El anuncio del Presidente Sebastián Piñera de enviar un proyecto de ley para reforzar el control preventivo de identidad -y que también se podría ampliar a los menores- no solo sorprendió a la oposición. Lo mismo ocurrió con parte de los expertos que han estudiado el tema. Con la confirmación del Mandatario, este año se volverá a repetir el acalorado debate que ya se dio durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que impulsó y aprobó la actual normativa vigente.

El proyecto de Bachelet entró en vigencia el año 2016 y entregó facultades a Carabineros y a la PDI para "verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación".

Pese a que la ley recién va por su tercer año de aplicación, el Ejecutivo anunció este fin de semana su intención de reformar esa normativa para darle mayores facultades a la policía. Hasta el momento ya hay dos ideas sobre la mesa. Según informó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a Reportajes, se pretende ampliar las atribuciones para que se pueda hacer registro "de la mochila, de la chaqueta". Además, se buscará incluir a los adolescentes en este mecanismo de control.

El académico de la Universidad Diego Portal, Mauricio Duce, ha seguido de cerca esta discusión. De hecho, junto a otros investigadores de esa casa de estudios lideró una "batalla" contra Carabineros para acceder a los datos desagregados por género, edad, nacionalidad y comuna de dichos controles. Pese a la negativa de la policía uniformada, el asunto escaló hasta la Corte Suprema, la que ordenó a la institución uniformada entregar esos datos.

Duce es crítico respecto del anuncio del gobierno y afirma que "es preocupante lo que está proponiendo el gobierno, porque hasta el momento los antecedentes empíricos dan cuenta de que el control preventivo es mucho menos eficaz que el control investigativo".

El abogado agrega que desconoce cuál "es la evaluación del gobierno (sobre la ley), no la he visto nunca, no publican los datos desagregados, no conozco ninguna evaluación que indique que haya que ampliar este tipo de herramientas". Para Duce, "el anuncio puede estar inspirado más en una cuestión comunicacional que una verdadera necesidad del sistema penal".

El abogado relata que pese a la ausencia de datos oficiales, con la información preliminar que maneja asegura que "todo indica que se ha incrementado el uso de esta herramienta que, en la práctica, se ha utilizado para violar los derechos y garantías de personas que no tienen nada que ver con la comisión de delitos". Respecto de los adolescentes, el académico recuerda que en el debate legislativo durante el gobierno pasado, se optó por excluir a los menores de edad y que resulta paradójico que se esté tratando de ampliar en este sentido cuando "la delincuencia juvenil ha bajado sistemáticamente".

Y las cifras van en esta dirección. En enero La Tercera dio a conocer que durante los últimos tres años se ha registrado una baja sostenida en la cantidad de menores infractores de ley, entre 14 y 17 años, acumulando una caída del 31% a nivel nacional.

Por eso Duce, plantea que a los adolescentes "hay que identificarlos con estrategias de investigación más sofisticadas" y adelanta que el principal temor de iniciativas de este tipo es que "se siga incentivando un trabajo policial de mala calidad".

Se abre la puerta a "abusos policiales y falsas detenciones"

Francisco Estrada, abogado y exdirector del Sename durante el primer gobierno de Piñera, advierte que "no hay ningún estudio que sirva como antecedente y que proporcione evidencia favorable para proponer una revisión al alza del sistema".

Además, Estrada rechaza la posibilidad de incluir a adolescentes: "Es muy nocivo, genera una serie de fricciones con la policía, que da lugar a abusos policiales y falsas detenciones".

El abogado comenta que en los controles preventivos se le entrega un cheque en blanco a las policías, para que "intervenga sobre una persona en un lapso largo de tiempo y eso es un foco muy opaco de abuso policial".

Finalmente, añade que la inclusión de adolescentes no tiene respaldo en la realidad penal del país: "Esto no va a ayudar a detectar a los adolescentes infractores de ley porque la realidad criminológica demuestra que las policías saben perfectamente dónde están, ellos no andan inubicables, no andan perdidos, no necesitamos herramientas especiales".

"No es claro que sea una forma de prevenir la delincuencia"

Esta materia no se queda solo en el mundo de las leyes. Un sociólogo contactado por La Tercera PM reafirma este rechazo para aumentar las facultades de las policías en el control preventivo de identidad. Luis Vial, quien se desempeñó como jefe de estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito durante la administración de Bachelet II, afirma que "todavía no está muy claro que el anterior proyecto haya tenido algún efecto, no es claro que sea una forma de prevenir la delincuencia".

Vial considera que respecto de esta facultad se ha legislado muchas veces y, en general, se ha utilizado para "enviar una señal a la gente de que se está haciendo algo en el tema, pero la pregunta es otra: cómo se están organizando las policías, qué otro tipo de programas se están implementando en áreas de prevenir el delito. La prevención no pasa únicamente por la policía". Por eso, dice que es más eficiente trabajar en otro tipo de proyectos preventivos que involucren trabajo con "los municipios, la comunidad organizada y con programas que hayan demostrado tener efectos positivos".

La Tercera PM contactó a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, para obtener su visión sobre el anuncio del gobierno. Sin embargo, desde este organismo aseguraron que aún no tienen detalles del proyecto y que esperarán a conocerlo para opinar al respecto.