Un tribunal de El Cairo, Egipto, condenó a muerte a la presentadora de televisión egipcia Sarah Khalifa, de 39 años, junto a otras 11 personas, por financiar y coordinar una red dedicada a la fabricación y el tráfico de drogas sintéticas.

El fallo, dictado el sábado, corresponde a uno de los casos de narcotráfico más relevantes de los últimos años en Egipto, según consignó The Guardian.

Khalifa conduce el programa sobre seguridad y crimen Misión Imposible en el canal privado Al-Mehwar. También es propietaria de una clínica de cirugía estética y de una productora de eventos.

De los 28 acusados que enfrentaron el proceso, nueve recibieron cadena perpetua y siete fueron absueltos. Los 12 condenados a muerte, entre ellos el hermano de Khalifa, Mohamed, deberán pagar además una multa de 500.000 libras egipcias, cerca de 9.800 dólares.

El veredicto se dictó después de que el tribunal remitiera el expediente de Khalifa y de otros 12 acusados al gran muftí de Egipto, la máxima autoridad religiosa-jurídica. Este trámite es exigido por la ley egipcia antes de dictar la pena capital.

No obstante, la opinión del muftí es consultiva y no vinculante. De los 13 acusados consultados, 12 terminaron condenados a muerte.

El fallo y la apelación

El periódico estatal Al-Ahram consignó que el tribunal condenó a “Khalifa y a otros 11 acusados a muerte por ahorcamiento por formar una banda criminal organizada especializada en la adquisición de materiales para la fabricación de estupefacientes, con la intención de traficarlos, y por posesión y portación de armas de fuego y municiones sin licencia”.

Sin embargo, según reportó Euronews, el abogado de Khalifa, Mohamed El Gendy, adelantó que la defensa presentará un recurso de apelación y agotará todas las instancias legales disponibles.

Una instancia penal superior puede reexaminar las pruebas y el papel de cada acusado, y mantener, reducir o anular las condenas, con posibilidad de un recurso final ante el Tribunal de Casación de Egipto.

Cannabinoide sintético

Los medios egipcios describieron que el caso, inicialmente, giraba en torno a la manufactura de hachís. Sin embargo, las pruebas forenses presentadas durante el juicio identificaron las sustancias como cannabinoides sintéticos, específicamente el MDMB-4en-PINACA, compuesto elaborado en laboratorio que imita los efectos del cannabis, aunque puede ser considerablemente más potente e impredecible.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito describe este compuesto como un cannabinoide sintético bajo control internacional desde 2021, tras una recomendación de la Organización Mundial de la Salud por sus efectos adversos graves, entre ellos psicosis, convulsiones, problemas cardíacos y renales, y muertes asociadas a su consumo.

Un comité técnico determinó que la sustancia no figuraba en el listado de estupefacientes controlados de Egipto, pero la consideró cubierta por la legislación del país por su similitud química con sustancias ya incluidas. La defensa impugnó esa interpretación, pero el tribunal terminó por aceptar las conclusiones del comité.

El caso se inició en abril de 2025, cuando las autoridades antidroga de Egipto dijeron haber descubierto una red que importaba precursores para fabricar drogas sintéticas. La policía egipcia registró dos departamentos en El Cairo e incautó cerca de 200 kilogramos de drogas, materias primas y equipos, cifra que la fiscalía del país árabe elevó después a más de 750 kilogramos incautados.

El diario Al-Masry Al-Youm, citando fuentes judiciales, informó que las materias primas se adquirían en el extranjero y se ocultaban en envases de productos cosméticos y en equipaje de vuelos. La Fiscalía explicó que los integrantes de la red tenían funciones especializadas que abarcaban la adquisición, la fabricación, el almacenamiento y la distribución. El caso contra los 28 acusados se sostuvo en las declaraciones de 20 testigos y en pruebas digitales, entre ellas mensajes, fotografías y videos.

Sin embargo, las evidencias usadas en el juicio no se han hecho públicas, lo que ha generado dudas sobre la legitimidad del juicio. Según reportó el medio emiratí The National, aplicar la pena capital basándose en pruebas que no se han hecho públicas sentaría un precedente preocupante para el país y “el Estado egipcio le debe al país una rendición de cuentas más clara antes de que se prepare la soga”.

“Nunca he fumado un cigarrillo”

La Fiscalía sostiene que Khalifa financió parte de la operación, viajó al extranjero para reunirse con integrantes de alto nivel de la red y actuó como enlace con otros miembros en Egipto. Según registros de la investigación citados por la prensa egipcia, dos acusados radicados fuera del país compraron en China los precursores químicos para fabricar las drogas y recibieron instrucciones para producirlas.

Otros integrantes mezclaban los productos químicos, antes de probar los nuevos lotes en consumidores de drogas para evaluar sus efectos y luego pesarlos, empaquetarlos y distribuirlos.

La Fiscalía se apoyó además en pruebas digitales recuperadas del teléfono de Khalifa. Según documentos difundidos, los investigadores hallaron mensajes de WhatsApp con videos de sustancias similares a las incautadas, además de comunicaciones con otros presuntos integrantes de la red.

Además, un examen caligráfico determinó que Khalifa había escrito anotaciones en una libreta incautada con nombres, cifras y cantidades que, según la Fiscalía, correspondían a gastos de la operación. Khalifa ha negado sistemáticamente cualquier implicación en la red.

Tras la resolución del tribunal árabe, la presentadora aseguró frente a los magistrados: “Nunca he fumado un cigarrillo en mi vida”.

El sábado se conoció también una segunda condena contra Khalifa, en un caso distinto. Un tribunal de El Cairo la sentenció a tres años de prisión por agresión, después de que los investigadores encontraran en su teléfono grabaciones de video en las que se observa a un joven identificado como su chofer siendo desnudado, agredido y filmado dentro de su domicilio.

En esa misma causa, otros dos acusados recibieron siete años de prisión cada uno y un cuarto acusado fue condenado a cinco años.

Egipto aplica la pena de muerte por conductas como el asesinato premeditado, terrorismo, violación y narcotráfico.

Según Amnistía Internacional, los tribunales egipcios dictaron 492 sentencias de muerte en 2025, de las cuales 23 se ejecutaron. Muchas fueron por narcotráfico, mientras que las organizaciones internacionales de derechos humanos argumentan que la pena capital debe limitarse a los casos de “homicidio intencional”.