Servel apura mesa técnica con el gobierno para implementar “plebiscito seguro”: implicará más gasto fiscal y reformas legales

Con los plazos corriendo rápido, el organismo convocará esta semana a un comité en el que ya están anotados los ministerios del Interior, Defensa, Segpres y Salud, y mañana se reunirá con las mesas de la Cámara y del Senado. Mantener la fecha del 25 de octubre para el referéndum de tal forma que disminuya el riesgo de contagios, pero sin que caiga la participación, obligará a un nuevo acuerdo político para asegurar el quórum para reformas legales. Pero también, al menos duplicar -si se hace en dos días- el gasto en vocales de mesa. El 2017 eso costó $4.425 millones.




Cuatro mil cuatrocientos veinticinco millones de pesos ($4.425.000.000). Eso fue lo que pagó el Fisco a los 226.473 vocales de mesa que participaron en las elecciones de la primera vuelta presidencial, parlamentarias y cores de fines del 2017, según la memoria 2018 de la Tesorería General de la República (el dato, en la página 35). El monto es una mera referencia de lo que podría implicar el desembolso estatal extra para que el referéndum constituyente del 25 de octubre se haga en dos días, con tal de disminuir el peligro de contagios, pero al mismo tiempo que la participación no caiga a niveles peligrosos dado el marco político social.

Hacerlo en dos días es una de las dos alternativas que el Servicio Electoral planteó al Ejecutivo; la otra es efectuarlo en una sola jornada, pero extendiendo el horario en que las mesas están abiertas, habilitando más locales de votación y más amplios con tal de incentivar a los electores. Otras opciones, como el voto por correo, anticipado o por internet, no cuentan hasta ahora con respaldo por las dudas de confiabilidad y porque lo que se regule quedará como estándar para futuros procesos, y el próximo año estará recargadísimo de votaciones.

Las dos alternativas se comenzarán a analizar contra el tiempo en un “comité técnico” que el organismo convocará esta misma semana, y que apunta a despejar cuál de ambos caminos se tomará. Pero también a fijar claramente las condiciones sanitarias y de seguridad en que se va a concretar el ya pospuesto plebiscito.

De momento, está resuelto que ese grupo lo integrarán delegados de tres ministerios, y lo esperable es que también incluya a representantes del Poder Legislativo, dado que habilitar un proceso “seguro” implicará reformas legales que obligarán a un acuerdo amplio.

“Será un comité técnico que coordina el Servel, donde se va a convocar a Interior, Defensa, Segpres y Salud, para los efectos que analizar las dos propuestas que hicimos al gobierno. Nos vamos a reunir a la brevedad, y la idea es avanzar en una definición de una de las dos propuestas para realizar las reformas legales que son necesarias en este grupo de trabajo, y por otro lado trabajar en un protocolo de medidas de seguridad”, explica a La Tercera PM el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría.

Él se reunirá mañana con “los presidentes del Senado y de la Cámara, con los miembros de las dos comisiones de Constitución, y además estoy invitado a la reunión de la comisión de Gobierno de la Cámara”. A lo largo del proceso también se ha conversado con centros de estudios y organismos como Chile 21, y mañana lo hará con Espacio Público, además de ONGs. Una idea es que el comité se divida en dos grupos: uno que vea las reformas legales que implicará esta cambio, y otra que haga lo mismo con las medidas sanitarias y de seguridad.

Cualquiera de las dos alternativas -así como otra que cambie las condiciones que hoy rigen para la elección- forzará diversos cambios legales, desde artículos transitorios a la Ley de Votaciones y Escrutinios a reformas con quórums altos. Solo hacer que se vote en dos días, explica uno de los entendidos, exige 3/5 en ambas cámaras.

La incógnita a despejar es cuánto más le costará al Estado la solución elegida. Santamaría responde ante la duda que “estamos calculando una estimación, que va a depender de la decisión que se determine. No es lo mismo en gasto que se haga en dos días, donde por lo pronto habrá que duplicar el aporte a los vocales de mesa, que hacerlo en un solo día, donde el costo es menor, sin perjuicio de que si hay un aumento en el número de mesas, habrá que destinar recursos”. Por lo mismo, el Servel conversará el punto con la Dirección de Presupuestos, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Una referencia la entregó el viernes pasado Ina Kim Lee, experta de la Association of World Election Bodies (AWEB), que analizó las elecciones que hizo Corea el Sur el 15 de abril. Ese proceso es tomado casi como un ejemplo -aunque las realidades son muy distintas- porque votó casi el 66% en plena pandemia. Eso ocurrió en una reunión telemática convocada por Chile 21, a la que se conectaron los líderes del Senado, de la Cámara, delegados de partidos y el mismo Santamaría, entre otros nombres.

“La expositora de Corea del Sur relató que las medidas adicionales que tuvieron que implementar para cumplir con todos los resguardos sanitarios les había costado cerca del 9% de los que les cuesta una elección normal”, ilustra Marcela Ríos, Marcela Ríos, Representante Residente Asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y que también estuvo en ese encuentro. “Es importante hacer el costeo realista, pero también es súper importante tener claro que hacer elecciones seguras no es malgastar recursos, sino que una inversión esencial para la democracia representativa”.

Uno de los cálculos estimativos que circulan apunta que habilitar un plebiscito seguro para octubre podría costar unos US$8,5 millones más. Por un solo día, a los vocales se les paga dos terceras partes de una Unidad de Fomento (UF), que al día de hoy vale $28.684,10. El 2017 operaron 42.890 mesas, según registra el Servel, y allá algunos estiman que el promedio de vocales en cada una es de cuatro. Todo eso, a lo menos multiplicado por dos.

El listado de vocales, además, deberá ser reconfigurado (lo determinan las juntas electorales, usualmente replicando la misma nómina de la elección anterior) para dejar fuera a los mayores de 65. Esa es una de las tantas modificaciones legales que habrá que implementar, además de otras esenciales. Si se hace en dos días, también habrá que regular el cierre y reapertura de mesas y de las respectivas actas, además de la verificación de la integridad de las urnas, entre otros detalles.

Ríos advierte, eso sí, que no es solo una cuestión de muchos millones más y de consenso político: “Ojalá que además de medidas sanitarias, el Estado invierta en información, en campañas, para que los ciudadanos tengan muy claro que va a ser seguro votar, que no va a ser un riesgo”.

Para eso sugiere también mirar afuera, y la misma delegada coreana “mencionaba que cuando allá daban el informe diario de Covid-19, aprovechaban de informar todas las medidas que estaban tomando para las elecciones”, ejemplifica. Y hay otro punto delicado por despejar: “En España las personas contagiadas no podían votar, pero en Corea del Sur, sí: tenían horario diferido o votaban en otros lugares. Esa es otra discusión”.

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