“Al gobierno le gusta jugar con fuego”: proyecto que elimina Consejo de Asignaciones Parlamentarias causa molestia en el Congreso

Transversalmente los parlamentarios criticaron la nueva orgánica propuesta para fijar las dietas de las altas autoridades que lo deja en manos del Presidente de turno, mientras que otros cuestionaron la pertinencia de esta iniciativa al término del mandato. "Al gobierno le gusta jugar con fuego; el tema es relevante, pero no urgente", afirma el senador Iván Moreira (UDI).




“No sabíamos de este proyecto hasta la semana pasada que nos lo anunciaron”, admite el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), frente a la decisión del gobierno de enviar una reforma constitucional para perfeccionar el sistema de remuneraciones del Poder Legislativo. Iniciativa que ingresó sin aspavientos el martes a la Cámara de Diputados en medio de las bataholas por el cuarto retiro y que implica que terminar con el Consejo de Asignaciones Parlamentarias y dejar de equiparar el sueldo de los parlamentarios a los de ministros de Estado.

Además de sorpresa, la jugada del gobierno causó abierta molestia entre los parlamentarios de todo el arco político.

Así queda de manifiesto en los dichos del vicepresidente de la Cámara, diputado Francisco Undurraga (Evópoli): “Me hubiera encantado se nos invitara a la discusión prelegislativa de este proyecto y no haber sido notificados por buzón”.

Si bien algunas materias de este proyecto forman parte de un compromiso anterior cuando se tramitó la ley que redujo en un 25% las dietas de las altas autoridades, el contenido del articulado produjo reacciones encontradas entre senadores y diputados. Incluso, algunos congresales provenientes del oficialismo consideran que no debería estar entre las prioridades del término de gobierno, porque puede generar un desencuentro entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Tal como señala el senador Iván Moreira (UDI): “Al gobierno le gusta jugar con fuego; no creo que este sea el momento para enviar un proyecto de esta envergadura. El tema es relevante, pero no urgente, y el gobierno escoge mal el momento”.

También la senadora y candidata presidencial Yasna Provoste (DC), autora de una de las mociones para reducir la dieta, criticó la oportunidad: “Estas iniciativas a poco tiempo de terminar un proceso de gobierno son curiosas, ya que ni siquiera formó parte de la Cuenta Pública del Presidente”.

El proyecto del Ejecutivo contempla tres cambios sustanciales. Primero incorpora al sistema de fijación de remuneraciones a los funcionarios de mayor rango del Congreso, como los secretarios, prosecretario, tesorero, director de finanzas y de la biblioteca. En esa idea hay acuerdo. En el Congreso generó más reticencia la idea de terminar con la regla que tácitamente rige desde 1925 en torno a que los sueldos de los parlamentarios serán iguales que los de los ministros.

Pero el tema que más revuelo ha causado es la posibilidad de eliminar el Consejo Resolutivo de Asignaciones y reemplazarlo por una comisión especial nombrada por el Presidente de turno con ratificación de dos tercios del Senado.

“La propuesta parte de premisas erradas, ya que desconoce la labor que ha realizado el Consejo de Asignaciones Parlamentarias. Con el proyecto más bien pareciera que el Ejecutivo quiere instalar una rencilla con el Congreso, producto de que el Parlamento ha corregido y ha sido una barrera de contención de la mala gestión del gobierno”, indica el senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución, instancia que deberá revisar la iniciativa.

En el mismo sentido reacciona Undurraga (Evópoli): “No puedo estar de acuerdo con restarle independencia a la Cámara de Diputados y dejar esta determinación al Presidente de turno. En esta deliberación deben participar todos los poderes del Estado”.

Actualmente y desde 2010 existe el Consejo Resolutivo que, aparte de fijar las asignaciones de los parlamentarios, va estableciendo criterios para el uso de los recursos ante las dudas del Comité de Auditoría y de las secretarías respectivas. Este grupo está conformado por un exconsejero del Banco Central, un exdecano de una Facultad de Administración, de Economía o de Derecho, un exsenador, un exdiputado y un exministro de Hacienda o de Economía o exdirector de la Dipres, elegidos por el Congreso Nacional, por los tres quintos de los parlamentarios y las parlamentarias en ejercicio.

El proyecto plantea una comisión especial conformada por una vez, cada cuatro años, por un exministro de Hacienda, un exconsejero del Banco Central, un excontralor o subcontralor de la Contraloría, un expresidente de una de las ramas que integran el Congreso Nacional, y un exdirector nacional del Servicio Civil. Es nombrada por el Presidente de la República con acuerdo de dos tercios de los senadores.

Esta idea tiene tres grandes diferencias: el comité no funcionará de manera permanente, sólo incluye a un exparlamentario y no incorpora el criterio de la Cámara de Diputados en ninguna parte del proceso.

Los que miran con buenos ojos

“Es una buena iniciativa con cosas muy positivas, como la creación de un organismo autónomo que fije las remuneraciones de los parlamentarios y el fin del Consejo de Asignaciones Parlamentarias que hoy es un gasto excesivo e innecesario”, señala por el otro lado el jefe de comité RN, senador Manuel José Ossandón.

Actualmente el Consejo de Asignaciones Parlamentarias está contemplado en el presupuesto anual del Congreso Nacional. De acuerdo al Presupuesto de este año, cuenta con recursos por $ 510 millones, de los cuales el 90% es pago de remuneraciones. En tanto, el Senado contempla un gasto por $ 44.455 millones, y la Cámara de Diputados $ 71.602 millones.

Ossandón sostiene que la propuesta del gobierno de recorte de gasto por ese ítem “queda chica”, pues debería generar una planta que fije las remuneraciones de todos los funcionarios del Congreso.

En una línea similar, pero colocando énfasis en los equilibrios se expresan algunos diputados. Como Matías Walker (DC), integrante de la Comisión de Constitución, que plantea discutir el articulado con altura de miras en base a principios como la responsabilidad y el equilibrio entre poderes del Estado y en atraer a buenos profesionales, “ni los ministros ni parlamentarios deben incidir ni directamente ni indirectamente en el monto de sus remuneraciones ni asignaciones. Sino que siempre deben ser entes externos quienes las determinen”.

También el diputado Manuel Monsalve (PS) acota que el organismo propuesto es un tanto restrictivo, aunque comulga con la esencia del proyecto: “Hoy el consejo mantiene vínculos muy cercanos con el Congreso. No sé si la fórmula que se plantea es la mejor, yo estoy porque haya una institución con la mayor autonomía posible y con fuerte competencia técnica, sin sesgo político”.

Diferencias en remuneraciones

En otro plano, el parlamentario PS considera razonable que se diferencien las remuneraciones de los ministros con los parlamentarios por la distancia entre sus funciones: “Un ministro como el de Salud puede estar a cargo de gestionar hasta US$ 14 mil millones, evidentemente que requiere un nivel de dedicación y capacidad y responsabilidad muy superior a la de un parlamentario”.

Asimismo, el diputado Giorgio Jackson valoró el proyecto recordando que cuando ellos como Frente Amplio aterrizaron en el Congreso defendieron la idea de acotar las dietas de las autoridades: “Venimos planteando exactamente el mismo argumento desde el 2014, pero al parecer el gobierno y toda su bancada no reconocen las buenas ideas cuando vienen desde la vereda opuesta”.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) se mostró de acuerdo en elevar los estándares, pero hizo hincapié en que estos ajustes no serán permanentes: “Me parece bien que se elimine el Consejo de Asignaciones, aunque será una medida transitoria hasta que la nueva Constitución pueda regular de manera permanente las asignaciones”.

Mientras que el diputado Daniel Núñez, del PC, criticó el espíritu del mensaje de la iniciativa que desliza que los ministros deben obtener una renta alta más alta que los parlamentarios, argumentando que ello ocurre en 26 de los 37 los países de la Ocde. “Es una vergüenza que después de toda la presión ciudadana que obligó a que la élite política baje sus salarios, ahora Piñera pretenda subir el sueldo a sus ministros. El tope salarial en la administración pública debería ser la dieta de los parlamentarios, que sigue siendo muy alta”, remarca.

Coincide con esa crítica el senador Moreira: “He estado abierto a discutir todos los temas; voté a favor cuando nos rebajaron un 25% de la dieta y habrá que discutir si efectivamente los ministros deben ganar más que un diputado o senador”.

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