaración de una de las asociaciones de funcionarios, la ANDEDH, que había sido emitida increpando al director en duros términos. Atendido que varios de los socios de dicha organización eran miembros de nuestros equipos, nos señaló si éramos “cómplices de aquello”; le manifestamos que no, a lo que el insiste con un “o son cómplices o son unos incompetentes por no saber lo que iba a suceder en el INDH”.

El funcionario con pasado del MIR

Otro de los demandantes es Jorge Ortiz, quien a esa época se desempeñaba como jefe de Administración y Finanzas del INDH. El año pasado protagonizó un tenso episodio luego que la diputada RN Paulina Núñez lo acusara de participar de “un montaje” luego que resultara herido con perdigones mientras participaba como observador en una marcha. En el libelo el ex funcionario acusa discriminación basada en su ideología. Al igual que Torres, también ingresó al INDH en agosto de 2017 por concurso público, por lo que alega que su cargo no era de confianza del director.

“Tras el 18 de octubre del 2019, todo cambió en la institución. La gestión, las labores internas se vieron tensionadas por la sobre exigencia a la labor del INDH, impuesta por las masivas manifestaciones desplegadas por todo el país. A pocos días quedó en evidencia que el Instituto no estaba preparado, ni se había previsto, asumir la misión asignada por ley ante un estallido social de tal magnitud”, se lee en la demanda.

Ortiz retrata esto último señalando que las jefaturas del INDH tuvieron que obrar como veedores yendo a comisarías, a la posta y a las protestas para vigilar el actuar de los policías, en este caso Carabineros y así poder denunciar actuaciones que se enmarcaran en los delitos que persigue el organismo, violaciones a los Derechos Humanos cometidos por agentes del Estado. “Este compromiso no contaba con toda la preparación, estábamos en las calles pero sin protocolos de actuación, ni preparación para enfrentar agresiones, ni menos provenientes de agentes del Estado”, dice.

Es así como llega el 29 de octubre cuando fue herido en los alrededores del GAM, heridas que -relata- lo tuvieron con licencia hasta el 12 de noviembre. “Estos hechos causaron enorme atención de los medios de comunicación, no solo nacionales sino también internacionales. La situación causó conmoción en la institución, particularmente por la falta de medidas de seguridad de quienes hacíamos el trabajo de observadores”, explica Ortiz. En la demanda además sostiene que “con fecha 30 de octubre, la diputada Paulina Nuñez, de Renovación Nacional, hizo un punto de prensa en que me acusó de haber hecho un montaje respecto de mis lesiones producidas por Carabineros. Esta absurda denuncia, que incluyó una publicitada información sobre mi antigua militancia política, MIR, fue un factor que colocó un manto de duda sobre mi trabajo, y la imparcialidad de los informes que emitíamos internamente”.

Respecto a su relación con Micco, explica el ex funcionario, se vio tensada por esta situación, más aún cuando pocos días después en Mesa Central le preguntan por su militancia “y él (director del INDH) hace una imprudente analogía, señalando que ‘en el instituto puede trabajar cualquier persona, incluso de Patria y Libertad'. Apenas terminó su entrevista lo llamé a su celular para manifestarle mi molestia y preocupación por sus dichos, y las consecuencias de estos, hacia el instituto y hacia mi persona, por sobre exposición y la comparación realizada”.

Tras esto Micco lo visitó en su casa, detalla en la demanda, y ahí él le manifestó su preocupación además por los dichos en esa entrevista de que no había sistematicidad en violaciones a los Derechos Humanos. Asimismo le exhibió los videos que había en redes sociales y la campaña en su contra, por lo que le pedía que el INDH aclarara que su militancia era antigua, el tema de su sueldo que también era objeto de cuestionamientos ya que se sentía “atemorizado” y “amedrentado”. De ahí en más las reuniones con el director se fueron haciendo cada vez menos periódicas hasta el 13 de marzo, cuando fue despedido.

“El director manifestó que’no fue posible trabajar juntos’ y que desea que me vaya. En ese acto se concretó la discriminación: esta decisión no es sino el reconocimiento que ‘no soy apto’ para ejercer el cargo por mi historia política, fue una señal de avalar lo expuesto por las redes sociales, que lo denunciaban. Lo anterior sumado a mis opiniones disidentes expresadas directamente al director, tuvieron un efecto: despido”, acusa Ortiz ante los tribunales laborales que ahora realizarán un juicio con ambos casos.

Desde el INDH comentaron que “por diversas razones de índole profesional y técnica que se detallarán y discutirán como corresponde durante el procedimiento judicial en curso, el INDH puso término en el mes de marzo a los contratos de los señores Jorge Ortiz y Osvaldo Torres. Para el INDH es de la máxima relevancia que los tribunales de justicia, de quienes somos respetuosos en sus decisiones, resuelvan satisfactoriamente el asunto sometido a su consideración, toda vez que ambas decisiones no sólo se ajustaron a derecho, sino que además las respectivas demandas presentadas involucran una alta suma de recursos que como institución pública, nos encontramos en la obligación de cautelar con la mayor de las diligencias”.

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