Revisión de causas de DD.HH.: Abbott da plazo a fiscalías hasta el 16 de agosto y Armendáriz crea equipo ad-hoc que comenzó hoy

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Tras la orden del fiscal nacional, Jorge Abbott, de revisar las causas por presunta violencia institucional, en el marco de las protestas por la crisis social, hoy la Fiscalía Centro Norte -que concentra gran parte de estos casos por estar en la jurisdicción del sector de Plaza Italia- comenzó la revisión de cerca de 3.000 casos. Destinará a 35 abogados a llenar una planilla con 70 datos necesarios para determinar el futuro de estos casos, lo que podría incluir volver a tomar declaraciones a víctimas, y elaborarán un plan de persecución penal para estos delitos. Abbott dio como plazo máximo el 16 de agosto.




A través de la resolución Número 492 del 25 de mayo, el fiscal nacional, Jorge Abbott, encomendó formalmente a todos los fiscales regionales del país realizar una tarea clave en los casos por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las protestas por la crisis social.

En el documento, que modifica el anexo que contiene las metas individuales para los fiscales regionales de 2021, Abbott instruyó “presentar un plan de trabajo regional y un reporte de cumplimiento de gestiones relacionadas al oficio 37/2019 respecto de las víctimas de causas de violencia institucional y gestionar la vigencia general de los casos”. Esto, dijo, con el objetivo de “focalizar los esfuerzos y recursos en dar respuesta al conflicto penal”.

Así, dice Abbott en el oficio, “cada fiscalía regional deberá enviar un reporte de avances en septiembre de 2021 (dicho reporte será trabajado junto a la Unidad Especializada de Derechos Humanos), cuya meta es del 100%, siendo el plazo máximo de cumplimiento de esta condición el 30 de junio de 2021 y ponderando el 25% del total de la meta”.

Luego, mediante la resolución Nº 610 emitida por Abbott, esta fecha tope se modificó para el 16 de agosto próximo, por lo que las fiscalías regionales tienen un poco más de un mes para cumplir con lo ordenado por el jefe del Ministerio Público.

¿Qué significa esto en la práctica? Que cada fiscalía regional del país deberá llenar una planilla con 70 datos/preguntas requeridos por la Fiscalía Nacional, sobre cada caso que registran por violencia institucional (es decir, funcionarios de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas), ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020. Deberán revisar tanto las causas vigentes como las que ya han cerrado investigación. Esto implicará no solo llenar el formulario con la información que ya cuentan, sino que también realizar cualquier otra diligencia que haga falta, incluido volver a tomar declaraciones a víctimas. En base a ese trabajo, se decidirá el futuro judicial de cada caso, incluyendo su posible reapertura cuando amerite.

Además, cada fiscalía deberá elaborar un plan de trabajo de persecución penal para estos delitos que tendrá que enviar a la Fiscalía Nacional.

Plaza Italia

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte es la que concentra gran parte de estas investigaciones debido a que dentro de su jurisdicción está el sector de Plaza Italia, donde ocurrieron la mayoría de las manifestaciones durante el estallido social.

En este contexto, el fiscal regional Xavier Armendáriz envió un e-mail a sus funcionarios, explicándoles cómo van a llevar adelante esta tarea. “Junto con saludar y esperando que todas y todos se encuentren bien, me permito señalar que, por instrucciones directas del señor fiscal nacional a todos los fiscales regionales del país, se debe efectuar una revisión de todas las causas vinculadas a violencia institucional (DD.HH.) dentro de un determinado período, con el objeto de entregar una información solicitada en forma estándar. Asimismo, se debe preparar un plan de trabajo a su respecto”, dijo.

Detalló que en su fiscalía se registran cerca de 3.000 causas (de las cuales 800 aproximadamente ya se han cerrado) y que para llevar adelante este trabajo “hemos conformado un equipo de trabajo que a partir del miércoles 7 de julio (hoy) se dedicará exclusivamente a ello”. En total se destinarán a esta labor 35 personas, entre fiscales y abogados asistentes, lo que equivale a cerca de un 20,5% de los 170 juristas que integran la dotación completa de esta fiscalía. Deberán tomar declaraciones a víctimas no ubicadas o que no hayan entregado su testimonio judicial. Así, cada integrante del equipo deberá revisar cerca de 90 casos durante el plazo establecido por Abbott para entregar la información.

Además, indicó que para facilitar este trabajo, “la Unidad de Informática ha desarrollado un programa/sistema que nos permitirá avanzar con más eficiencia y con acceso a todos nuestros sistemas de información”.

En ese sentido, Armendáriz señaló que, “sin duda, como comprenderán por la naturaleza del encargo, esta tarea será de las más trascendentes que hemos hecho y exige nuestro mejor esfuerzo. Les solicito encarecidamente que estén atentos a todo aspecto relacionado con este trabajo y prestar la máxima colaboración en cualquier tarea asociada al mismo. De presentarse alguna dificultad en ello, debe ser comunicada de inmediato a la jefatura correspondiente o al suscrito”.

Así, hoy a las 9.00 se realizó la primera reunión presencial del equipo que trabajará en esta labor.

Trabajo previo

Una buena parte de las investigaciones que tiene la Fiscalía Centro Norte se originaron a partir de información que -a pedido del mismo Ministerio Público- comenzaron a enviar desde la Posta Central y la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador en octubre de 2019. En específico, le informaban a la fiscalía, a través de planillas Excel, quiénes eran las personas que atendían y el relato que le hacían al médico. Se señalaba en la planilla cómo había llegado la persona al recinto asistencial y dónde había sido la agresión.

A raíz de eso, el 21 de octubre de 2019 el fiscal Armendáriz elaboró un plan de trabajo para causas de violencia institucional y conformó un equipo especial. A cargo de este equipo dejó a la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte Ximena Chong, que ha estado trabajando desde entonces en estos casos. Así, la idea es usar esa misma información entregada por las víctimas en los hospitales durante 2019, para que ahora los 35 abogados se dediquen a revisar esos casos y, a su vez, le agreguen los datos faltantes que fueron requeridos por Abbott.

Por ejemplo, deberán informar si en las causas hay personas formalizadas, si se ha requerido orden de investigar a la PDI, si la causa se agrupó con otra investigación, si se han pedido o no informes médicos, reportar si hubo posibles vulnerabilidades de la víctima. En total son siete “áreas” de preguntas con una solicitud de información mucho más amplia de la que actualmente tienen.

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