Gloria de la Fuente, expresidenta del CPLT: “Hay varias deudas en nuestro país y una es abrir mejor las puertas de algunas instituciones, entre ellas el Congreso”

FOTO: Mario Téllez/La Tercera

La saliente presidenta del Consejo para la Transparencia -asumió en su reemplazo Francisco Leturia- aborda su gestión y entrega un diagnóstico del estado de situación de Chile. Y aunque dice que se ha avanzado, aún ve ripios en ciertas instituciones, pero también en los procesos de solicitud de información o en los tiempos de respuesta.




En octubre de 2020, Gloria de la Fuente asumió la presidencia del Consejo para la Transparencia anunciando un fuerte acento ciudadano y de género para su gestión. Era la segunda mujer que llegaba a encabezar el organismo y hoy, por los estatutos rotativos, la cientista política deja la testera tras 18 meses, aunque seguirá como consejera.

¿Cómo diría que funciona la transparencia hoy en Chile?

La Ley de Transparencia cumplió 14 años y los avances han sido importantes no solo en el marco de la ley, sino que en general tenemos hoy un ecosistema con otras normas. Es innegable también que estamos en un momento particular en la democracia que amerita mirar lo que hemos hecho. Es obvio que en nuestro país, así como las personas perciben que hay normas para combatir la corrupción, al mismo tiempo tienen una percepción creciente de corrupción en lo público.

En términos de control de autoridades, ¿cómo ve al Poder Legislativo? ¿Está más al debe?

Hay varias deudas en nuestro país y una es abrir de mejor manera las puertas de algunas instituciones, entre ellas el Congreso Nacional. Y ahora vemos con muy buen ojo lo que ha ido aprobando la Convención, que aprobó una disposición que establece que las obligaciones de transparencia son de todos los órganos del Estado. Vamos a ver cómo termina, porque hasta aquí la Ley de Transparencia y el Consejo solo tienen potestad sobre órganos de la administración y algunas instituciones.

¿Qué desafíos hay pendientes?

Tenemos hoy una jurisprudencia muy asentada: más o menos todo el mundo sabe cómo el Consejo toma decisiones. Pero también las deudas son importantes y tienen que ver con la promoción del derecho. Tenemos un déficit respecto del conocimiento que tienen las personas sobre transparencia y cómo permite el control social de las autoridades. El acceso a la información pública no es un favor, es un derecho que ojalá esté doblemente reconocido en la Constitución. Es decir, consagrar específicamente no sólo el acceso a la información, sino que, además, dar y reconocer el estatus al Consejo para la Transparencia como el órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información.

¿Se podrían mejorar también los mecanismos de acceso?

Es necesario que nos hagamos cargo de mejorar los procedimientos y generar los que establece la ley. Tenemos que aprender a conversar mejor con las necesidades de los ciudadanos. Se lo hemos planteado al ministro Jackson y esperamos que prospere. Tenemos que avanzar hacia un concepto de transparencia proactiva: que la transparencia activa sea un principio y el derecho de acceso una excepción, no solo desde lo que quiero o estoy obligado a publicar.

El estallido y la pandemia dieron cuenta de la importancia de la protección de datos personales, ¿cuál es su diagnóstico?

Ahí hay una deuda bien importante. Ha habido voluntad de las distintas autoridades de avanzar. Sin embargo, no hemos conseguido una ley. Aproximadamente el 15% de los casos que resolvemos tienen algún ámbito de protección de datos. Diría que la experiencia con la pandemia son dos cosas: efectivamente existe vulneración a los datos personales y lo segundo es que hay que generar mayor conciencia en la ciudadanía de que los datos le pertenecen nada más que al titular.

¿Cómo cataloga la filtración de datos del Servel?

La filtración no solo de datos, sino que de datos sensibles, es una situación grave que muestra dos cosas: este país requiere tomarse en serio y poner urgencia a la iniciativa legislativa que duerme hace más de cinco años en el Congreso. Y lo que decidimos como Consejo fue que el lunes oficiaremos al Servel para pedir explicaciones.

Son necesarias las responsabilidades en organismos públicos...

Pero esas no las podemos determinar nosotros. El principal dilema es que al no tener una legislación adecuada se hace difícil hacer una persecución legal.

¿Cómo ha visto el proceso de la Convención? ¿Transparente?

El diagnóstico cuando asumí fue que había un tema determinante para el país y sin transparencia tendría un problema desde la evaluación de la ciudadanía. Nos fuimos a poner a disposición de la Convención, también conversamos con el contralor y dijimos ‘tratemos de reforzar este ecosistema’. Los convencionales tienen obligación en materia de lobby, de declaración de intereses y patrimonio. Había que apuntalar ahí, pero además ponernos a disposición de las cosas que sabemos hacer. Afortunadamente, firmamos un convenio con la Convención y están adheridos al Portal de Transparencia. Estamos muy contentos, hemos logrado desde el punto de vista del derecho, acceso a la información.

Igualmente hay falencias. Cuando asumió dijo que debían existir actas y no siempre las hay.

Toda esa información debiera estar sujeta, tanto solicitudes de acceso a la información como de transparencia activa, actualizada. Lo que siguió la Convención son los estándares de la Ley de Transparencia y en el caso de la solicitud de acceso a la información, bajó la respuesta de 20 a 10 días hábiles. Ahora, el punto es que para ir siguiendo la conversación, tener la información a tiempo es muy relevante para hacer el escrutinio público. En esas cosas todavía se puede mejorar.

¿Qué opina de la no neutralidad del gobierno en el debate constitucional?

Hay disposiciones institucionales y del derecho administrativo súper claras. Tiene que existir prescindencia en las instituciones, el gobierno, en quienes cumplen una función pública, en tanto, el fondo está en el ejercicio de su cargo. Es decir, las personas pueden participar en campañas, pero después de su horario de trabajo, con lo que eso implica y la función pública se debe ejercer con máximos estándares de probidad.

¿Ha visto especial énfasis de este gobierno por la transparencia?

En la primera semana de instalación el ministro Jackson nos recibió. Al menos desde las señales, como el anuncio que va a empujar el proyecto de transparencia que está pendiente y que van a agregar algunas indicaciones que nosotros propusimos, creemos que es buena señal. Ahora, los discursos se tienen que transformar en acción.

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