Desconcierto de Boric, reto a Rozas y alerta feminista: las razones que obligaron a retroceder del “gabinete Irina Karamanos”

"Un error administrativo no visado". Así definió la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, la resolución que cambiaba el nombre y las funciones del cargo de Primera Dama y lo personalizaba en el nombre de pila de la pareja del Mandatario. El documento, firmado por la directora administrativa de La Moneda, Antonia Rozas, fue recibido con sorpresa por parte de la Presidencia, desde donde hubo un llamado de atención a ella. Durante la tarde se conoció la nueva resolución, que cambió el nombre del cargo a "Coordinación Sociocultural" y delimitó sus funciones a una coordinación con otros órganos del estado.




“Es un cargo que merece ser repensado porque estamos en tiempos distintos”.

La frase de Irina Karamanos -antropóloga, pareja del Presidente Gabriel Boric y ahora coordinadora sociocultural de la Presidencia de la República- durante la segunda vuelta presidencial fue una de las primeras señales que dio cuenta de que el cargo protocolar, históricamente conocido como Primera Dama, tendría características “atípicas” en este gobierno.

Ella misma, incluso, marcó un contraste con Boric, quien siendo candidato en las elecciones primarias de Apruebo Dignidad se había comprometido a “abolir esa institución (Primera Dama) y generaremos una instancia que sea transparente, en función de méritos y de carreras funcionarias, y no de lazos de sangre o afinidad con el Presidente”.

Sin embargo, un cambio que en marzo se realizó a la denominación y las funciones del equipo de la antropóloga causaron una crisis en La Moneda, cuyas altas esferas no se habrían enterado de sus alcances.

En concreto, el martes en la noche comenzó a circular una resolución exenta del 31 de marzo firmada por la directora administrativa de La Moneda, Antonia Rozas, que establecía dos gruesos cambios al cargo de Primera Dama. En primer lugar, el cargo protocolar que ostenta la socióloga dejaba de ser “Primera Dama” y pasaba a ser -simplemente- Irina Karamanos. Y en segundo lugar, se establecían una serie de nuevas funciones (o lineamientos) en áreas como derechos humanos, las que eventualmente podían colisionar con funciones de otras reparticiones del Estado.

El documento establecía que al “Gabinete Irina Karamanos” le corresponde “identificar, proponer y coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas, con el objeto de aportar a la erradicación de la desigualdad y la discriminación de grupos históricamente excluidos, con enfoque interseccional, de derechos humanos y perspectiva e géneros inicialmente con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexo-genérica”. A la vez, “asumirá el rol ceremonial y protocolar de acuerdo a la tradición republicana de Chile en las actividades oficiales nacionales e internacionales”.

A las duras críticas que se levantaron en las redes sociales por parte de voces adherentes y opositoras al gobierno -que apuntaron a una “personalización del cargo”- se sumó una fuerte presión interna por cambiar la resolución. Varios personeros levantaron la alerta en horas de la noche por las repercusiones que podría traer una polémica así, una de ellas, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Y particularmente desde la Presidencia -donde, apuntan, no sabían de la resolución- empujaron que se desistiera de la resolución.

El hecho causó que, incluso, la ministra vocera Camila Vallejo admitiera que fue “un error administrativo no visado”.

Pie atrás en “Irina Karamanos”

Que Karamanos no tuviera una denominación más “protocolar” que su mismo nombre era algo conocido entre los inquilinos de Palacio. Ella misma y su equipo en más de una ocasión se encargaron de aclarar que no era Primera Dama, pero que tampoco se referirían a ella como directora sociocultural de La Moneda, cargo acuñado en los tiempos del segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando el hijo de la exmandataria, Sebastián Dávalos, asumió la presidencia de las fundaciones asociadas a ese cargo.

“Lo ideal es referirse a ella por su nombre, es lo que le acomoda”, transmitían desde su gabinete. Incluso, y según consta en el archivo de gob.cl, el 11 de marzo -día en que asumió el gobierno Gabriel Boric-, la página fue modificada inmediatamente de Primera Dama a Irina Karamanos. A mediados de abril, días después de que Rozas firmara la resolución, se añadió “Gabinete Irina Karamanos”.

Así, tras la fuerte presión política, en horas de esta mañana el acuerdo del gobierno -definido así por Presidencia y el equipo de Karamanos- fue recular en esa denominación “personalizada” y establecerla formalmente como coordinadora sociocultural, tras lo cual, dentro del organigrama de autoridades, se eliminó el cargo de la antropóloga.

Y mediante un comunicado de la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República, en horas de la mañana se indicó que “con fecha 22 de junio de 2022 se ha dejado sin efecto la modificación a la resolución N°978, de 2018″.

“Asimismo, debido a este error administrativo, la denominación “Gabinete Irina Karamanos”, ha sido sustituida, en línea con la transformación paulatina del rol de “Primera Dama”, por Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República”, agregaron. E indicaron que “las funciones de dicha coordinación están consignadas en la resolución exenta N°758, de 2022, como cada gobierno ha definido en función de sus objetivos”.

Minutos después, Karamanos -quien se encuentra de gira en la región del Biobío- abordó la polémica a través de sus redes sociales. “Con la convicción de que no queremos que la denominación en una resolución nos aleje de los cambios profundos que estamos impulsando, es que se ha enmendado la resolución. Nuestro principal interés es avanzar en las transformaciones al rol con las que nos hemos comprometido”, indicó.

En paralelo, la Secretaría de Comunicaciones (Secom) sostuvo una reunión con Vallejo antes de que ella entregara la versión oficial que dio alrededor del mediodía en Palacio. Algunos en La Moneda señalan que no hubo mala fe, sino que una “excesiva ingenuidad” en no dar cuenta que podría ser visto hacia afuera como una personalización del cargo.

La vocera recalcó que “no hubo visaje” de la resolución firmada por la directora administrativa de Presidencia distribuida en 20 reparticiones, “y por eso el error administrativo fue constatado por parte de Presidencia y del mismo equipo de Irina. Esto ha sido corregido inmediatamente (...) No era parte de la definición política que esto se personalizara”.

Desde el gobierno, apuntan las culpabilidades a la división de Rozas y dan cuenta que desde Presidencia hubo un llamado de atención a ella en particular luego de que explotara el episodio Karamanos. La funcionaria -de profesión socióloga- se desempeñó durante toda la campaña a la presidencia como la encargada de finanzas y desde su cargo administra las contrataciones de los funcionarios y es responsable de la gestión tecnológica, financiera y logística de esas oficinas.

Respecto de la eventual colisión que las funciones establecidas en la resolución podían tener con otras reparticiones del Estado, como la subsecretaría de Derechos Humanos, Vallejo aclaró que en un nuevo documento se aclarará que estas siguen siendo áreas de interés de la coordinadora sociocultural, pero desde la colaboración.

“Esto ha sido modificado, ha tenido la denominación de división, también ha vuelto a ser modificado como Primera Dama (...), esto con funciones explicitadas en la resolución exenta con la proposición de lineamientos. Esto es una función residida en la Presidencia y se coordina permanentemente y hace trabajo colaborativo con las autoridades correspondientes”, recalcó.

Durante la tarde de ayer se conocieron los detalles de la nueva resolución 758, que delimita el nombre y las funciones de la Coordinación Sociocultural y que, en resumidas cuentas, despersonaliza el cargo al quitar la referencia al nombre de Karamanos. Respecto de sus funciones, el documento -también firmado por Rozas- establece que le corresponderá, desde las fundaciones que la componen, “identificar y proponer lineamientos destinados a aportar a la erradicación de la desigualdad y la discriminación de qrupos históricamente excluidos”.

Agrega que “lo anterior, se realizará con enfoque interseccional, de derechos humanos y perspectiva de género con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexo-genérica, y en coordinación con los órganos de la Administración del Estado que corresponda, sin alterar sus facultades atribuidas por Iey”.

El episodio provocó dos acciones por parte de la oposición: la UDI acudió a la Contraloría y RN esperaba invitar a Karamanos a la comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados. La idea era emplazarla para que abordara los temas que a juicio de la derecha debería liderar, entre ellos, el tema de la vejez, que la exprimera dama Cecilia Morel impulsó en su periodo.

Alcances legales

La Tercera PM consultó a diversos abogados expertos en derecho administrativo respecto de los alcances legales de la resolución. El excontralor Ramiro Mendoza afirmó que “la figura (de primera dama), en principio, no es una figura legal. Es más bien protocolar y reglamentaria, pero desde el punto de vista del gasto público, el gabinete de la primera dama y la primera dama como tal, tiene reconocidos una serie de ítems de la ley de presupuesto. Entonces, ahí van a tener un problema de legalidad. Yo creo que habría que distinguir entre lo que es protocolar y lo que es gasto público. Lo que es gasto público el asunto está reconocido en la ley a las fundaciones de la presidencia que están a cargo de la primera dama. Habría que ver bien en la ley de presupuesto cómo están todas esas fundaciones”.

Para el abogado Jorge Barrera, en tanto, un reemplazo de la institución de la Primera Dama, personificándola en Karamanos como un organismo dependiente de la Presidencia, constituye una ilegalidad. “Más allá de si le entregan o no atribuciones de otros servicios públicos a la institución “gabinete de Irina Karamanos”, lo más grave es que podríamos estar frente a una afectación de la probidad administrativa, por cuanto la medida se dicta en beneficio de un interés particular, con nombre y apellido”, señaló el profesor de Derecho de la Universidad de Chile y Universidad San Sebastián.

Luis Cordero, abogado administrativo y profesor de la U. de Chile, advirtió que “lo razonable es dejarlo sin efecto” pues “es un error jurídico de forma y fondo”, apuntando al cambio de nominación de Primera Dama -”las funciones públicas, en general, no están nominalizadas”- y a la modificación de las funciones que se le asignaban, pues “hace referencias a competencias de organismos sectoriales que son asignados legalmente”.

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