Nueva Constitución: oficialismo flexibiliza su postura y pierde fuerza el órgano 100% electo

Chile Vamos propuso que la instancia tenga 50 personas elegidas igual que el Senado. “Si no les parece razonable nuestra propuesta, les pedimos que, antes de volver a conversar, hagan la suya. Es muy difícil seguir adelante si entre ellos no hay acuerdo”, advirtió el diputado UDI Guillermo Ramírez.


El diputado UDI Guillermo Ramírez pidió ayer la palabra y procedió a entregar la propuesta de Chile Vamos sobre mecanismo para escribir una nueva Constitución. “Nuestra postura es que tenga 50 personas electas, igual a como se elige el Senado”, comentó el parlamentario gremialista, según presentes en el encuentro.

Las palabras de Ramírez las dijo en la mesa negociadora por un nuevo acuerdo constitucional, que tuvo otra cita para seguir las tratativas que habiliten un proceso constituyente 2.0.

La decisión de Chile Vamos se basa en que no se arriesgarán en diseñar un nuevo sistema electoral, ya que eso implica pensar en nuevos distritos y distribuir escaños, por lo tanto, no se moverán de esa definición. “Estarían todos con la calculadora en mano”, comentan en el sector, en un escenario abierto en que varios consideran que los comicios futuros en esta materia son cada vez más inciertos.

Ahora queremos que respondan si están de acuerdo con nuestra idea o si tienen otra alternativa”, terminó diciendo Ramírez, según agregaron las mismas fuentes.

Luego de la intervención del parlamentario, el ambiente se puso más tenso. El oficialismo replicó de inmediato diciendo que, a diferencia de Chile Vamos, ellos han sido el único bloque que presentó hace semanas una propuesta escrita formal sobre mecanismo.

En ese momento, el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, tomó la palabra. El nuevo líder de la corporación reconoció que a los partidos de gobierno les falta unificar sus posturas, dado que, desde que presentaron la propuesta formal, han pasado varias semanas y las posiciones se han ido abriendo.

Luego de ese intercambio, las fuerzas políticas optaron por dejar la reunión hasta ahí. Al término de la cita, consultado por La Tercera, el diputado UDI confirmó lo sucedido: “Nosotros ya hicimos nuestra propuesta y es clara: que sean 50 integrantes electos igual que el Senado”.

Pero no solo se quedó ahí, sino que advirtió: “Si no les parece razonable nuestra propuesta, les pedimos que, antes de volver a conversar, hagan ellos la suya. Es muy difícil seguir adelante si entre ellos no hay acuerdo”.

Previo a esa discusión, el grueso del encuentro se había destinado a terminar los detalles del Comité Técnico de Admisibilidad, el órgano que controlará el cumplimiento de las bases institucionales. De hecho, durante toda la primera parte, los partidos acordaron que el plazo para que el árbitro actúe será desde aprobada la norma en la comisión hasta tres días después de la aprobación en el pleno del futuro órgano redactor.

El quórum para poder activar el control del árbitro será del 20% de los futuros representantes y el comité de 14 juristas tendrá un quórum de mayoría absoluta para tomar sus decisiones.

Como los partidos no llegaron a ningún acuerdo por mecanismo, optaron por postergar ese debate para la próxima semana.

El oficialismo se flexibiliza

Una de las razones por las que el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad han postergado la discusión por el mecanismo electoral para elegir un nuevo órgano redactor, apunta a que al interior de la alianza de gobierno aún no hay consenso sobre si conviene o no seguir empujando que la futura Convención sea 100% electa.

De hecho, en el Socialismo Democrático es transversal la idea de que esa fórmula debe desecharse, ya que, de acuerdo a sus simulaciones electorales, si van a elecciones sus resultados serían desastrosos. Lo mismo muestran las encuestas y los cálculos del gobierno. Por eso, cada día que pasa, más toma fuerza la opción de que el órgano sea mixto o, incluso, sea simplemente un comité de expertos designado por el Congreso.

La idea, dicen en privado, apunta a que el acuerdo termine sin una nueva Convención, ya que ese concepto fue derrotado el 4 de septiembre. De esta forma, agregan, deben concentrar los esfuerzos en, al menos, mantener viva la necesidad de contar con una nueva Constitución que sea mejor que la vigente.

Por lo mismo, el gobierno ha estado en segundo plano durante todos los encuentros por el acuerdo. La ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, ya no participa de las reuniones y el Presidente Gabriel Boric ha dejado, al menos en lo público, de presionar por las negociaciones. De hecho, consultado ayer por este tema, el Mandatario solo se limitó a decir que “la prudencia me ha enseñado a no arruinar las negociaciones en curso”. Meses antes, Boric se dedicó a repetir una y otra vez que el órgano tenía que ser 100% electo.

Ayer, por primera vez, la vocera de la alianza de gobierno, Paulina Vodanovic, dijo explícitamente que ambas coaliciones están abiertas a repensar sus posturas. “Estamos en posición de conversar y flexibilizar las posiciones atendiendo a tener una nueva Constitución (...). Si hay que flexibilizarse en algunos temas, lo haremos, porque entendemos que el fin es mucho más importante que la forma o los medios”, dijo la timonel del PS.

Su declaración fue respaldada por el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. “La conversación, en la medida en que vaya avanzando este acuerdo, va a mostrar diferentes caminos. Por el momento, la propuesta que hemos hecho como alianza de gobierno implica mantener el principio de la democracia y la paridad”, dijo el diputado.

Es primera vez que Ibáñez habla, en términos conceptuales, solo de “democracia” y no de un “órgano 100% electo”.

El detalle no es menor, ya que una opción es que, por ejemplo, 50 personas se elijan de forma democrática directa y otros 50 escaños -o menos- se designen con mecanismos de democracia indirecta. Las palabras de Ibáñez adquieren especial relevancia, ya que las mayores resistencias están en Apruebo Dignidad. En esa coalición esperan que el lunes puedan tener una propuesta común como sector, donde se incluya a la DC.

Así, las próximas dos semanas serán clave. Todos los dirigentes de la mesa negociadora -de izquierda y de derecha- concuerdan en que noviembre es el plazo fatal para sellar el acuerdo.

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