Platas sin respaldos y licitación irregular: Contraloría abre sumarios y pide al Ministerio Público indagar a Jadue y a exsubsecretaria Martorell

La exsubsecretaria Katherine Martorell y el alcalde de Recoleta Daniel Jadue hoy están en la mira de Contraloría y de la Fiscalía.

El organismo determinó que la Corporación Cultural de Recoleta, dependiente del municipio dirigido por el alcalde comunista, no ha rendido gastos que ascienden a más de $ 2 mil millones en los últimos años y cuestionó la donación que la empresa Itelecom -investigada por corrupción- hizo al festival Womad. En otra indagatoria, se detectaron graves irregularidades en la licitación por cámaras para Carabineros, cuya compra fue visada por la exsubsecretaria de Prevención del Delito. Ambos casos fueron enviados al Ministerio Público para que se indaguen los antecedentes.




Una fuerte ofensiva activó ayer la Contraloría General de la República, organismo dirigido por Jorge Bermúdez, frente a los resultados de las dos más recientes auditorías realizadas, por un lado, a la Corporación Cultural de Recoleta y, por otro, a una millonaria compra de cámaras corporales para Carabineros que tramitó y visó la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Así, el organismo fiscalizador decidió abrir sumarios y remitir al Ministerio Público -dado que se detectaron antecedentes que podrían constituir delitos- a las gestiones del alcalde PC Daniel Jadue y de la exsubsecretaria Katherine Martorell, en dos casos paralelos.

En el primero de ellos, la Contraloría inspeccionó el uso de recursos de la Corporación Cultural de Recoleta, dirigida por Pablo Teillier, hijo del presidente del PC, Guillermo Teillier, para la realización del Festival Womad en 2020.

Uno de los principales hallazgos de la Contraloría apunta a que entre 2015 y 2019 no existen registros contables que respalden los traspasos de recursos, ni los montos que la Municipalidad de Recoleta destinó para financiar el World of Music, Arts & Dance (WoMaD), un festival internacional “que reúne a artistas de todo el mundo para celebrar las disciplinas de la música, las artes y la danza, con el fin de promover el respeto, la diversidad, la conciencia y la tolerancia intercultural”, según se explica en la página web de la entidad.

La primera vez que este espectáculo estuvo en la mira de la justicia fue en medio del caso Itelecom, en que se investiga el pago de coimas de esta empresa a municipios con el propósito de adjudicarse millonarios contratos por el recambio y la mantención de luces led. En esa oportunidad se detectó una donación de $ 50 millones por parte de Itelecom para la realización de WoMaD, situación que también fue analizada por Contraloría.

En medio de los cuestionamientos a la mencionada donación, el ente fiscalizador solicitó los respaldos de todos los traspasos de dinero del municipio de Recoleta a su Corporación Cultural, estableciendo que no existe rendición de estos recursos. En el informe se detalla que “se comprobó la falta de rendición de cuentas de los fondos transferidos por la Municipalidad de Recoleta a la Corporación Cultural de esa comuna por un total de $ 200 millones”.

La transacción de la municipalidad a la Corporación Cultural habría tenido lugar tras ser aprobados dos decretos -uno del 31 de diciembre de 2018 y otro del 3 de enero de 2020- por dos pagos de $ 100 millones cada uno. El destino de los dineros era la ejecución de los contratos suscritos por la entidad con la empresa Artemedios Group SpA, bajo el ítem “Asesorías y Preproducción Festival Womad Chile 2020″.

Al respecto, Contraloría indicó que “esa entidad edilicia deberá solicitar, revisar y aprobar por la dirección de control municipal, según proceda, las rendiciones de los montos transferidos por la suma total de $ 200 millones e informar de ello documentadamente en el plazo de 30 días hábiles desde la recepción del presente oficio”.

Junto con esto, el ente fiscalizador encontró otras inconsistencias relacionadas con la Fundación Womad, una de ellas referidas al traspaso desde la Municipalidad de Recoleta, el 31 de enero de este año, de $ 100 millones por un convenio de colaboración firmado entre ambas entidades. “Según consta en el comprobante de egreso N° 61-346, de 31 de enero de ese año, se incorporaron desembolsos que presentan fechas anteriores al otorgamiento de la subvención y gastos insuficientemente respaldados por $ 28.685.225″, se detalla en la auditoría.

Otros $ 100 millones, según se lee en el documento, fueron rechazados por la dirección de control del propio municipio debido a la “falta de acreditación de los desembolsos realizados en el marco de la subvención otorgada”.

En el informe de Contraloría se deja constancia que “el municipio no proporcionó los antecedentes que permitan acreditar que esa fundación haya rendido nuevamente esos recursos con las rectificaciones a las observaciones efectuadas por la mencionada unidad de control”.

Los dineros de Itelecom

En el marco de la fiscalización se indagó en particular la donación de la empresa Itelecom. Tras revisar los registros de la Corporación Cultural de Recoleta, Contraloría evidenció que ésta recibió $ 50 millones por parte de la firma con la que el municipio había sellado una millonaria licitación por más de $ 10 mil millones por el cambio y mantención de luminarias led en la comuna. El pago, según Contraloría, fue a parar a la productora del festival Womad y se emitió una factura por igual monto.

Lo que no se sabía, hasta ahora, es que dicho monto luego fue reembolsado por la administración de Jadue a la propia firma. “No obstante, tal donación habría sido devuelta, según consta en comprobantes de egreso N° 102280 y 10836, de 2019 y 2020, respectivamente, a la referida empresa Itelecom Holding Chile SpA, atendido que, según señala en su respuesta, esta no se enmarcaba en un proyecto cultural aprobado por el Comité Calificador de Donaciones Culturales”, se lee en el informe del ente fiscalizador. Como la corporación no pudo acreditar de dónde sacó el dinero para devolver la donación, esto -a juicio de la Contraloría- “ocasiona un desembolso injustificado y un detrimento al patrimonio de esa corporación cultural”. Se agrega que “se constató que $ 30 millones fueron devueltos a la citada empresa y respecto a los restantes $ 20 millones no se visualiza en las cartolas bancarias de la corporación cultural, ni en sus registros contables, que el destinatario de tales montos corresponda a ese holding”.

Al comprobarse esta falta de acreditación por parte de la corporación respecto del origen y destino del monto devuelto con cargo a su presupuesto es que la Contraloría decidió remitir los antecedentes del caso tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Como corolario de su indagatoria, el organismo detectó desorden generalizado en el manejo de platas de la corporación al analizar su contabilidad.

“Se comprobó la inexistencia de subvenciones otorgadas por la entidad edilicia a la Corporación Cultural de esa comuna, pendientes de rendición, por un monto de $ 3.317.808.255, al 31 de octubre de 2020, que corresponden a transferencias efectuadas desde el año 2010″, establece como una de las conclusiones de la indagatoria.

“Cabe señalar que el municipio en su respuesta al oficio confidencial que dio origen al presente documento informa un nuevo saldo sin rendir al 31 de diciembre de 2020 ascendente a $ 2.111.584.811, respecto del cual deberá proporcionar un análisis de la cuenta 121-06-01-001-029 “Corporación Cultural de Recoleta”, a esa data, y exigir a la anotada corporación para que regularice aquellos fondos no rendidos, cuyos antecedentes tendrán que ser enviados a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago para su revisión en el plazo de 90 días hábiles”, remata.

Al finalizar la auditoría, la Contraloría sostiene: “Remítase el presente oficio final al alcalde, director de control y al concejo, todos de la Municipalidad de Recoleta, director gerente de la Corporación Cultural de Recoleta, Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público”.

Martorell: incumplimientos en licitación

En un segundo caso, referido a la gestión en el marco de la licitación de cámaras para Carabineros de la entonces subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell -hoy vocera del comando de Sebastián Sichel y al que se integró tras renunciar al gobierno-, también la Contraloría abrió un sumario y remitió los antecedentes al Ministerio Público. El caso ya es indagado por el fiscal de Alta Complejidad Francisco Ledezma tras una denuncia de una de las empresas que no logró la licitación y en la que acusaba irregularidades respecto de Motorola Solutions Chile, quien se adjudicó el contrato por casi $ 400 millones.

La licitación fue iniciada por la Subsecretaría de Prevención del delito en febrero de 2020, debido a los cuestionamientos surgidos por conductas de Carabineros en medio del estallido social. Por ello, el gobierno decidió adquirir cámaras corporales para validar los procedimientos o detectar irregularidades.

La auditoría de la Contraloría detectó que la empresa ganadora no cumplía con las bases de la licitación en lo referido a entrega oportuna de la oferta y una de las características que debían tener las cámaras: posgrabación de 120 segundos una vez que el carabinero apagaba el artefacto. Por ello se determinó enviar los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte ante hechos que podrían revestir carácter de delito.

Según se señala en el informe, la subsecretaría aceptó cinco ofertas presentadas en la licitación pública sobre “Adquisición de Sistema de Cámaras Corporales” que fue adjudicada a Motorola por la suma de $378.896.000.

En el mencionado informe se reprocha, además, que no existe respaldo de los antecedentes que tuvo a la vista la comisión evaluadora respecto de las ocho ofertas recibidas y los motivos por los que sólo dos de las empresas terminaron pasando a la etapa de evaluación.

Al analizar lo ofrecido por Motorola, advierte el ente fiscalizador, “se estableció que las cámaras ofertadas por Motorola -Edesix VB-400- no disponían del mecanismo requerido de ‘posgrabado’ a la data de adjudicación, esto es el 11 de marzo de 2020″. Junto con esto, se concluye que la comisión evaluadora le dio 100 puntos a Motorola por “presentar la totalidad de los antecedentes requeridos al momento de la apertura de la oferta”, pese a que la firma no había entregado el total de la documentación en la fecha requerida.

Tras conocerse el resultado de la auditoría, Martorell dijo que el objetivo de Contraloría “era transparentar la labor policial y entregar información al Ministerio Público de la labor que realizan las policías”. Descartó que se haya detectado “que existan elementos que revistan características de delito”. En ese sentido, apuntó que si hay una indagatoria abierta es por la querella presentada por una empresa que perdió y anunció que “ejerceré las acciones legales que correspondan en contra de la empresa que ha buscado enlodar mi imagen”.

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