Superintendente de Educación Superior por cierre de U. la República: “No cumple con los requisitos legales y reglamentarios requeridos”

En su primera entrevista luego de conocerse la resolución del Consejo Nacional de Educación (CNED), insistió en que durante el procedimiento, la institución tuvo la oportunidad de presentar los argumentos en su defensa y rendir las pruebas que estimara procedentes, “respetándose a cabalidad las normas del debido proceso”.




Esta mañana el Consejo Nacional de Educación (CNED) hizo pública su decisión de revocar el reconocimiento oficial de la Universidad La República (Ulare). Esto luego de que el 9 de abril la Superintendencia de Educación Superior (SES) solicitara iniciar el proceso de cierre de la casa de estudios al detectar graves falencias financieras y administrativas.

Ante la arremetida del regulador -dependiente del Ministerio de Educación-, la universidad que históricamente ha sido asociada a la masonería y el Partido Radical respondió con una serie de gestiones ante diputados y senadores de oposición y el oficialismo. En paralelo, la Ulare, que cuenta con más de 3.900 alumnos en 11 sedes a nivel nacional, presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, ninguna de estas acciones a la fecha evitaron la decisión del Consejo Nacional de Educación (CNED).

A cargo de la Superintendencia de Educación Superior está el abogado de la Universidad de los Andes y máster en derecho público y regulación económica de la Universidad de California, Jorge Avilés Barros. En su primera entrevista luego de conocerse la resolución del CNED insistió en que durante el procedimiento, la institución tuvo la oportunidad de presentar los argumentos en su defensa y rendir las pruebas que estimara procedentes, “respetándose a cabalidad las normas del debido proceso”.

En su investigación la SES detectó que la U. La República presentaba un “deterioro sustantivo de su situación financiera, previo a la contingencia tanto social como sanitaria que afecta actualmente al país, existiendo un riesgo cierto sobre su capacidad para hacer frente oportunamente a sus obligaciones con sus proveedores, trabajadores y al Fisco”. Según ha señalado la SES, la Ulare mantiene pasivos de arrastre por a lo menos $ 13.919 millones.

¿Qué medidas fallaron en la fiscalización o mejor dicho por qué no se revocó antes el reconocimiento oficial a Ulare?

Durante todo el procedimiento realizado por esta superintendencia a la Ulare, iniciado en diciembre de 2019 y sólo seis meses después de haber comenzado legalmente su funcionamiento, se ha tenido como objetivo principal el velar por el derecho a la educación de sus alumnos. Sin embargo, la ley establece una serie de etapas y plazos procedimentales para que la universidad pudiera hacer valer todas las alegaciones y pruebas, lo que fue respetado a cabalidad. Los distintos hitos del procedimiento, que son públicos, dan cuenta de la rapidez con que esta nueva superintendencia actuó en el caso de la Universidad la República.

La SES inició sus funciones en mayo de 2019 e inmediatamente se encargó de evaluar la situación financiera y normativa de todas las instituciones de educación superior del país, detectando rápidamente que la Universidad La República era una de las casas de estudios que presentaban un mayor nivel de riesgo en materia financiera, patrimonial y administrativa, lo que determinó que, a fines de 2019 se le instruyera un proceso formal de investigación. Producto de esa indagatoria, el 8 de junio de 2020 se decidió abrirle un procedimiento administrativo, realizando la correspondiente formulación de cargos. En dicha instancia, la institución tuvo la oportunidad de presentar argumentos en su defensa y rendir todas las pruebas que estimó procedentes. Posteriormente, el 21 de diciembre de 2020, la superintendencia, para que la universidad solucionara sus problemas, le ordenó a la universidad la elaboración y presentación de un plan de recuperación, tendiente a subsanar los problemas y dificultades que enfrenta, para resguardar de manera efectiva a su comunidad universitaria. Finalmente, y producto de que la institución no daba garantías de poder sostener su proyecto educativo, se remiten los antecedentes al Ministerio de Educación para que iniciara el proceso de revocación del reconocimiento oficial.

¿Cuál es la autocrítica que realiza de su gestión frente a la Superintendencia, considerando que los alumnos creen que ustedes también son responsables del cierre?

Entendemos y empatizamos con la preocupación de los estudiantes frente a una situación que todos hubiésemos querido evitar, pero es justamente la responsabilidad de resguardar el derecho a la educación de sus alumnos y la continuidad de sus estudios lo que nos llevó a la convicción de presentar la solicitud de cierre de la Universidad La República, porque es la mejor opción para evitar que estos mismos estudiantes se vieran enfrentados a un escenario aún más complejo. Es importante señalar que desde que iniciamos nuestras funciones hemos recibido diversos reclamos y denuncias presentados por estudiantes, egresados, docentes y funcionarios de la Universidad La República, referidos a desórdenes en la gestión administrativa y académica; irregularidades financieras, laborales y previsionales; deficiencia en la calidad del servicio educativo; problemas del registro curricular con pérdida o indisponibilidad de la información académica de los estudiantes; demoras significativas en la entrega de certificados y títulos; incumplimiento de normativa interna; una deficitaria infraestructura, y precarias condiciones de mantenimiento de algunas sedes en que se imparte docencia. En resumen, lo que ha hecho esta superintendencia tiene como único objetivo proteger a los estudiantes de la Universidad La República.

¿Qué medidas tomarán para los alumnos que estudian en regiones y que no tienen la misma carrera en otra universidad de la región?

A diferencia de difíciles casos anteriores de cierre de instituciones de educación superior, la ley contempla ahora nuevas herramientas para ayudar a los estudiantes a terminar sus estudios. El proceso de cierre que se inicia a partir de este momento estará en manos del Ministerio de Educación, desde donde se nombrará a un administrador de cierre cuya misión es dar continuidad de estudios a los alumnos de la Ulare , ya sea en la misma institución durante un periodo, o bien celebrando convenios con otras universidades para poder reubicar a los estudiantes. Es importante precisar que ningún estudiante de la Ulare se quedará sin la opción de finalizar sus carreras y que se respetarán sus actuales programas académicos. Este es un proceso largo y que tiene como principal finalidad proteger el derecho a la educación de quienes hoy están matriculados en esta institución.

¿Cuál es el camino que le resta a la Ulare para evitar el cierre?

La solicitud de cierre de la Universidad La República ha sido ratificado por tres organismos del Estado, lo que confirma que las alertas levantadas por esta superintendencia respecto de la Universidad La República y la viabilidad de su proyecto educativo eran fundadas, siendo la mejor opción para sus estudiantes la aplicación de esta medida. Lo anterior, teniendo en cuenta que la ley contempla los mecanismos para que estos puedan terminar de la mejor manera posible sus estudios.

¿Por qué decidieron rechazar el último plan financiero de la Ulare que incluía el acceso a un crédito Fogape del BancoEstado?

La Universidad La República presentó su plan de recuperación a la SES a través de dos documentos -no articulados entre sí- que dan cuenta de las divisiones internas de sus autoridades. Este plan, sin embargo, no cumple con los requisitos legales y reglamentarios requeridos y no permite subsanar ninguno de los problemas detectados por la SES, ratificándose el riesgo real que tiene la continuidad de estudios de sus alumnos. Además, es importante señalar que este plan de recuperación no identifica fuentes de financiamiento a las que recurriría la universidad para la ejecución de las medidas propuesta.

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