Por Iván Poduje, arquitecto
La nueva Constitución que se votará el 17 de diciembre está repitiendo los mismos vicios de la versión anterior, que era prometer cuestiones alejadas de su ámbito de competencias. Copiando ideas de la izquierda, se vuelven a consagrar derechos sociales sin precisar cómo ni cuándo se concretarán. Si bien ahora pusieron una letra chica – gradualidad con responsabilidad fiscal– están jugando con las expectativas de la gente para conseguir su voto, lo que me parece éticamente reprochable.
La falta de viviendas no se explica porque esté ausente como derecho social en una Constitución. Ni siquiera depende de leyes. Si bien se podrían modificar algunos artículos, el origen del problema es una burocracia que crece cada año. Un Estado que se agranda y una Contraloría que en su afán de perseguir malas prácticas, termina frenando todo. También por las alta tasas de los créditos hipotecarios y por planes reguladores que limitan la construcción de edificios o casas en barrios cercanos a servicios y redes de infraestructura. También agregan burocracia las interpretaciones a la ley que hace la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de la Vivienda (Minvu) conocidas como “circulares”, que suelen sumar más trámites.
En la periferia del Gran Santiago, existen 9.000 hectáreas de suelo urbano paralizadas y donde podrían construirse unas 56 mil viviendas sociales. Pero el mecanismo para aprobar estos proyectos integrales es tan engorroso que, luego de 15 años, solo se está construyendo un conjunto habitacional. Mientras esto ocurre, el mismo ministerio que define estas exigencias absurdas (Minvu), debe comprar terrenos seis veces más caros para levantar viviendas sociales en departamentos, frustrando los anhelos de las familias que quieren una casa con patio para evitar el hacinamiento.
¿Por qué nadie habla de la burocracia como lo hacen con el derecho a la vivienda? ¿Por qué no vemos columnas y editoriales como ocurre con la Constitución? La principal razón es que es mucho más fácil prometer derechos que tratar con los hechos. Resolver la burocracia obliga a conocer del tema para proponer cambios concretos, trabajar duro y enfrentarse a grupos de interés que se benefician con la burocracia. Como los activistas ambientales que valoran más una colonia de guarisapos que el hacinamiento de una familia o una poderosa cofradía de arqueólogos que ha logrado transformar su millonario negocio de consultoría, en una exigencia regulatoria.
Lo mismo ocurre con los humedales que hoy retrasan y paralizan inversiones habitacionales en todo Chile. Como la ley que los protege se hizo mal, el inventario de humedales que deben protegerse mediante estudios de impacto ambiental, incluye tranques de regadío secos y hasta pozos donde se acumulan fechas y orina de vacas. Pero si llegas a decir que el humedal inventariado no es tal, te caen los activistas diciendo que quieres privilegiar los negocios inmobiliarios y que eres un negacionista del cambio climático.
Como vemos la Constitución es el camino del flojo: prometer derechos, pero no resolver los problemas reales que afectan aquello que quieres garantizar. Y como el papel aguanta todo y las encuestas están malas, los voceros de la opción “A Favor” han decidido ir más allá con su venta de humo. Ahora prometen expulsar migrantes irregulares, reducir delitos, erradicar la violencia de los liceos o bajar la corrupción. Todas tareas urgentes, pero muy complejas, que ciertamente no se resolverán por el poder de la palabra. Por ese realismo mágico tan propio del subdesarrollo latinoamericano, donde tenemos paraísos ideales en las constituciones, pero países infernales en el mundo real, sumidos en la violencia, la corrupción y la pobreza. Es muy lamentable que Chile haya caído en lo mismo.
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