“Estimado Andrónico, agradecemos su preferencia por Colmena y esperamos que su experiencia con nosotros en el último año haya sido satisfactoria. Nuestro compromiso nos impulsa cada día a desarrollar mejores servicios, convenios y beneficios que se ajusten a sus necesidades, y que esperamos sigan contribuyendo al cuidado de su salud y el de su familia”.
Así comienza la carta que envió el 18 de mayo, Colmena Golden Cross a Andrónico Luksic Lederer (38), director de Quiñenco -matriz de Banco de Chile, Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) y la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) entre otras empresas- e hijo homónimo del propietario de Canal 13. En la misiva, la isapre ligada al Grupo Bethia, de Carlos Heller le explicó que su plan de salud debía ser reajustado por un fuerte aumento de costos y siniestralidad promedio de sus afiliados. Por lo mismo, le dio a escoger dos alternativas: aceptar el cambio o reclamar. En caso de optar por esa última opción, le explicó, el tendría un plazo fatal que expiraba el último día hábil de agosto y que “podrá reclamar ante la Superintendencia de Salud” o derechamente desafiliarse. Pero Luksic -miembro de una de las familias más acaudaladas de Chile, cuya fortuna es avaluada en US$10.8 billones, según el ranking Forbes 2020- decidió hacer lo que miles de afiliados hacen cuando no están de acuerdo con el alza de su plan de salud y llevó el caso a tribunales.
El pasado viernes 28 de agosto, el también vicepresidente de Desarrollo de Antofagasta Minerals presentó un recurso de protección en contra de la isapre por el alza en el precio de su plan de salud ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En su escrito pide dejar sin efecto la adecuación, pues a su parecer el incremento es “excesivo e injusto” y “solo busca generar mayores utilidades” o que se retire de la isapre. El caso es que, de seguir adelante con su recurso, Luksic lograría que en tribunales le anulen el incremento de 4,9% sobre el precio base de su plan de salud y, al mismo tiempo, seguir siendo beneficiado con la Circular Nº 15 de la Superintendencia de Salud del 22 de julio de 2019 que permite un ajuste a favor de los afiliados en la tabla de factores.
Según le explicó Colmena en la carta de adecuación que adjuntó la abogada en el recurso, actualmente Luksic paga 22,28 UF ($639.019) por su plan de salud y una vez reajustado pasaría a 22 UF ($630.989). Si bien después del reajuste terminaría pagando $8.030 menos, el cuestionamiento del empresario -según su recurso de protección- apunta al incremento del precio base su plan de salud, que pasa de 3,96 UF ($113.582) a 4,15 UF ($119.031), considerando un alza de 4,9%. De hecho, en su carta se le explicó que actualmente cuenta con un el Plan Complementario LINE CLC 7114 por el que paga 20,20 UF ($579.397) y a contar del mes de agosto, el precio base de su plan será reajustado en 0,19 UF ($5.450), que luego de aplicar la suma de factores de su grupo familiar, que en su caso particular se ha rebajado producto de un cambio de tramo de edad de uno o más de sus beneficiarios, equivale a una cotización total de 19,92 UF ($571.365) mensuales. Su defensa es encabezada por Luciana Caro, socia fundadora de “Defiende Tu Plan” -según su página de LinkedIn-, el que de acuerdo a los registros del Poder Judicial, desde 2012 a la fecha acumula un total de 1.483 recursos de protección presentados en contra de isapres.
Todo ello en medio de un contexto cada vez más cuesta arriba. Según cifras de la Asociación de Isapres este año se proyecta el pago de costas por U$65 millones, monto equivalente a dar atención de salud por un año a 100 mil personas. “Es urgente avanzar en una reforma que se haga cargo de mejorar el sistema y otorgue certeza a los cotizantes, tribunales y opinión pública, sobre la determinación de los precios de los planes. En paralelo, las isapres están realizando esfuerzos para comunicar a sus afiliados el crecimiento de los costos de la salud y este año las adecuaciones se informaron en base al indicador establecido por el INE y la Superintendencia de Salud (IRCSA)”, dijo a La Tercera PM, dijo el presidente del gremio Gonzalo Simón, el pasado 13 de agosto.
Pero Luksic no es el único empresario que ha acudido a tribunales para evitar el alza de su plan de salud, siendo favorecidos por la jurisprudencia que termina beneficiando a los afiliados.
Gonzalo Said Handal (55), vicepresidente de la Sofofa y accionista de Embotelladora Andina, Scotiabank y Pesquera Coloso también recibió una carta de adecuación de su plan de salud en Colmen, en diciembre de 2018. En ella, la isapre le explicó que el precio final de su plan subiría de 21,71 UF ($622.708) a 22,65 UF ($649.670), pero los argumentos esgrimidos por la isapre no lo convencieron y presentó un recurso de protección el 17 de enero de 2019. A diferencia del caso anterior, que está recién comenzando, éste ya fue zanjado a favor del afiliado y las costas finalmente fueron pagadas por la isapre con un vale vista el pasado 27 de agosto.
En su recurso de protección, Said advirtió que “no es aceptable” la circunstancia excepcional de modificar el precio del plan de salud debido a mayores costos que cuando se contrató originalmente. “Si la Isapre actúa de esa manera, viola las garantías constitucionales de libre elección del sistema de salud y el derecho de propiedad, desde que establece una discriminación carente de fundamento que impide a una persona mantenerse en un plan elegido libremente por ella”, acotó en su escrito, presentado por la abogada Carolina González.
A su vez, Jorge Yarur Rey (75) -empresario- también presentó este año un recurso de protección para frenar el alza de su plan de salud en contra de isapre Cruz Blanca, que subió de $551.341 a $596.314 mensuales. En su acción, el hermano de Luis Enrique Yarur, presidente del directorio de BCI, sostuvo que el reajuste “carece de toda justificación, por lo que es arbitrario”. “Ni la Ley ni el contrato de salud establecen norma alguna que autorice a la recurrida a elevar el precio base de un plan de salud sin causa alguna. Si así fuera el contrato dejaría inmediatamente de ser oneroso y conmutativo, o sea dejaría de ser un contrato para transformarse en un instrumento despótico de la Isapre sobre sus afiliados”, acotó el escrito presentado por el abogado Ricardo González e ingresado el pasado 18 de marzo de 2020.
Sin embargo, a diferencia de los casos anteriores, Cruz Blanca se allanó a la petición del afiliado y solicitó al tribunal quedar exenta de pago de costas.
La defensa de Colmena y Cruz Blanca
En su carta, Colmena explicó a Luksic que en 2019 el resultado operacional del conjunto de las Isapres fue una pérdida total de $25 mil millones. Entre las causas que explican estos resultados se cuentan la judicialización de los propios reajustes de precios, los cambios regulatorios que han entrado en vigencia recientemente y el crecimiento de los costos de salud señalado anteriormente. De hecho, “en el caso de Colmena, en 2019 se registraron pérdidas netas por $384 millones”, acotó. Según el mismo documento, la siniestralidad promedio que tuvieron los planes complementarios LINE CLC 7114 durante el último año fue de 119,6%, lo que significa que por cada 1.000 pesos de cotización el uso promedio es de $1.196. Además de esos costos, la Isapre tiene gastos de administración y ventas de 11,6% sobre los ingresos. “Ambos factores sumados hacen que el nivel de siniestralidad no sea sustentable, por lo que es necesario que el precio base de estos planes sea reajustado”, acotó en su carta Felipe Galleguillos, Gerente Comercial de Colmena Golden Cross.
En tanto, Colmena también explicó a Said que “el gasto en prestaciones de salud se origina en los prestadores (clínicas, hospitales, consultas médicas, laboratorios, etc.) y nuestra isapre no puede intervenir en la relación privada que existe entre médicos y pacientes”. En ese contexto el incremento de los gastos de salud obedece -según consta en el expediente público- a cinco razones: el aumento de la expectativa de vida de la población; un alza en el costo en los prestadores; un incremento del número y costo de licencias médicas y alza en el uso de las prestaciones en conjunto con una mayor tecnología y equipamiento médico.
En el caso de Jorge Yarur, Cruz Blanca explicó en su carta de adecuación que de acuerdo a la Ley de Isapres, “no puede ajustar el precio base de su plan más allá del tope máximo equivalente a un 30% por sobre el promedio de ajuste al conjunto de todos los planes vigentes para todos los afiliados”. Esto significa -según la compañía- que si el ajuste de precio calculado para su plan excede dicho tope máximo, tal exceso deberá ser distribuido solidariamente entre los afiliados pertenecientes a los otros planes al interior de la lsapre.
“Este proceso de adecuación lo tomamos con la máxima responsabilidad, porque queremos seguir brindándote la confianza de que somos la única isapre con grupo internacional como Bupa y asimismo, contamos con una robustez financiera sólida para la tranquilidad de nuestros usuarios”, explicó en su carta Andrés Guimpert, Gerente Comercial y de Clientes lsapre CruzBlanca.