Fue uno de los casos que más impactaron a la opinión pública en medio de la crisis social: el presunto abuso sexual sufrido por Josué Maureira (21), estudiante de medicina de la Universidad Católica, por parte de un grupo de Carabineros de la Comisaría de Pero Aguirre Cerda, el 21 de octubre, tras ser detenido en un saqueo. Los policías fueron formalizados, estuvieron en prisión preventiva y son objeto de una investigación a cargo de la Fiscalía Sur. Sin embargo, el caso sumará una nueva arista.

Cuatro de los seis imputados se querellaron contra los fiscales a cargo del caso, por el delito de obstrucción a la investigación. La acción judicial fue interpuesta en el 10º Juzgado de Garantía de Santiago y la jueza María Carolina Salinas, quien fue la misma que estuvo a cargo de la formalización de los uniformados, declaró inadmisible la querella. Pero, los abogados Agustín Mardones y Gustavo Balmaceda, representantes de los uniformados, acudieron a instancias superiores y la Corte de Apelaciones de San Miguel, en fallo unánime, revocó la resolución de primera instancia y ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público.

Son dos querellas las que se presentaron, donde se acusa la labor de los fiscales Paulina Díaz y el equipo de persecutores que intervino en la causa, apuntando a su falta de objetividad, los problemas siquiátricos que tendría Maureira, y de no tomar en cuenta antecedentes que descartarían la veracidad de las acusaciones del estudiante.

En una de las querellas, presentada por los aún uniformados Javier Marchant y Erwin Espinpza, se expuso los fiscales no estuvieron en la declaración de Maureira, que este mintió respecto su dirección de domicilio, y que se cambiaron las cautelares del querellado cuando este estaba en prisión preventiva por robo, a las pocas horas de denunciar el abuso sexual ante funcionarios del Instituto de Derechos Humanos (INDH).

Los carabineros, señalaron, en la querella que “acá, ha existido tendencia clara a no creer que la denuncia no se ajusta a la realidad, a no analizar desmenuzadamente lo que las policías hacían llegar como diligencias a la investigación y a dirigir las diligencias solo hacia aquellos aspectos que nos perjudican, y no ahondar en nada que nos beneficiaba. Frente a esta situación solo caben dos posibilidades: o los persecutores que se encuentran a cargo de la investigación son de tan bajo nivel que no son capaces de leer, analizar y comprender lo que las policías les adjuntan como evidencias o, lo que es aún peor y la cual creemos que es la situación que se dio en este caso, que la fiscalía lo único que pretendía era ‘presentar unos culpables ante la sociedad para validar su imagen’, desatendiendo el contundente peso de las evidencias que existían antes de nuestra detención ordenada en el caso”.

En la otra acción judicial, presentanda por lo policías Ciro Cubillos y Marcos Valenzuela, apuntan, además, a los supuestos problemas sicológicos de la víctima y su comportamiento durante la detención. “En el retén móvil, cuando logramos subir al Sr. Maureira, éste siguió oponiendo absoluta resistencia, (...) gritando improperios en contra de todo el personal de Carabineros. Incluso, la otra víctima, el Sr. John Bravo, en ese momento detenido, golpeaba al Sr. Maureira, diciéndole que por culpa de él, se iría preso, siendo que su pareja estaba embarazada”, señalaron en la qurella.

Además, agregaron que “durante toda esa noche, el Sr. Maureira mantuvo una actitud insolente, tratando a la carabinero Luna Werchez como 'gorda’ ‘fea’, entre otros improperios de carácter personal, cuya vulgaridad no permite que éstos sean reproducidos por este medio”. Al apuntar a los supuestos problemas sicológicos del detenido, manifestaron que en diciembre del año pasado, el estudiante fue detenido en Temuco, donde exámenes del Ministerio Público determinaron eventuales problemas siquiátricos.

Diligencias y fiscalía

Ambas querellas piden que declaren los fiscales de la indagatoria, y además el persecutor regional Sur, Héctor Barros. Para estos efectivos, quien lleve la investigación deberá ser un fiscal regional, designado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, una vez que se remitan los antecedentes del caso, luego de la resolución de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

En la Fiscalía Sur explican que Maureira está siendo investigado por la causa que dio origen a lo que vino después, el saqueo en un supermercado y por lesiones a una carabinera que lo detuvo. Sobre los hechos de Temuco, señalaron que esa causa no corresponde a su jurisdicción.

El abogado de dos de los carabineros que presentaron la querella, Gustavo Balmaceda, señaló que “la fiscalía escondió información sumamente relevante, no lo sabemos si lo hizo a propósito o si fue por negligencia, pero el asunto de que el principal imputado víctima -lo vamos a llamar que en una causa es imputado y en otra es víctima- sufre de graves alteraciones mentales, situación que era conocida por el Ministerio Público y se escondió”.