Convocatoria de la oposición a protesta y paro contra el Presidente Arce reaviva la tensión en Bolivia

Un partidario opositor sostiene un cartel "No fue un golpe, fue un fraude", durante una protesta en La Paz, en marzo pasado. Foto: AP

El denominado Bloque de Unidad por la Libertad y la Democracia, integrado, entre otros, por los exmandatarios Carlos Mesa y Jorge Quiroga, liderará una movilización el domingo y una huelga nacional el lunes, para exigir el cese de la “persecución” a los líderes disidentes y la liberación de la expresidenta interina Jeanine Áñez.




Después de un cónclave para una articulación política, las fuerzas opositoras bolivianas agrupadas en la denominada Cumbre por la Democracia, que incluye partidos, expresidentes, plataformas sociales y líderes cívicos, acordaron volver a las calles el domingo en una marcha nacional “en defensa de la democracia”, que será seguida al día siguiente de un paro nacional para presionar al gobierno del Presidente Luis Arce.

El nuevo Bloque de Unidad por la Libertad y la Democracia tiene entre sus filas a los exmandatarios Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga, así como al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, la hija de la exmandataria Jeanine Áñez, Carolina Ribera, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), la Resistencia Juvenil Cochala y otras agrupaciones, que determinaron el viernes pasado, tras una cumbre en Potosí, manifestarse el domingo, fecha en que se cumplen 39 años desde el regreso a la democracia.

El Presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, en la 76 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York. Foto: Reuters

La hoja de ruta propuesta incluye una serie de demandas, entre ellas, el cese de la “persecución” a la oposición, la liberación de Áñez -acusada de terrorismo, sedición y conspiración- y de todos los “perseguidos políticos”, y la restitución de policías dados de baja tras la crisis política de 2019.

Sin embargo, en un paso más allá, el bloque disidente también exige la anulación de la renovación de autoridades judiciales y fiscales, de la ley de Emergencia Sanitaria y del proyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Este último fue el blanco de las crÍticas, por entregar “poderes extraordinarios” a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), ya que permite indagatorias a cuentas bancarias sin orden judicial.

Ante el revuelo en los gremios y sectores empresariales, la iniciativa -aprobada en la Cámara de Diputados- fue suspendida de seguir en trámite ayer en el Senado “por recomendación del Presidente Arce”, debido a la “susceptibilidad” y las convocatorias a movilizaciones.

“Para alcanzar esto se organizarán y apoyarán todas las manifestaciones, huelgas, marchas y otras medidas que busquen la reivindicación de la libertad de los derechos de los bolivianos garantizando la unidad, los intereses nacionales y de todos los departamentos”, anunció la oposición tras una serie de reuniones.

“De este lado está el pueblo boliviano harto de un camino de autocracia, que no tiene límites y que ha roto toda barrera de respeto a la institucionalidad. Este es un momento de la batalla de la sociedad democrática por defender la democracia. Están en juego la democracia y los valores que ésta representa”, defendió el expresidente Mesa.

Indagatoria a opositores

La decisión de convocar a huelga nacional terminó de gestarse después de que el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho recibió una orden para declarar mañana en La Paz en “calidad de investigado” por el caso golpe de Estado, como se denominó al proceso judicial que busca determinar a los responsables de las masivas movilizaciones que estallaron en el país después de las cuestionadas elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, que tras acusaciones de fraude terminaron con la salida de Evo Morales después de casi 14 años en el gobierno y la instalación de Áñez en el Ejecutivo interino. Los 21 días de choques y represión de las protestas dejaron un saldo de 35 fallecidos, según contabilizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una combinación de imagenes del mandatario Luis Arce, el expresidente Carlos Mesa y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho. Foto: Reuters

El líder cruceño deberá presentarse ante los tribunales para entregar su declaración. “De lo que pasó en octubre de 2019, Evo (Morales) y yo somos responsables: él por hacerle un fraude a la patria y yo por defenderla”, sostuvo Camacho en un comunicado. El Comité Cívico Pro Santa Cruz acusó que la convocatoria de su autoridad a La Paz es una “nueva afrenta a Santa Cruz por parte del centralismo”, asegurando que “en octubre de 2019 se dio una movilización pacífica” liderada por la organización presidida en ese momento por Camacho, “pero las decisiones fueron tomadas por miles de ciudadanos”.

Esta semana, la justicia boliviana ordenó ampliar por cinco meses más la prisión preventiva por “riesgo de fuga” de Áñez, que se encuentra tras las rejas desde marzo. La exsenadora sostiene que es “víctima de violencia y tortura psicológica”, debido a que sufre de hostigamientos al interior del penal, lo que la ha llevado a tener varias descompensaciones en las últimas semanas.

En respuesta al frente opositor, Evo Morales acusó un intento de desestabilización al gobierno liderado por Arce, señalando que el paro solo afectará a la golpeada economía boliviana. El ministro de Justicia, Iván Lima, informó ayer que cada día de paro “le cuesta al país US$ 112 millones. Existen personas que viven al día y un día de paro es un día sin recursos para sus familias”.

El denominado “Estado Mayor del Pueblo” que lidera Evo Morales confirmó una marcha para el martes, “para defender la democracia y defender a Lucho Arce presidente”.

Simpatizantes y organizaciones masistas se reunirán en Cochabamba el 12 de octubre, cuando el país conmemora el Día de la Descolonización. Además, los comités evalúan la realización de una marcha desde Caracollo a La Paz.

“Los políticos que promueven estas movilizaciones en el fondo buscan impunidad, un ‘pacto de silencio’ para no responder por los graves delitos de corrupción, masacres, ejecuciones extrajudiciales.

Iván Lima, ministro boliviano de Justicia

La presión entre el oficialismo y la oposición volvió a instalarse el 24 de septiembre pasado, cuando en un acto el vicepresidente David Choquehuanca izó la wiphala -la bandera de los pueblos originarios- en el frontis del edificio del gobierno de Santa Cruz, la que posteriormente fue bajada por las autoridades locales para ser reemplazada por una bandera blanca con el símbolo de la flor de patujú, que representa la identidad de pueblos indígenas del oriente boliviano.

La polémica derivó en una denuncia entablada por los diputados y senadores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que fue admitida en la fiscalía contra Luis Fernando Camacho -que acusó una “imposición” del símbolo patrio reconocido ante la Constitución- por “racismo y ultraje a los símbolos patrios”, delitos que contemplan sentencias de entre uno y siete años de cárcel.

Diversos focos de conflictos sociales golpean a Arce. Según el diario paceño La Razón, la reciente marcha indígena a Santa Cruz, las dos semanas de enfrentamientos de los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y la presión de sindicatos generaron que la Confederación de Gremiales de Bolivia se declarara el domingo en estado de emergencia y anunciara nuevas protestas si no se modifica la agenda de gobierno.

En un gesto de conciliación, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, envió una nota a los dirigentes de la XI Marcha Indígena para citarlos a una reunión con el objetivo de analizar el pliego petitorio de 16 puntos y establecer una mesa de diálogo con el Ejecutivo.

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