Fiscalía de manos atadas: gobierno no se querellará contra Llaitul, lo que impide investigar en lo penal su llamado a la “resistencia armada”

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En la Ley de Seguridad del Estado se exige que sea el Ministerio del Interior el que, a través de una denuncia o querella, permita abrir una causa penal para que el Ministerio Público pueda perseguir la conducta que habría desplegado el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) la semana pasada. Hoy el subsecretario de esa cartera, Manuel Monsalve, descartó que el Ejecutivo emprenda acciones en contra del comunero, dejando sin efecto la posibilidad de buscar una condena contra "los que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno constituido ". Ex abogados de La Moneda acusan: "el gobierno está tomando palco".




Que sí, que no. Pese a que en Tolerancia Cero la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, había anunciado que el Gobierno se querellaría en contra de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) por el llamado que hizo la semana pasada a “preparar fuerzas, a organizar la resistencia armada”, este miércoles fue el propio subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien descartó absolutamente -en Radio Universo- que vayan a emprender nuevas acciones legales en tribunales.

“No es necesario ir sumando querella sobre querella, nosotros vamos a aportar antecedentes a la denuncia que se hizo el año 2021. Hay que usar las herramientas que son eficaces y, en este caso respecto a las declaraciones del líder de la CAM, nos parece que la herramienta más eficaz es incorporar estos antecedentes a denuncias que ya están hechas, no a una querella nueva”, explicó la autoridad.

El miércoles 11 luego del anuncio del frustrado proyecto del Presidente Gabriel Boric sobre un “estado de excepción intermedio” para enviar a militares a resguardar el orden público en las carreteras, el líder de la CAM sostuvo: “Se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo estado de excepción. Es decir los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric (...) a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”.

Invocar la LSE

El problema, dicen voces al interior del Ministerio Público, es que la inacción del Gobierno y esta actitud reacia a presentar querellas impide la persecución de estas conductas, principalmente porque los dichos de Llaitul al medio Werkén dan cuenta de una conducta que está descrita en la Ley de Seguridad del Estado (LSE) y sólo es el Ejecutivo -a través de una querella de Interior que individualice la acción delictual- la que puede invocarlo, ya que no son delitos que se puedan indagar de oficio. En el ente persecutor recuerdan lo que ocurrió recientemente en La Serena cuando el 21 de abril un hombre lanzó una piedra al Mandatario. No hubo denuncia, ni querella por parte de La Moneda lo que permitió que la defensa del imputado alegara la ilegalidad de su detención, siendo liberado por el tribunal. Días después, Boric confirmó que se querellaría.

En específico, explican fuentes consultadas, lo que hace Llaitul es similar a lo que se castiga en la LSE en su artículo 4, letra A: “Los que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno constituido”.

“Si ellos que son el gobierno no consideran que los dichos de la CAM son graves, qué podemos hacer nosotros”, sostuvo una alta fuente policial que trabaja en atentados que se producen en la Macrozona Sur del país.

En 2019, los abogados del ex Presidente Sebastián Piñera emprendieron una acción similar. Lo hicieron en contra del dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, Dauno Tótoro, cuando en medio del estallido social llamó a “echar abajo al Gobierno”, “sacar a los militares de las calles, para sacar a las policías de las calles, para echar abajo a este gobierno de criminales”. Meses después esta acción fue retirada por la Intendencia, por lo que no hubo una discusión de fondo del asunto.

Un gobierno zigzagueante

Quienes han trabajado asesorando o patrocinando acciones de los ex gobiernos coinciden en que hay una actitud errada por parte del Ministerio del Interior. La ex jefa de la División Jurídica, la abogada Ximena Risco, sostuvo que “esta es otra señal de la confusión del gobierno frente a su rol en la seguridad. La ministra Vega, coordinadora de la Macrozona, anunció una querella, pero el subsecretario Monsalve deja sin efecto el anuncio. Hay un complejo para aplicar la normativa sobre seguridad: tenemos una persona que hace un llamado a armarse, a poner resistencia al gobierno y este gobierno lo relativiza. Es una mala señal del Ejecutivo, que solo parece avanzar hacia la impunidad de estas acciones, limitando a la Fiscalía que, sin la LSE, no puede investigar de oficio estos hechos”.

Asimismo, el penalista Gabriel Zaliasnik, quien patrocinó querellas en el gobierno anterior, sostuvo que a su juicio “el gobierno está tomando palco” ante estas graves acciones. “Yo creo que el gobierno está confundido. Esto no es academia. Aquí se trata de usar todas las herramientas jurídicas para restablecer el imperio del derecho. En ese sentido las querellas no solo implican hacer uso de herramientas especiales como Ley de Seguridad del Estado, sino que le permiten al gobierno ser parte en la investigación, mientras que en la denuncia solo toma palco y no interviene”

Junto con esto, agrega: “no soy un entusiasta de las querellas particulares en general, pero en la Araucanía y frente al abierto desafío al estado de derecho y al gobierno que plantea un grupo terrorista, es deber del gobierno actuar con contundencia. La CAM ya se dio cuenta que esta frente a un gobierno zizgagueante y eso solo agravará el conflicto. Falta decisión política sin lugar a dudas”.

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