Las pensiones de los abuelos alemanes no son suficientes para vivir y los jóvenes ya están preocupados por su acceso a una pensión en el futuro, mientras cada vez más países europeos aumentan la edad de jubilación. Fundado en 1889 por el canciller Otto von Bismarck, el sistema público de pensiones en el país germano ha sobrevivido a guerras y crisis, pero esta vez se enfrenta a un desafío aún mayor a medida que la fuerza laboral envejece y se reduce.

Los expertos financieros han puesto en duda la eficacia del sistema de pensiones en Alemania: según datos de la Oficina Federal de Estadística, cada vez son más los alemanes mayores que recurren a las prestaciones estatales para completar sus pensiones. El periódico alemán Neue Osnabrücker Zeitung informó que el primer trimestre de 2024, un número récord de 719.330 pensionistas recibieron ayudas básicas de la Seguridad Social.

Esto supone un aumento de casi 35.000 desde marzo de 2023, y un salto de unos 511.915 desde 2015. Así, el envejecimiento de la población alemana y el inminente déficit de pensiones están impulsando una iniciativa gubernamental para fomentar el ahorro privado para la jubilación con respaldo de capital, incluyendo una nueva pensión de 10 euros mensuales por inicio anticipado para los hijos.

Siguiendo esa idea, el canciller Friedrich Merz advirtió este mes a los jóvenes alemanes en YouTube que no dependieran únicamente de las pensiones públicas, sino que también invirtieran regularmente pequeñas cantidades en el mercado de valores. La sugerencia generó más críticas que aplausos, por parte de quienes exigen mejoras al sistema de pensiones alemán.

El debate sobre la idea del canciller

La coalición de Merz favorece las cuentas de jubilación privadas con respaldo de capital como complemento a las pensiones públicas en lugar de una reforma integral, proponiendo un nuevo subsidio de 10 euros al mes para niños y jóvenes de 6 a 18 años para sembrar el ahorro privado, lo que podría destinar fondos a la jubilación una vez que alcancen la madurez.

Rápidamente el plan provocó una respuesta airada de los gremios. El poderoso sindicato de trabajadores metalúrgicos IG Metall calificó la postura de Merz de “irreal y peligrosa”. En lugar de promover planes de pensiones privados basados ​​en acciones, debería fortalecer el sistema de pensiones de reparto, que atraviesa dificultades, afirmó.

Otros críticos advierten que el impacto de la medida podría no ser suficiente y que existe el riesgo de que las cuentas privadas compliquen, en lugar de resolver, la crisis de las pensiones públicas sin una reforma estructural más amplia. Además cuestionan el costo de la política (estimado en 1.500 millones de euros anuales), señalando que la inflación podría erosionar las ganancias reales y que el plan podría ser simbólico sin un cambio de comportamiento.

El panorama no ha sido mejor para las pensiones privadas. Las iniciativas anteriores en Alemania, como las pensiones Riester, producto transfronterizo de la UE -llevada a cabo en 2002 bajo la coalición rojiverde del excanciller alemán Gerhard Schröder- también tuvieron un rendimiento deficiente o fueron criticadas por sus garantías y costos.

El predecesor de Merz, Olaf Scholz, planeó corregir esas deficiencias. En septiembre pasado, el entonces ministro de Finanzas, Christian Linder —un miembro del Partido Democrático Libre promercado—, presentó lo que Ali Masarwah, director ejecutivo de la consultora patrimonial Envestor, llama una “propuesta ambiciosa que podría haber dado una base más sólida a las pensiones privadas”.

Pero el gobierno se desmoronó dos meses después, antes de que el plan pudiera implementarse. Ulrike Malmendier, profesora de finanzas conductuales en la Universidad de California en Berkeley, insta a Merz a acertar esta vez. “La chapuceamos con Riester, y no sé cuántas oportunidades más tendremos. Simplemente no podemos permitirnos volver a equivocarnos”, dijo al Financial Times.

Quienes apoyan la idea del gobierno argumentan que los efectos a largo plazo podrían reorientar la inversión de los hogares hacia activos de mayor rentabilidad, mejorando así sus futuras perspectivas de jubilación.

Actualmente, el 17% de la población adulta alemana posee acciones, fondos de inversión o fondos cotizados en bolsa, en comparación con el 39% en Reino Unido y el 62% en Estados Unidos. Esto refleja una promesa gubernamental de larga data de que la pensión estatal es “segura”, afirmó Andreas Hackethal, profesor de finanzas de la Universidad de Frankfurt, al diario británico.

La realidad de los abuelos alemanes

Según datos del Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales, a finales de 2021 el 19,7% de los beneficiarios de prestaciones de vejez carecían de ingresos o pensión. El 36,6% vivía con unos ingresos mensuales inferiores a 400 euros, mientras que el 40% tenía unos ingresos de entre 400 y 800 euros. El 3,7% contaba con unos ingresos mensuales de más de 800 euros.

“El sistema alemán de pensiones condena a muchos ancianos a una pobreza degradante”, afirmó la política de izquierda Sahra Wagenknecht al comentar los datos, consignó el portal EuroNews.

Tras representar anteriormente al partido Die Linke (La Izquierda), Wagenknecht lanzó el año pasado su partido BSW. En su página web, la colectividad reclama más solidaridad e igualdad en Alemania: “Millones de personas mayores no pueden disfrutar de su jubilación tras una larga vida laboral porque sus pensiones son humillantemente bajas”.

Para los pensionados con ingresos más bajos, el Estado puede ofrecer una ayuda financiera, conocida como “Grundsicherung im Alter”. En lugar de ser fijas, las prestaciones de la “Grundsicherung” se determinan caso por caso, en función de las necesidades individuales.

El objetivo es garantizar que todos los ciudadanos alemanes puedan pagar necesidades básicas como calefacción, asistencia sanitaria y alojamiento. Las personas discapacitadas reciben una ayuda adicional.

Crisis demográfica europea

Alemania se enfrenta a una crisis demográfica: hay un problema de envejecimiento como resultado de una caída drástica de su tasa de natalidad durante la década de 1960 y 1970. Ahora hay sólo tres trabajadores por cada jubilado, en comparación con los seis de 1950, y el futuro está a la vuelta de la esquina.

Para 2036, muchos baby boomers estarán jubilados y relativamente pocos jóvenes se incorporarán al mercado laboral. Se prevé que la carga de las pensiones aumente, con 100 trabajadores que mantendrán a 41 jubilados para 2040 según la normativa actual.

La iniciativa de Merz para alentar a los jóvenes a invertir en acciones se hace eco de esfuerzos similares de países como Estados Unidos y Reino Unido para canalizar los ahorros para la jubilación hacia activos productivos, como infraestructura, propiedades y capital privado.

A la vez, la bomba de tiempo de las pensiones alemanas sirve de advertencia para otros países de la UE, cuyos Estados miembros ya gastan un promedio del 12% del PIB en planes públicos y muchos también enfrentan un declive demográfico.

El presupuesto anual de Alemania asciende actualmente a unos 480.000 millones de euros, pero aproximadamente 120.000 millones de euros ya salen del Tesoro Público y llegan a los bolsillos de los pensionados estatales.

El gobierno alemán, a diferencia de Reino Unido u otras naciones europeas, gasta alrededor de 20.000 millones de euros al año en las pensiones de los funcionarios. Casi 600.000 ya las están cobrando, y otros 200.000 se encuentran actualmente en proceso de jubilación.

Alemania también es un sistema federal, lo que significa que sus 16 estados y sus municipios más pequeños son responsables de pagar las pensiones a sus propios jubilados.

Entregarán 49.000 millones de euros adicionales al año a más de un millón de jubilados de la administración local, como funcionarios de prisiones, policías, bomberos y profesores, entre otros. Casi dos millones más están acumulando constantemente sus derechos de pensión mientras trabajan.

Las propuestas que enfurecen

El sistema público de pensiones, también conocido como seguro obligatorio de pensiones, es obligatorio solo para los empleados. Los autónomos pueden cotizar al sistema público o depender exclusivamente de seguros privados. Los funcionarios tienen su propio sistema de pensiones. Estos dos grupos representan alrededor del 12% de la población activa.

Muchos políticos de izquierda insisten en que la única manera de salvar el sistema estatal es obligar a todos los miembros de estos grupos de personas bien pagadas a contribuir al fondo de jubilación estatal. Así, en mayo pasado, la nueva ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Bärbel Bas, del Partido Socialdemócrata (SPD) de centroizquierda, volvió a plantear esta idea.

“Necesitamos involucrar a más personas en el financiamiento del seguro de pensiones”, declaró Bas a los periódicos del Funke Mediengruppe. “Los funcionarios, los parlamentarios y los autónomos también deberían contribuir al seguro de pensiones”, añadió.

Su propuesta irritó a los socios de coalición del SPD, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de centroderecha y la Unión Social Cristiana (CSU), quienes la descartaron como una solución inadecuada a corto plazo.

Para la ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, existe una manera aún más sencilla de mejorar el sistema de pensiones alemán: “Necesitamos trabajar más y durante más tiempo”, afirmó al periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung a finales de julio.

“El cambio demográfico y el aumento constante de la esperanza de vida lo hacen inevitable: la duración de la vida laboral debe aumentar”, declaró.

Dijo que un importante grupo de expertos económicos, el DIW, había argumentado hace dos décadas que la edad mínima de jubilación debería ser de 70 años en 2025, pero que en cambio la mayoría de los alemanes estaban en camino de pasar “sólo” dos tercios de sus vidas empleados, una proporción que describió como insostenible.

Según indicó el diario The Guardian, un Merz disgustado le dijo en voz baja que permaneciera en su carril y mostrara consideración hacia las preocupaciones de los nerviosos socialdemócratas (SPD), socios menores en la coalición gobernante que obtienen un escaso 15% en las encuestas. Pero Reiche, sin tapujos, insistió en que, para muchos alemanes, “la felicidad no consiste en jubilarse lo antes posible, sino en poder seguir aportando su experiencia”.

El aumento a la “pensión de madres”

La Unión Social Cristiana (CSU), el partido hermano bávaro de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Merz, pareció haber persuadido a su hermano mayor a implementar uno de sus proyectos favoritos: aumentar el subsidio de jubilación para padres mayores —conocido coloquialmente como Mütterrente, o “pensión de madres”— un año antes de lo planeado.

El aumento de las pensiones para las madres que tuvieron hijos antes de 1992 tiene un costo de unos 5.000 millones de euros anuales y está previsto que se implemente el 1 de enero de 2027, a pesar de los importantes recortes en otras partes del presupuesto federal alemán, destaca la cadena alemana Deutsche Welle (DW).

El aumento previsto para 2027 es el tercero de tres pasos y añade medio punto porcentual adicional a la pensión, lo que equivale a unos 20 euros por hijo al mes para los niños nacidos antes de 1992. Anteriormente, las madres cuyos hijos nacieron después de 1992 recibían un porcentaje ligeramente superior.

El secretario general de la CSU, Martin Huber, calificó la medida como la “finalización” del plan de pensiones para madres y afirmó que 10 millones de mujeres se beneficiarían. “Para muchas pensionadas, este aumento supone una gran diferencia”, declaró a la cadena de noticias RND.

Pero, según informes de los medios de comunicación alemanes, el gobierno aún tiene un déficit de unos 172.000 millones de euros en su planificación financiera para los años 2027 a 2029.

Para el empresariado alemán, la idea también fue impopular, pues esperaban que el gobierno conservador de Merz, en lugar de aumentar las pensiones, hiciera más por mantener a más personas en el mercado laboral. “Todo esto va en la dirección equivocada”, declaró Judith Röder, de la Asociación Federal de Mayoristas, Comercio Exterior y Servicios (BGA), a DW.

“Todo lo que conduzca a un aumento del gasto social es un problema, y ​​cualquier señal de menor empleo en una sociedad que envejece también es perjudicial. Y la pensión de las madres es ambas cosas”, argumentó.