Daniel Quinteros, delegado presidencial de Tarapacá: “Los muros y las zanjas no detienen la migración, la hacen más peligrosa”

Daniel Quinteros. Foto: Prensa Delegación Presidencial de Tarapacá.

El sociólogo, que fue un activo detractor de la gestión del gobierno pasado frente a la crisis migratoria, respalda el estado de excepción en la zona y adelanta las tratativas con autoridades extranjeras que emprenderá para abordar el conflicto.


El delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, dice que se sorprendió cuando la ministra de Interior, Izkia Siches, lo llamó a fines de febrero para pedirle asumir el cargo. Eso, porque es independiente y su carrera la ha forjado casi completamente en la academia, como docente de Trabajo Social, a cargo del Centro de Estudios Criminológicos de La Frontera de la Universidad Arturo Prat.

Instalada la crisis por las migraciones irregulares en la región, el sociólogo se ha dedicado, junto a organizaciones sociales, a entregar apoyo a los miles de venezolanos que han llegado y siguen llegando, también a proponer medidas para abordar el fenómeno, las mismas que ahora pretende formalizar y poner en marcha.

Entre estas últimas, Quinteros -quien fue crítico del desempeño del gobierno anterior- destaca la paradiplomacia, donde buscará establecer vínculos con los gobiernos locales de las zonas fronterizas de Bolivia y Perú. “En Tarapacá tenemos una relación histórica con nuestros vecinos bolivianos y creo que esto puede ser una oportunidad para avanzar con soluciones locales y ofrecer propuestas”, asegura.

Sobre las medidas implementadas en el último tiempo, el máster en Investigación Criminológica de la U. de Manchester y diplomado en Prevención del Delito, subraya que “las zanjas son medidas transitorias” y que “las condiciones climáticas las destruirán en poco tiempo”. Y mientras admite que la región ha convivido históricamente con la migración, subraya que “no vamos a permitir que personas vengan a delinquir”.

Su instalación coincidió con el paro de camioneros y un complejo incendio cercano a la zona urbana...

Ha sido vertiginosa, pero también de mucho aprendizaje. Efectivamente, aún ni asumía el cargo en plenitud y ya me encontré coordinando servicios con las policías. Tuvimos un pequeño conflicto con un sector de transportistas movilizados, pero escuchando a la ciudadanía conseguimos destrabarlo. Entiendo el malestar de las organizaciones civiles, pues por mucho tiempo no han sido escuchadas, pero eso es algo que este gobierno quiere revertir.

¿En qué pie está hoy la crisis de migración en su región?

La verdad es que este es un fenómeno global. Debemos entender que este es un movimiento forzado de personas, registrando el último año probablemente el número más grande de desplazados, por lo que es difícil aventurar que se vaya a solucionar próximamente. Lo que es cierto es que, desde la implementación de los tres albergues en la región, se ha conseguido que estas personas no ocupen los espacios públicos (para dormir), evitando generar ese malestar en la ciudadanía, que ha desembocado en los conflictos que vimos el año pasado.

¿Han sido de utilidad?

No son soluciones definitivas, por lo que debemos avanzar en nuevas políticas que la ciudadanía demanda. Muchas de las personas que llegan a nuestra región son mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, con muchas necesidades, por lo que requieren ayuda humanitaria y es rol del Estado entregar esa protección.

Los contratos para la habilitación de albergues son millonarios. ¿Los extenderá este gobierno?

De hecho, ayer (miércoles) venció el contrato con Lobito (el más grande), por lo que decidimos extender por un tiempo, lo más corto posible, ese funcionamiento, entendiendo que no es la solución definitiva y que no podemos seguir destinando recursos de la comunidad para solucionar de esta forma esta situación. El problema que hemos encontrado en Lobito, que es un albergue nocturno, es que no cuenta con alimentación para menores de edad durante el día. Esas situaciones son dramáticas y, por eso, durante esta mañana (jueves) vamos a extender reuniones con organizaciones de la sociedad civil y de las Naciones Unidas, para buscar una solución progresiva, pero profunda.

¿Pero continuarán con estos contratos?

La administración anterior los dejó amarrados, particularmente el albergue de Colchane, hasta mitad de año. Pero más que criticar la gestión anterior, nos interesa hacernos cargo de las situaciones que afecten a la comunidad, por lo que vemos que esto es una oportunidad para diseñar con algo más de tiempo las soluciones para estos problemas.

¿La de hoy será la primera reunión con organizaciones civiles promigración?

Será la primera con todas juntas, pero desde antes de asumir hemos coordinado reuniones. Gracias al trabajo que realicé en la Universidad Arturo Prat, mantuve muchos contactos con esta comunidad de apoyo y creo que es importante abrirles las puertas. La magnitud de la crisis que se vive en Venezuela es algo que debemos enfrentar de manera conjunta, a nivel latinoamericano.

El gobierno respalda el estado de excepción en Tarapacá, no así en La Araucanía. ¿Usted opina lo mismo?

En La Araucanía esta medida lleva más de cinco meses, por lo que evidentemente no es una situación excepcional. Sin embargo, las situaciones que motivaron el estado de excepción en Tarapacá se han mantenido constantes, en la medida de que no hemos podido implementar una estrategia mayor.

¿Cuál será el espíritu del gobierno frente a la coordinación con sus pares de Bolivia o Perú?

El mandato es al diálogo; dialogar y dialogar. Si bien es cierto que el trabajo diplomático no depende de la región, es necesario decir que dentro de mis facultades está el ejercicio de la paradiplomacia. En Tarapacá tenemos una relación histórica con nuestros vecinos bolivianos y creo que esto puede ser una oportunidad para avanzar con soluciones locales y ofrecer propuestas. También creo que es importante, además de dialogar entre países, hacerlo entre quienes pensamos distinto, particularmente con las comunidades fronterizas que se han visto afectadas por este problema, así como las personas de Iquique y Alto Hospicio.

¿Cuánta gente está entrando actualmente por Colchane?

La situación que se está viviendo actualmente en Colchane es diferente a lo que hemos visto en el último tiempo, y creo que el estado de excepción ha contribuido a ordenar los flujos. El sábado viajamos junto al general Marcos Jaque (Ejército), el general Sergio Telchi (Carabineros), el vicealmirante José Luis Fernández (Armada) y la delegada presidencial del Tamarugal, Luz González, y la verdad es que hay que felicitar el trabajo que se ha hecho en frontera, porque no solo ha entregado más seguridad a las comunidades que viven ahí, sino también protección humanitaria a las personas que lo necesitan. Llevamos más de 20 personas que han fallecido intentando cruzar la frontera por el sector del bofedal y nadie quiere seguir lamentando muertes, y es gracias a este trabajo que se han evitado. Además, se ha avanzado en investigaciones contra las bandas de crimen organizado que operan en la frontera y que es necesario atacar con decisión.

Según el alcalde de Colchane, en febrero ingresaban alrededor de 600 personas diarias. ¿Cuánto es ahora?

Es una cifra variable, depende mucho de las condiciones climáticas. Hoy mismo tenemos una contingencia por el invierno altiplánico en Huara, por lo que es muy difícil establecer una cifra. Lo que sí es importante es atender esa variabilidad y saber gestionarla.

¿Es viable el cierre de la frontera en Colchane?

No, porque las comunidades que aquí habitan, y particularmente los pueblos originarios, están protegidos bajo el convenio 169 de la OIT, que reconoce su calidad de habitantes de frontera, algo que también reconoce la nueva ley. Ellos tienen prácticas ancestrales de cruce, y además lo hacen porque el sector de Bolivia está mucho más desarrollado que el chileno, por lo que el cierre absoluto no solo afecta a quien entra, sino también a las comunidades que aquí viven.

Se volvieron a implementar zanjas. ¿Está de acuerdo con esta medida?

Hay que entender que las zanjas por sí solas no detienen ni controlan la migración, lo que no significa que no funcionen. Estas son parte de una estrategia que se ha implementado en la frontera y lo que ha permitido la zanja es ordenar los lugares por donde se puede transitar y, eso de la mano del personal militar que hace en frontera.

Entonces, ¿en qué se diferencia esta política de la que proponía José Antonio Kast?

La diferencia es sustantiva. Nosotros entendemos que esta es una medida transitoria y prorrogar el estado de emergencia va en línea con seguir el trabajo que se viene desarrollando y evitar cambios bruscos, que puedan generar descoordinaciones. Así llegaremos a soluciones definitiva. Las zanjas son medidas transitorias y entendemos que, incluso, las condiciones climáticas las destruirán en poco tiempo.

¿Hay alguna diferencia entre esa política con la política que tuvo Donald Trump y su muro?

No es comparable la política migratoria que tenemos en Chile con la que han desarrollado Estados Unidos y otros países en esta materia, porque los muros y las zanjas no detienen la migración, más bien la hacen más peligrosa y ahí es donde hemos hecho hincapié.

¿Se puede pensar en las nuevas políticas migratorias para Chile, si aún no se ha nombrado al director de esta división?

Aún estamos en proceso de instalación, hay que tener paciencia. Definir a las autoridades es algo que toma tiempo y me consta que el gobierno está realizando una búsqueda muy exhaustiva, no solo en perfiles técnicos, sino en generar equilibrios políticos que puedan propiciar los grandes cambios que propone el programa del Presidente Gabriel Boric. Este cargo se anunciará dentro de los próximos días, pero hay que tener calma, porque instalar un gobierno no es algo tan sencillo.

¿El gobierno utilizará los seis vuelos SKY que quedan aún por contrato para deportar a migrantes irregulares?

Eso es algo que aún está en evaluación. Cuando uno revisa el contrato, hay algunos detalles técnicos respecto a la disponibilidad presupuestaria para ejecutar estos vuelos, pero yo no descartaría ninguna medida que nos permita enfrentar esta situación. Hay que recordar que en Chile existen dos tipos de expulsión: la administrativa y la penal. Particularmente en Tarapacá tenemos una sobrepoblación en las cárceles, por lo que el beneficio de la expulsión penal permitiría descongestionar este tema y entregaría tranquilidad a la ciudadanía. Hay un verso en el himno de Iquique que dice “tu ambiente y la nobleza de su gente cautivan el corazón”. Esto es así, porque esta ciudad y esta región ha sabido convivir históricamente con la migración, pero no vamos a permitir que personas vengan a delinquir.

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