A casi tres semanas de haber asumido como vicepremier y ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini se encuentra en medio de otra controversia. Ahora propuso realizar un censo de los gitanos que viven en el país, lo que podría llevar a la deportación de quienes no son italianos.

En una entrevista con un canal de televisión local, citado por la BBC, Salvini dijo que había pedido que le preparen un dossier sobre los gitanos, porque "no se había hecho nada desde (el exministro de Interior, Roberto) Maroni (2008-2011) y hay un caos". Habrá un sondeo para ver "quiénes son, cómo viven y cómo les va". Aquellos gitanos que no tienen el derecho de quedarse en Italia serán deportados, pero "nos toca desafortunadamente quedarnos con los gitanos de nacionalidad italiana", comentó.

Si bien no existen cifras oficiales, según cálculos de una asociación cercana a esa comunidad, entre 120.000 a 180.000 gitanos  viven Italia, la mayoría tienen nacionalidad italiana y más de la mitad son menores de edad. Los  restantes provienen de Bulgaria, Rumania y, en general, del este de Europa. Según un sondeo del think tank Pew Research Center divulgado en 2016, un 82% de los italianos tiene una visión negativa sobre los gitanos. La cifra es mucho más alta que en otros países europeos.

La iniciativa, lanzada apenas una semana después de que el líder de la Liga, Matteo Salvini, se negara a recibir el barco Aquarius que transportaba 629 inmigrantes a Italia, generó fuertes críticas no solo de la izquierda, sino que también de su aliado en el gobierno, el Movimiento 5 Estrellas.

El viceprimer ministro y líder de los antisistema, Luigi Di Maio, advirtió inmediatamente que el censo de una parte de  la población según su origen étnico viola la ley italiana y es inconstitucional.  "Me complace que Salvini haya negado cualquier hipótesis de registro o  inscripción de inmigrantes porque si algo es inconstitucional, no se hace",  dijo Di Maio, artífice  de la alianza de gobierno.

La propuesta de Salvini, que tiene como objetivo facilitar las expulsiones de extranjeros indocumentados, puso de manifiesto las diferencias entre las dos  formaciones que lograron suscribir tras meses de espinosas negociaciones un  pacto para gobernar, según consignó la agencia France Presse.

A las críticas del gobierno se sumaron las de la comunidad judía italiana, que recordó el horror de las leyes raciales. Así, la senadora vitalicia Liliana Segre, mostró el documento en el que su padre, Alberto Segre, se vio obligado a declararse judío ante el Podestá fascista, como era obligatorio tras la sanción de las leyes raciales de 1938 siguiendo la línea del hegemónico Adolf Hitler.

Ante la controversia, el líder de la Liga explicó que no se tomará las huellas digitales de los gitanos que viven en  Italia, sino que se realizará una evaluación de la situación de los campamentos de los gitanos. Además, se resolverá el problema de los niños gitanos que no asisten al colegio y que viven en pésimas condiciones. "Pienso solo en esos niños pobres a quienes se les enseña a robar y a la ilegalidad", recalcó.

La propuesta del gobierno se enmarca dentro del programa del nuevo gobierno italiano que prometió deportar a 500 mil inmigrantes.