En la mira de la Contraloría: el postergado plan de Sharp para ordenar el comercio ambulante en Valparaíso

Comercio informal en la Avenida Pedro Montt de Valparaíso. Foto: Dedvi Missene.

El alcalde ha aseverado, desde 2018, impulsar un proyecto para regularizar el uso del espacio público en la Ciudad Puerto, sin embargo, a la fecha no hay resultados concretos. Bajo su mandato hay vigentes 473 permisos precarios, pero la Cámara de Comercio cifra en 7 mil a los informales. Por su parte, la Contraloría mantiene su administración bajo la mira, luego que reiterara -en mayo- observaciones al sistema de otorgamiento y cobro de autorizaciones temporales. El Colegio de Arquitectos de la comuna plantea que la problemática afecta el "derecho a la ciudad".




Ocho meses han transcurrido desde que el municipio de Valparaíso, liderado por el alcalde Jorge Sharp (IND), informó estar trabajando en un plan para regularizar el comercio informal, que paulatinamente se ha ido expandiendo por el centro de la ciudad. Ello se ve sobre todo en Avenida Pedro Montt, eje Bellavista, Avenida Uruguay, Avenida Argentina y calle Juana Ross, estas últimas, en el perímetro que bordea el Congreso Nacional.

El miércoles, la directora de Desarrollo Económico de la municipalidad, Adriana Saavedra, entregó la misma declaración que dio Sharp a este diario, en octubre de 2021: “La situación del comercio ambulante la venimos trabajando desde nuestra primera administración, sin embargo, la crisis política y social, la pandemia y también, en cierta medida, el fenómeno migratorio (...) nos ha obligado a modificar y actualizar un plan, que tiene como objetivo el ordenamiento del espacio público y que las personas puedan ir accediendo a otras fuentes de empleo”.

Hoy estamos trabajando en un Plan que comprende, entre otros, un catastro real del comercio existente (...) esto nos permitirá fiscalizar mejor y buscar soluciones que permitan organizar la oferta de este tipo de economía, ver de qué forma puede dialogar con otros tipos de comercio y en definitiva generar opciones reguladas de empleo para porteños y porteñas”, agregó.

De este modo, el mencionado “Plan” sigue en desarrollo, aun cuando en febrero de este año entró en vigencia la Ley 21.426 sobre comercio ilegal, donde “se contempla el deber de las municipalidades de regular en sus respectivas ordenanzas los lugares donde se podrá ejercer el comercio ambulante, las que deberán contener un sistema único de identificación personal, con registro fotográfico de la persona autorizada para ejercer dicho comercio”.

El 16 de junio pasado, durante el concejo municipal, el director de Seguridad Ciudadana, Claudio Opazo, informó sobre “avances en la nueva ordenanza de comercio ilegal”, según consta en el acta de la sesión.

Allí comentó que “se estableció un comité que permita adecuarse a la nueva ley” y que “lo segundo es establecer la zonificación de las arterias de la ciudad en donde se permitirá el establecimiento o espacio para poder ejercer de forma ordenada el comercio ambulante, destacando siempre que el comercio ambulante no es lo mismo al comercio ilegal. De verdad ahí tenemos (que) solicitar que haya una fecha concreta de cuándo es posible que esté esta ordenanza”.

Tres meses antes, el 10 de marzo y también en concejo, Opazo ya había informado la creación de una comisión para abordar los efectos de la nueva ley. En ese minuto, la concejala Camila Nieto (CS) solicitó al municipio “saber más específicamente en qué áreas se está trabajando (...) ya que desde el año 2018 la administración entrega la misma respuesta a este tema; que se está trabajando en un catastro, pero hasta el día de hoy los avances no se han visto reflejados en esta área”.

Ese año (2018) el alcalde Sharp invitó a crear una mesa de trabajo regional para abordar el comercio ambulante en la región. Un año después, el 15 de mayo de 2019, propuso al concejo licitar un estudio -diagnóstico- de $ 36 millones para conocer el estado del comercio informal y con ello generar un plan estratégico de intervención. Pero el proyecto fue rechazado por siete de los diez ediles presentes en la sesión.

Para Evelyn Henríquez, presidenta Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, la falta de un plan para abordar esta problemática “ha sido una constante, no solo de esta administración, también de las anteriores” y que “si bien esto ha sido pedido por los gremios de comercio, esto no ha sido atendido por esta administración, a pesar de que incluso es uno de los ejes priorizados dentro del plan de seguridad pública”.

“Hoy tenemos vías de evacuación, como Bellavista, que en caso de una emergencia, todos los servicios públicos, colegios, tienen que arrancar por ahí. Sin embargo, con la cantidad de gente instalada, claramente no se podría. Imagínate las personas que son mayores, gente que anda en silla de ruedas, transitar por las veredas de Valparaíso (...) nadie se ha hecho cargo de ordenar y de generar condiciones de dignidad, tanto para el comercio local como para la gente que está trabajando en la calle”, señaló.

Según información requerida por este medio vía Transparencia, al 31 de mayo de este año había 473 permisos precarios vigentes otorgados por el municipio; un 2.250% más que durante la administración del exalcalde Jorge Castro (UDI), la cual al 21 de noviembre de 2015 había autorizado a 21 personas para “ejercer temporalmente el comercio en bienes nacionales de uso público”.

Pero la cifra, explica la presidenta de la Cámara de Comercio, no refleja la realidad: “La cantidad de permisos versus la gente instalada no es nada”. El último catastro del gremio, de 2019, arrojó que los informales superaban las 7 mil personas.

Contraloría mantiene observaciones al municipio

En agosto de 2020, la Contraloría emitió un informe final de investigación sobre el otorgamiento de permisos precarios para el desarrollo de actividades comerciales y filmaciones en bienes nacionales de uso público.

La auditoría constató que existían permisos con pagos pendientes, otros de los que no había registro (ni comprobantes de pago asociados) y otros que fueron retribuidos con montos menores a lo establecido.

Así, el órgano fiscalizador ordenó al municipio adoptar medidas para enmendar las irregularidades detectadas.

No obstante, en un informe de seguimiento publicado en mayo de este año, la Contraloría indicó que “no es posible dar por subsanadas las observaciones”, dado que si bien la alcaldía informó el pago de algunos permisos, no aportó los comprobantes de ingreso a tesorería, y justificó la rebaja aplicada en otros casos, en base a una ordenanza posterior al otorgamiento del permiso; “cuestión que deberá regularizar la entidad efectuando el cobro” agregó la institución.

La Contraloría además ordenó al municipio “adoptar las medidas que le permitan asegurar el correcto y oportuno cobro de los derechos municipales dispuestos en la ordenanza local que rige en la especie, como también, realizar las acciones necesarias para obtener el pago de los derechos municipales adeudados”.

¿Derecho a la ciudad?

Según una minuta publicada en 2021 por la Biblioteca del Congreso Nacional, el derecho a la ciudad refiere al “derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, permanentes y temporales, a habitar, usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros y sostenibles”.

La falta de regulación del comercio informal afecta este derecho, señala la presidenta del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, Carolina Peñaloza, entendido este como un “poder colectivo, que se debería expresar en un conjunto de normas y principios (...) debiéramos tener ciertas regulaciones que son básicas para la convivencia social”.

“Uno podría entender que el comercio informal es también una forma de apropiación del espacio público, por tanto, podría coexistir de alguna forma. Sin embargo, cuando cualquier actividad es absolutamente desbordante, se afecta el derecho de otros usuarios, de participar de la construcción del espacio público” explica.

Paz Undurraga, vicepresidenta del gremio, añade que “el uso abusivo del espacio público, en una ciudad cuyas superficies comerciales disponibles en edificios está subutilizada y desaprovechada, es de partida una muestra de mala planificación. Esto no es más rentable ni para la municipalidad (que arrienda metros cuadrados en las veredas) ni para comerciantes, ni para propietarios de locales comerciales”.

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