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De cara a la última semana previa al inicio del año académico, las autoridades han ideado un plan especial para hacerle frente al aumento de personas que acudirán al tradicional sector y que en el último tiempo se ha visto empañado por la inseguridad.

El accionar de personal de Carabineros y de la Municipalidad de Santiago se enfocó esta vez al despeje del comercio ilegal de la avenida Pedro Montt, sumándose al operativo realizado la semana pasada en la calle Centenario con la misma finalidad de eliminar los toldos azules y prevenir, además, hechos delictuales.

"Puedes desplegar todos los recursos, pero si finalmente la gente sigue comprando, sigue siendo negocio", dice el ejecutivo, quien revela detalles de los próximos proyectos de Metro.

El tradicional sector comercial es hoy una olla a presión. En 16 cuadras conviven comerciantes regulares y ambulantes, chilenos y extranjeros, peleándose un espacio que no alcanza para todos y que, por lo mismo, muchas veces termina en un tipo de violencia que las autoridades no han podido resolver.

En un recurso de apelación presentado por la Municipalidad de Santiago ante el máximo tribunal, la administración de Irací Hassler aseguró que le parece "grave" que el primer fallo no se pronuncie respecto a la responsabilidad que recae en otras reparticiones del Estado. En una nueva estrategia judicial del municipio, el texto ingresado apunta a que es la Delegación Presidencial dirigida por Constanza Martínez la encargada del orden público.

Los productos tenían una etiqueta falsificada que había sido puesta sobre la original, con el fin de esconder la fecha real de vencimiento.

Antes de que se iniciara esta noche el despeje programado de algunas zonas del barrio, la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, indicó que el gobierno instruyó que se retome una mesa de trabajo con las municipalidades de Santiago, Estación Central y Lo Prado, para abordar, junto a otros actores involucrados, la lucha contra el comercio informal.

La jefa comunal de Santiago se pronunció frente al dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago, indicando que "lo más importante es que no vamos a dejar de trabajar en la recuperación de espacios públicos".

Bautizada como “Rompamos la Cadena del Comercio Ilegal”, la iniciativa busca “mantener libres los espacios” del transporte subterráneo y continuar con la recuperación de dichos lugares, que ha venido impulsando el gobierno en los últimos meses. Apunta a comida, medicamentos y artículos navideños.

Desde el 19 de mayo pasado, la Delegación Presidencial se propuso recuperar varios sectores de la capital y tratar de erradicar la delincuencia y el comercio ilegal. En la mayoría lo ha logrado, pero Plaza de Armas y el Paseo Ahumada no logran escapar de los carros, los toldos y los productos en el piso.

Antes de asumir como delegada presidencial de la Región Metropolitana, la exdirigenta estudiantil se caracterizaba por mantener una postura crítica de las fuerzas de control de orden público. Sin embargo, ha tenido que ir haciendo a un lado ciertos reproches y trabajar codo a codo con ellos para, por ejemplo, avanzar en el control del comercio irregular. Como sincera luego de nueve meses en el puesto, Carabineros se transformó en uno de sus principales "aliados" para realizar la labor que le encomendó el Presidente Boric.

La policía uniformada conformó distintos escuadrones para aumentar las fiscalizaciones en Plaza de Armas, Paseo Ahumada, San Pablo, Puente, entre otras calles del casco histórico. La comuna no enfrenta un buen escenario: desórdenes en los liceos emblemáticos, el disparo del comercio ambulante y un aumento de un 55% en los delitos de mayor connotación social. El municipio también activó un plan.

La alcaldesa tenía planificado asistir este miércoles a un encuentro por el medioambiente en Montevideo. Hasta hace poco era una decisión tomada, a pesar de los desórdenes en los colegios y comercio ambulante lo que ya le había generado críticas en el seno del Concejo Municipal. En las últimas horas la jefa comunal optó por quedarse.

La iniciativa tendrá una duración de dos meses, en los que se desplegarán cuadrillas informativas para comunicar "a los usuarios sobre los riesgos asociados a los que se exponen frente a la compra y consumo de alimentos sin las condiciones mínimas sanitarias”.

La iniciativa financiada por casi $380 millones convocará a más de 3.200 comerciantes informales para que “se reinventen laboralmente, ya sea insertándose en un trabajo formal o iniciando un nuevo emprendimiento”.