La batalla legal que inició Maipú contra una mafia que se dedica a vender terrenos ilegales y extorsionar a migrantes

—Tengo que hablar algo con usted, necesito contarle algo.

Eso fue lo que le dijo una mujer venezolana a la funcionaria de Maipú que estaba junto a un equipo municipal haciendo una visita en el campamento que se ubica en el acceso Santa Marta con Camino Melipilla. En este asentamiento hay 29 viviendas y habitan cerca de 90 personas, entre adultos y niños. Más del 80% son extranjeros, mayoritariamente venezolanos y en situación migratoria irregular.

La funcionaria percibió que algo pasaba. La mujer se veía nerviosa y asustada. Además no era primera vez que visitaba ese campamento, un asentamiento ilegal que se formó al costado de ese camino y que queda al frente del campamento Vicente Reyes.

Los equipos de la comuna empezaron a trabajar con este campamento desde que a la municipalidad llegaron denuncias por redes sociales y por correo electrónico. En esos mensajes se alertaba que se estaban tomando los terrenos ubicados en ese sector. Fue en ese momento cuando el alcalde Tomás Vodanovic instruyó hacer una visita para inspeccionar el lugar. Esa vez se pudo catastrar que ya vivían cinco familias que habían construido su casa hace poco y pudieron observar que habían otros inmuebles en construcción.

Los funcionarios municipales hablaron con la comunidad de ahí para explicarles que no podían instalarse en ese terreno, que era ilegal y sobre todo peligroso. Al estar justo al costado de una calle grande, donde pasan a diario camiones, había riesgo de que ocurriera algún accidente. Estaban en eso cuando llegó un grupo de cinco personas, su mayoría colombianos, que cruzaron del campamento Vicente Reyes con dirección a este asentamiento.

El grupo empezó a preguntarle a los funcionarios municipales qué hacían ahí y realizaron una serie de otros cuestionamientos. En ese primer encuentro, los trabajadores de Maipú notaron que el grupo no dejaba que el resto de los vecinos siguiera hablando y sintieron tensión entre ellos.

Dos días después, la municipalidad llegó a hacer un operativo para desarmar las casas que no estaban habitadas. Ahí pudieron botar entre cinco y seis casas que estaban desocupadas. Nuevamente el grupo de colombianos volvió a aparecer. Esta vez estaban aprovechando de llevarse el material que sobraba de las casas desarmadas antes de que la municipalidad retirara los escombros.

El asunto quedó como prioritario y los equipos de la Dirección de Desarrollo Comunitario empezaron a realizar visitas semanales para estar en contacto con la comunidad del campamento y monitorear constantemente la situación. Fue en una de esas visitas cuando la mujer venezolana se acercó a una de las funcionarias para decirle, atemorizada, que tenía que conversar con ella.

En ese diálogo la vecina, que era madre de tres hijos chicos, reveló la verdad y contó que el grupo de colombianos funciona como una mafia, que vende los terrenos a migrantes en situación irregular, los lotean, les ofrecen ayuda para construir y luego les cobran dinero por arriendo. En caso de no pago, vienen las amenazas.

Dada la gravedad de la situación, el alcalde Vodanovic tomó la decisión de querellarse. El miércoles 23 de marzo ingresó la acción judicial en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. La querella ya fue declarada admisible, va dirigida contra todos quienes resulten responsables e invoca los delitos de asociación ilícita y estafa.

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para combatir a estas mafias inescrupulosas que se dedican a hacer un negocio ilegal con el drama humanitario de inmigrantes y el déficit de de vivienda que existe en nuestro país”, afirma Vodanovic a La Tercera PM.

El alcalde de Maipú explica que la política de la municipalidad “no consiste en desalojar familias ya instaladas, sino en no permitir que estas bandas instalen nuevos campamentos y ahora nos hemos querellado para que estos criminales respondan ante la justicia”

En el relato de los hechos de la querella, se pueden apreciar más detalles sobre el método ocupado por esta mafia: “El municipio de Maipú pudo advertir que tal asentamiento se compone de un 90% de personas inmigrantes, que pueden ocupar un sitio tras el pago de $ 500.000 a personas también extranjeras que residirían en el Campamento Vicente Reyes. Como es de suponer, dichas construcciones carecen de acceso a agua potable, alcantarillado y demás servicios básicos y se ubican en un área no edificable por su inmediata proximidad a rutas de alta velocidad y, además, por existir actividades industriales autorizadas relacionadas con el gas y el petróleo”.

El escrito agrega que “dicho grupo se encontraría compuesto por, al menos cinco hombres de nacionalidad colombiana, cuyas identidades reales se desconocen, quienes se distribuyen distintas funciones y tareas con el fin de estafar muy principalmente a personas extranjeras que han ingresado por pasos no autorizados, provenientes de la comuna de Estación Central”.

Finalmente la querella plantea los riesgos que viven los vecinos del lugar: “Se logró advertir que, tras el pago inicial asociado al sitio, quienes se han asociado ilícitamente, cobran en forma regular un ‘arrendamiento’ por el uso de las viviendas y para ello amedrentan a sus moradores en caso de retrasos o negativas en el pago, incluso amenazándolos de expulsar a todo su grupo familiar, generalmente integrado también por niños y niñas. Tras cada oportunidad que el personal municipal ha visitado, dichas presiones y coacciones se intensifican”.

La batalla legal que inició Maipú hará que la Fiscalía Metropolitana Occidente y la PDI inicien una investigación para esclarecer estos hechos y buscar a los responsables.