La prueba de fuego de Ríos: ministra de Justicia inicia sondeos para nuevo fiscal y senadores acortan lista a tres nombres

La ministra Marcela Ríos.

En las conversaciones informales que ya se desataron entre parlamentarios y el gobierno ya se habla de una lista corta a la quina que acordó inicialmente la Suprema. Las preferencias de los senadores se concentran en los fiscales regionales José Morales y Carlos Palma y el abogado penalista Ángel Valencia.


Una ronda de reuniones entre la cafetería del Senado y la oficina aledaña al hemiciclo sostuvo este miércoles la ministra de Justicia, Marcela Ríos, con el fin de realizar los primeros sondeos entre senadores respecto de la propuesta de nuevo fiscal nacional en reemplazo de Jorge Abbott que debe realizar el Presidente Gabriel Boric.

El jefe de la bancada PPD, Jaime Quintana, y el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (Partido Demócrata) fueron algunos que participaron de los diálogos liderados por la ministra, quien también almorzó con los senadores del PC, RD y el FREVS para explorar opiniones sobre el inminente nombramiento. También estaban previstas conversaciones con representantes del PS y la UDI.

El martes, Ríos ya se había reunido con el senador de RN Rodrigo Galilea, uno de los cinco integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, instancia que será crucial para tramitar el nombre que escoja el Mandatario dentro de la quina que propuso la Corte Suprema

La misma ministra transparentó el martes que iniciaría estas conversaciones para una nuevo fiscal, en reemplazo de Jorge Abbott quien dejó el cargo por límite de edad el 30 de septiembre.

Si bien es facultad exclusiva del Mandatario definir a una persona para conducir por los próximos 8 años al Ministerio Público, institución crucial para el combate de la delincuencia, la propuesta presidencial debe ser aprobada por dos tercios del Senado, es decir 33 votos. Por lo tanto, se trata de un nombramiento que requiere un acuerdo transversal. De ahí, el interés del gobierno de iniciar los sondeos respecto de las cartas en juego.

Las gestiones de Ríos, sin embargo, también constituyen una prueba de fuego para ella. En algunos sectores de oposición y de sectores afines al Ejecutivo hay dudas si la ministra tendrá la capacidad de generar un acuerdo. En sectores opositores, de hecho, hay críticas a su desempeño y aún no está descartada la posibilidad de presentar una acusación constitucional en su contra por la negociación de las autoridades de Gendarmería con tres internos mapuche, recluidos en el penal de Angol, que fueron trasladados a otros recintos tras diversas presiones.

No obstante, en el Senado, la ministra ha logrado ciertas afinidades con la DC y en la derecha, además de sus naturales aliados en el oficialismo, y ya tiene un precedente favorable en lo que fue el proceso de nombramiento de la nueva ministra de la Corte Suprema, María Soledad Melo, que logró una votación unánime, gracias al voto de 44 senadores.

Sin embargo, entre las bancadas de la Cámara Alta coinciden en que esta negociación por el nuevo fiscal nacional es mucho más compleja.

Incluso, algunos sugieren que Ríos sea apoyada por las ministras Carolina Tohá (Interior, PPD) y Ana Lya Uriarte (Segpres, PS), pero en el gobierno remarcan que por ahora la titularidad de las tratativas la tiene Ríos.

Además, dado que el panorama no está claro, un senador oficialista plantea que es probable que el gobierno recurra a una prórroga para dar más tiempo a las conversaciones, si no, dado los plazos legales y constitucionales, el nombramiento tendría que votarse a fines de noviembre, justo en medio de la etapa final de tramitación de la Ley de Presupuestos, que por lo general copa la agenda del Congreso.

En el Ejecutivo manejan un timing un poco más optimista. Si las conversaciones que lidera Ríos fluyen rápidamente y se logra construir un consenso en estos días, podrían presentar la propuesta antes del 16 de noviembre. En caso contrario, coinciden en que la tramitación presupuestaria obligaría a aplazar el proceso de nombramiento del jefe del Ministerio Público.

En las conversaciones informales que ya se desataron entre parlamentarios y el gobierno ya se habla de una lista corta a la quina que acordó inicialmente la Suprema. Las preferencias de los senadores se concentran en los fiscales regionales José Morales y Carlos Palma y el abogado penalista Ángel Valencia.

Morales y Valencia también quedaron como favoritos del pleno del máximo tribunal, que además de Palma, incluyó en su quina a la jefa de Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, y al abogado y académico Rodrigo Ríos.

Sin embargo, Herrera, quien fue una de las colaboradoras más cercanas de Abbott, se transformó en la primera descartada por los senadores, ya que transversalmente existe un criterio de que el nuevo fiscal no debe ser una carta de continuidad al exjefe del Ministerio Público, de quien existe una mala evaluación de su gestión y una pésima impresión de cómo fue su proceso de nombramiento, contaminado entonces por un fuerte lobby de abogados y por investigaciones judiciales que involucraban a parlamentarios y a partidos políticos.

El jefe de senador UDI, Iván Moreira, ya había señalado el fin de semana en redes sociales que el nombre que defina a Boric, “no debe ser cercano a Abbott que tanto daño hizo a la Fiscalía. Todos sabemos cómo llegó al cargo y lo que prometió. Necesitamos garantías de liderazgo, profesionalismo y no uso político. Senado atento al nombre que propondrá”.

También completamente descartado está Rodrigo Ríos, quien representó en el pasado a un narcotraficante y obtuvo la menor votación de la Suprema dentro de la quina.

Un legislador oficialista admite en privado que en el caso poco probable que el Presidente opte por Rodrigo Ríos rechazarán la propuesta.

El problema es que la lista corta de tres nombres (Morales, Valencia y Palma) aparentemente tampoco entusiasma en el Ejecutivo, según advierten algunos senadores.

Incluso en la bancada de Apruebo Dignidad, donde existen derechamente reparos a Morales, sugieren que el Mandatario envíe un nombre para que sea rechazado y obligue a rehacer todo el proceso. Esa idea, sin embargo, no es compartida en el Socialismo Democrático ni en las otras fuerzas que no son de gobierno.

En este nuevo proceso, además, no se aprecia un alineamiento de fuerzas políticas por determinados candidatos. Todas las bancadas están divididas.

Por ejemplo, en la UDI las preferencias se concentran en Palma, básicamente por la opinión favorable que ha transmitido el senador por Aysén, David Sandoval, quien lo conoce por ser de su región. No obstante, también hay quienes les agradan más los nombres de Morales y Valencia.

En el PS, igualmente están dispersas las opiniones entre Palma, Morales y Valencia.

En el PPD y en RN, creen que Morales y Palma tienen un favoritismo obvio por la votación que tuvieron en la Suprema, pero hay quienes defienden a Palma, porque al ser de regiones creen que estaría “menos contaminado”.

En la bancada DC-Partido Demócrata por ahora hay una inclinación por Morales.

En el Frente Amplio y el PC, en tanto, no hay una preferencia, pero ya se han definido criterios.

“Lo que nos interesa como bancada es que sea una persona que tenga capacidad de liderazgo de gestión de modernización del Ministerio Público y de enfrentar desafío complejos, en materia de seguridad pública, en el combate del crimen organizado, narcotráfico, delitos de cuello y corbata, la corrupción, delitos ambientales y los conflictos de interés”, dijo el senador Juan Ignacio Latorre (RD).

En tanto, el senador Quintana (PPD), cree que “el elegido o elegida debe ser quien garantice mejor una persecución penal eficiente, lo que supone una adecuada conducción de ese organismo y una óptima coordinación con las policías en su rol investigativo”.

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