Los mails incautados de Ramiro Mendoza y Dorothy Pérez: Fiscalía va tras sumario perdido que pudo frenar fraude en Carabineros

La semana pasada, de forma personal, el fiscal de Magallanes Eugenio Campos, a cargo de investigar el mega fraude en Carabineros, acudió junto a personal del OS7 hasta las oficinas de Contraloría en Teatinos 56. En su poder tenía una orden judicial de incautación de los correos electrónicos de diversos funcionarios que ejercían labores en la institución el año 2010 y que podrían estar vinculados con la misteriosa desaparición de un sumario a la institución uniformada, cuya existencia sólo consta en un documento que señala que fue "anulado".

La gestión incluía a quienes se desempeñaban en la época el área de control y a dos personeros clave que han declarado al respecto, en calidad de testigos, frente a Campos. La subcontralora Dorothy Pérez, cuya eventual reintegración al organismo fiscalizador será zanjada la próxima semana por la Corte Suprema; y el abogado Ramiro Mendoza, quien, cuando se extravió el informe que pudo haber frenado el desfalco, lideraba la institución fiscalizadora. Fuentes de la investigación aseguran que este material, junto al que ha sido aportado voluntariamente por los involucrados, está siendo sometido a una ardua inspección en la búsqueda de un indicio que explique qué hilos detuvieron la revisión de los antecedentes en Carabineros.

De hecho, uno de los puntos cruciales para el Ministerio Público es desentrañar los pormenores de una reunión que sostuvo el 14 de junio de 2010, al retornar de sus vacaciones, el excontralor con el entonces general director de Carabineros Eduardo Gordon, quien hoy se encuentra formalizado por malversaciones de caudales públicos en otra arista del caso.

Seis días después de aquella cita, el 20 de junio, se cerró de forma irregular el proceso y en los meses siguientes se facilitó, por distintos mecanismos, el pago de las deudas que trataron de ser indagadas y que fueron atribuidas por Carabineros a problemas con el software remuneracional. Cabe señalar que precisamente mediante este software se construyó por más de dos décadas el fraude que se empina a los $30 mil millones.

Consultado respecto de la incautación, Mendoza aseveró a La Tercera PM que "sabía eso. No tengo problemas en ello", pero no quiso profundizar en el tema.

Pérez, en tanto, argumentó que ella ha colaborado con la indagatoria. "Le aclaro que mis mails no han sido incautados y que en mi calidad de testigo, yo he aportado documentos físicos y electrónicos para colaborar con la investigación", precisó.

También agregó que "los antecedentes acreditan que sólo a contar del año 2011, el monitoreo directo y la dirección superior del Área de Control Disciplinario e Inspectivo (CDCI), pasó a depender de mí. Previamente, dicha área era dirigida y su trabajo (incluyendo los sumarios) era monitoreado por otras jefaturas. A su vez, los documentos prueban que los dos funcionarios que declararon como imputados y que fueron despedidos por el señor Contralor, auditaron a Carabineros desde los años 90 y hasta el año 2007, mientras que yo recién llegué a la División de Auditoría 3 años después, a mediados de 2010".

Desde Contraloría, frente a la pregunta de si es normal que un proceso administrativo tenga el rótulo de "anulado" informaron que "no existe la figura de la 'anulación' en la administración pública. Lo sumarios se terminan a través de una resolución y dicha resolución puede aplicar una sanción, sobreseer o absolver". En referencia a si se conoce en qué circunstancia se extravío el documento sumarial, recalcaron que "este tema es materia de investigación. Aun no se ha resuelto".

Como es sabido, la investigación de Campos respecto del fraude y la citación de Pérez como testigo en esta causa fue uno de los elementos cruciales en el quiebre entre el actual contralor, Jorge Bermúdez, y su segunda a bordo en agosto pasado. La determinación de Dorothy de no renunciar a su cargo cuando ello le fue solicitado y derivar el tema a tribunales marcó un enfrentamiento inédito que en los próximos días será resuelto por el máximo tribunal. Bermúdez ha consignado que le sería muy difícil volver a trabajar con Pérez, pero la semana pasada descartó dimitir si es obligado a ello. En medio de esta pugna, Campos ha continuado su labor, una que ha aumentado la desconfianza de Bermúdez sobre cómo se controló en el pasado a Carabineros.