Suspenso en la Cámara: resultados de primeros test de drogas a diputados se conocerán el próximo lunes

Una vez que el laboratorio de la U. de Chile procese los exámenes del primer grupo de diputados, el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, procederá a entregar una nómina a los jefes de bancadas, en la que se detallará quienes no se sometieron al test o dieron positivo con una droga ilícita o no certificada médicamente. El informe, sin embargo, no precisará qué tipo de estupefaciente o psicotrópico.


A través de un mensaje codificado dirigido al secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, llegarán los resultados de los primeros test de drogas practicados a parlamentarios.

Según el sorteo, realizado el 17 de agosto, en una primera etapa, 78 diputados fueron seleccionados para someterse a este examen obligatorio, de acuerdo a una modificación reglamentaria aprobada por esta rama del Congreso. Este procedimiento, sin embargo, no involucra a los senadores, quienes se rigen por un reglamento distinto a la Cámara.

No obstante, por estos días el secretario de la Cámara se encuentra de vacaciones y recién retomará sus funciones el lunes 26 de septiembre, por lo que los resultados de estos exámenes, efectuados por el Laboratorio de Análisis de Antidoping y Drogas de Abuso de la Universidad de Chile (unidad dependiente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas), recién comenzarían a conocerse a partir de la próxima semana.

El primer grupo de diputados sorteado tenía plazo hasta el 30 de agosto para practicarse el examen de pelo, mientras que el segundo listado de 77 parlamentarios tenía contemplado partir esta semana con los testeos hasta el 30 de septiembre, pero finalmentamente los nuevos exámenes se aplazaron para la próxima.

Sin embargo, trascendió que hubo un moroso por estar con covid y, además, hay un grupo de cinco legisladoras que presentó un recurso de protección en contra del test por considerar que vulneraba sus garantías constitucionales en materia de vida privada. Las recurrentes tienen acordado no someterse a las pruebas hasta que se resuelva su presentación en tribunales.

“Mientras el recurso esté pendiente no me realizaré el test. Una vez que se resuelva y de ser denegada nuestra petición, por supuesto, cabe cumplir la ley”, dice la diputada Lorena Fries (independiente Frente Amplio), una de las legisladoras que presentó el recurso, junto a sus pares Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Marisela Santibáñez (PC) y las independientes Clara Sagardía y Marcela Riquelme, ambas también integrantes de la bancada frenteamplista.

Con los resultados en su poder, considerando las eventuales rebeldías y tardanzas, el secretario de la Cámara procederá a entregar una nómina a los jefes de bancadas, en la que se detallará quienes no se sometieron al test o dieron positivo con una droga ilícita o no certificada médicamente. El informe, sin embargo, no precisará qué tipo de estupefaciente o psicotrópico es.

El reglamento dispone que aquellos que no se hayan realizado el examen serán denunciados a la Comisión de Ética de la Cámara, que podría aplicar multas y un reproche público como medidas disciplinarias.

En el caso de quienes hayan acreditado el consumo de algún fármaco con licencia médica aparecerán como negativos, al igual que todos aquellos que no hayan arrojado ningún tipo de droga. En esa línea, el examen pesquisa 8 grupos distintos de sustancias.

Esta nómina inicial solo se limitará a quienes hayan sido sorteados en el primer grupo. Los otros resultados, de aquellos diputados que quedaron en la segunda etapa, se conocerán a finales de octubre.

Una de las dudas jurídicas que había en la Cámara era cómo congeniar el test de drogas con la Ley de Deberes y Derechos de Pacientes, que resguarda la privacidad de exámenes médicos. Sin embargo, al final primó que solo aquellos parlamentarios que presenten certificado médico, mantendrían en secreto un positivo por fármacos, no así si se detecta alguna sustancia ilícita. El caso de la cocaína es el más claro, pues no existen medicamentos con ese componente.

El reglamento establece que los resultados del test son públicos y será la secretaría general de la corporación la que tendrá que establecer el procedimiento para darle publicidad a los resultados del examen”, comenta el diputado UDI Juan Antonio Coloma, quien fue el principal impulsor de esta prueba dentro de la Cámara.

Además, el legislador gremialista añade que en vista de “que hay diputados que han anunciado que están públicamente en rebeldía, vamos a presentar una modificación al reglamento para que todo aquel diputado que no se haga el test, sea calificado de idéntica forma que aquellos que salieron positivo. Una especie de presunción”.

Fries, una de las legisladores que llevó el caso a tribunales, señala que “ninguna de nosotras está contra la idea de mayor transparencia y que las autoridades o quienes ejercen una función pública tengan que realizarse el test de drogas”.

“Sin embargo, creemos que ello debe inscribirse en un marco de ponderación y de proporcionalidad en relación a los derechos fundamentales afectados”, explica la diputada frenteamplista, aludiendo al derecho a la privacidad y honra de las personas y la protección de datos personales.

“Se trata de un reglamento mal hecho y que tiene serias inconsistencias”, concluye la diputada, cuyo recurso de protección hoy están manos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, luego de la Corte Suprema declarara admisible la presentación.

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