La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció este domingo la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa que había sido detenido en diciembre pasado por compartir mensajes críticos contra el Gobierno y el gobernador regional.

La organización y otros grupos de derechos humanos señalaron la falta de información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento.

Torres Fernández, de 52 años y con más de 20 años de servicio en la Policía de Portuguesa, fue arrestado el 9 de diciembre de 2025 y, según el CLIPP, de forma extraoficial se le imputaron los delitos de traición a la patria y asociación para delinquir por sus publicaciones contra el régimen chavista.

La muerte ocurrió el 10 de enero en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Zona 7, en Caracas, apenas 62 horas después que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un “número importante” de detenidos, entre venezolanos y extranjeros. ONG y opositores han cuestionado que las excarcelaciones hayan avanzado a cuentagotas y sin transparencia.

Hasta el momento, no existe información oficial que detalle las causas del deceso ni si Torres Fernández recibió atención médica mientras estaba detenido, denunció el CLIPP. “Esta falta de información y de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad”, afirmó la organización, que exigió una investigación inmediata, independiente y transparente, así como la liberación de todos los presos políticos que permanecen “injustamente detenidos”.

El CLIPP agregó que con la muerte de Torres Fernández ya son 22 personas que han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014, según sus registros. Organizaciones como Foro Penal estiman que actualmente hay más de 800 presos políticos en Venezuela, muchos de ellos detenidos por cargos similares relacionados con la libertad de expresión o la disidencia.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) también lamentó el fallecimiento y responsabilizó “directamente al régimen de (la presidenta encargada) Delcy Rodríguez”, exigiendo libertad inmediata, plena e incondicional para todos los presos políticos, civiles y militares.

La denuncia llega en medio de un clima de tensión sobre la situación de detenidos políticos en el país, donde grupos de derechos humanos y familiares han expresado su preocupación ante las condiciones de detención y la falta de transparencia en los procesos judiciales relacionados con los arrestos por motivos políticos.