Mesa de la Convención alista nuevos cambios en cronograma para no solicitar una prórroga al Congreso

El trabajo a contrarreloj de la Convención Constitucional no ha parado. El objetivo que se autoimpuso la mesa encabezada por María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales Constituyentes) es cumplir con los plazos actualmente establecidos en la Constitución, evitando así solicitar una prórroga que podría alterar el cronograma del plebiscito de salida que hasta ahora podría caer el 11 de septiembre.

Sin embargo, ajustar los tiempos para cumplir con ese cometido viene de antes. Ya en diciembre pasado, la mesa reformó el cronograma. Eso sí, lo hizo previo a conocer el número de iniciativas que ingresarían -1.266, entre las populares, constituyentes y las indígenas- y su contenido. Por lo mismo, es que ahora la mesa alista un nuevo ajuste del calendario.

En las semanas previas, en la medida que avanzaban las votaciones, la mesa identificó que disponer de un pleno entero para la votación en general y otro para la particular -en que se consagran las normas que se incluyen en el borrador de nueva Constitución- generaba que las fechas corrieran riesgos.

Por eso, para continuar con ese trabajo, el vicepresidente de la mesa, Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales), citó a una reunión en febrero con los colectivos para decirles que era importante hacer adecuaciones reglamentarias que permitieran cumplir los plazos. Este llamado consistió en el primer “golpe de timón” desde la mesa directiva para lograr cumplir con los actuales tiempos establecidos, es decir, el próximo 4 de julio, fecha límite para entregar el proyecto de nueva Constitución.

Como consecuencia de ese llamado, ocurrieron dos cosas: una reforma reglamentaria, que logró 96 votos a favor en el pleno, y que permitió que la votación en general no pudiera separarse de los informes, pero este empezaría a correr desde los segundos bloques. Por eso, en todos los primeros informes, se están votando en general por separado y después en particular.

Otro de los puntos decididos por la mesa directiva fue la redistribución de las normas desde la comisión de DD.FF a otras comisiones. Esto en consideración de que esta instancia temática acumula más de 500 iniciativas, un 38% del total que llegaron a la Convención.

Con estas dos medidas, la mesa directiva está alistando los cambios finales al cronograma “ajustado a la nueva realidad”, en consideración del trabajo que tiene por delante cada una de las comisiones, lo cual esperan socializarlo la próxima semana con el pleno de la Convención.

Uno de los cambios que la mesa busca incluir en el cronograma es la reducción de las semanas destinadas a la etapa de armonización. En el cronograma original se planteaba que esta instancia, compuesta por 40 convencionales, tendría siete semanas para visibilizar contradicciones, errores gramaticales o problemas de coherencia del borrador de nueva Constitución. Desde la mesa señalan que esta etapa podría tener una extensión de hasta tres semanas.

En medio de las voces de algunos convencionales que han dicho que sería conveniente pedir al Congreso una prórroga para extender el trabajo del organismo más allá del 4 de julio, la mesa apuesta a dar por cerrado el tema con esos ajustes y dar cuenta que los tiempos sí alcanzarán.

Esta decisión se da luego de que el vicepresidente Domínguez anunciara el pasado 9 de marzo que esperarían a “recibir el primer informe de cada una de las comisiones” para evaluar si es necesario solicitar prórroga al Congreso. Hoy, con todas las comisiones con su primer informe entregado, los esfuerzos de la mesa apuntan a descartarla.

“El cronograma general de la convención fue hecho en diciembre a ciegas sin saber cuántas normas ingresarían. En febrero se cerró el plazo de ingreso de normas por convencionales y la ciudadanía, y en consecuencia, se hace necesario ajustar la distribución del tiempo dentro del cronograma. Hemos decidido esperar a la votación de la primera tanda de informes, para poder proponer al pleno un cronograma que permita proyectar el trabajo completo hasta el 4 de Julio”, dijo Domínguez a La Tercera.

La solicitud de la prórroga ha sido un tema que, particularmente desde el Colectivo Socialista, han empujado. De hecho, varios de sus convencionales han hecho llamados a la mesa directiva para abrirse a la posibilidad de solicitar esta opción al Congreso.

Así lo hizo en febrero el convencional Pedro Muñoz (Colectivo Socialista), quien pidió a la mesa que discuta la posibilidad de solicitar cierta ampliación del plazo. “Dentro de la Convención es un secreto a voces que estamos constreñidos por los plazos. Yo invitaría a la mesa directiva a hacerse cargo del problema de los plazos, porque afecta indudablemente la calidad de la nueva Constitución”, sostuvo por esos días Muñoz.

Ante la nueva propuesta de la mesa, el convencional César Valenzuela (Colectivo Socialista), quien también hizo pública su voluntad de abrirse a la idea de la prórroga, señala que todos los esfuerzos por tratar de optimizar el tiempo son positivos.

Sin embargo, Valenzuela, quien es uno de los coordinadores de la comisión de DD.FF, mantiene su posición con respecto a la solicitud de prórroga. “Lo que debemos hacer es tratar de generar todas las iniciativas, todas las acciones que nos permitan poder llegar dentro del plazo. Lo cual no significa renunciar a algo que yo creo que es evidente, y es que efectivamente requerimos de una prórroga”, aseguró.

Los nueve integrantes de la mesa, salvo Tomás Laibe (Colectivo Socialista), están por cumplir los plazos actuales de la Convención y están reacios a la idea de una extensión del trabajo. En la mesa encabezada por Quinteros se ha analizado, de manera informal, los pro y los contra de esto. Así, son tres las principales razones que esgrimen para oponerse.

En primer lugar, debido al descontento ciudadano que puede provocar la medida por las críticas que pueden originarse significando un costo para el proceso; en segundo lugar, por los recursos económicos que significaría extender el trabajo; y, por último, porque no está el ánimo ni los votos en el Congreso para alcanzar el quórum de ⅔ necesarios, para lo cual se necesita obligadamente llegar a consensos.