El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció este viernes la presentación de demandas civiles para revocar la ciudadanía estadounidense a 12 personas nacidas en el extranjero, como parte de su esfuerzo para quitar la nacionalidad a inmigrantes naturalizados que fueron acusados de cometer fraudes o delitos graves.

Para ello, la campaña de revocatoria de ciudadanía por parte del gobierno de EE.UU. se amplió a acusados de delitos como apoyo a grupos terroristas, crímenes de guerra y abuso sexual de menores, de acuerdo con demandas de desnaturalización presentadas por el DOJ en distintas cortes del país.

“Las personas implicadas en la comisión de fraudes, delitos atroces como el abuso sexual o que hayan expresado su apoyo al terrorismo nunca deberían haber sido naturalizadas como ciudadanos de los Estados Unidos”, afirmó el fiscal general interino, Todd Blanche, en un comunicado.

En este, además, agregó que “la Administración Trump está tomando medidas para corregir estas graves violaciones de nuestro sistema de inmigración. Quienes ocultaron intencionadamente sus antecedentes penales o falsearon su identidad durante el proceso de naturalización se enfrentarán a todo el peso de la ley”.

De acuerdo con Univisión, la cartera reconoció que se están presentando demandas de desnaturalización “a un ritmo sin precedentes” para “restablecer la integridad de nuestro proceso de naturalización”, según expresó el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento.

Los 12 casos presentados ante jueces por el Ejecutivo estadounidense corresponden a personas originarias de Colombia, Irak, Marruecos, Somalia, Gambia, Bolivia, Uzbekistán, Kenia, India, China y Nigeria.

Entre ellos se cuenta el exdiplomático Victor Manuel Rocha, sentenciado por espionaje para Cuba, y Oscar Pelaez, un sacerdote colombiano condenado por abuso sexual.

Esta medida, como consignó la cadena ABC, representa la más reciente expansión de la campaña del gobierno federal contra los estadounidenses nacidos en el extranjero acusados ​​de obtener fraudulentamente la ciudadanía.

El Foro Nacional de Inmigración aseguró que la anulación de la ciudadanía solo puede producirse por orden judicial. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense remite los casos de revocación civil y penal al DOJ cuando existen pruebas suficientes de que una persona incurre en alguno de los motivos de retiro.

Según este organismo, un individuo al que se le revoca la ciudadanía estadounidense vuelve al estatus migratorio que tenía antes de obtener la ciudadanía. De esta forma, podría ser deportado si no tiene un estatus legal de extranjería o encarcelado si la anulación se debió a una condena penal.