El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enfrenta semanas complejas a medida que se han intensificado las críticas nacionales e internacionales contra su gobierno por la situación de los derechos humanos en el país. Especialmente, luego de que la semana pasada su administración aumentara la represión policial hacia los opositores, en una intervención sin precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

También amplió su ofensiva contra las organizaciones de la sociedad civil: envió al Congreso, controlado por su partido, un proyecto de ley que impone una retención del 30% a los ingresos de ONG con financiamiento extranjero. La iniciativa, bautizada como “ley de agentes extranjeros”, está inspirada en normativas similares aplicadas en Rusia, Venezuela y Nicaragua.

Aquel escenario también sucede mientras más periodistas salvadoreños denuncian la censura del mandatario. “No sabemos cuándo podremos regresar”, dijo Nelson Rauda Zablah, editor digital de El Faro, al programa Democracy Now, afirmando que ahora es rutina para los críticos de Bukele huir por temor a represalias.

Algo que ya advertía Carlos Dada, el director de aquel diario digital salvadoreño a La Tercera en febrero de 2024, cuando sostuvo que “con Bukele estamos ante una dictadura” y proyectó que aumentaría “la represión, el férreo control sobre todas las instituciones del Estado y, por tanto, la opacidad de la información”.

Desde que su entrada al poder en 2019, el mandatario ha apuntado constantemente contra periodistas del aclamado medio de comunicación El Faro, amenazando con arrestarlos por exponer cómo Bukele habría hecho tratos secretos con pandillas salvadoreñas. El mandatario de 43 años de edad ha gobernado el país bajo un llamado estado de excepción desde 2022, deteniendo a casi 80.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas, en gran medida sin acceso al debido proceso.

Represión a las ONGs

El martes pasado, Bukele puso en marcha una dura embestida contra las organizaciones defensoras de derechos humanos, al ordenar que se les retenga el 30% de sus ingresos. La decisión de Bukele, similar a la adoptada en 2020 por su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, para asfixiar a las ONG, se produjo un día después de que policías militares reprimieran por primera vez una protesta campesina a las puertas de su residencia.

Todo comenzó la noche del lunes pasado, cuando unas 300 familias campesinas de la comunidad El Bosque protestaron pacíficamente a unos 500 metros del complejo privado Los Sueños, donde reside Bukele y donde actualmente construye su nueva residencia oficial, valorada en 1,4 millones de dólares. Con pancartas y consignas en voz alta, los campesinos exigieron la intervención del mandatario para frenar un desalojo ordenado por un tribunal.

Cerca de las ocho de la noche, un contingente de la Policía Militar equipado con escudos balísticos, avanzó sobre los manifestantes -entre ellos adultos mayores y niños- para impedir que se acercaran a la residencial, detalla el diario El País. Poco después llegaron fuerzas antimotines y agentes de Seguridad Pública, que dispersaron la protesta y detuvieron a cinco líderes comunitarios.

La represión fue transmitida en vivo. En uno de los videos, se ve a varios policías empujando a dos dirigentes campesinos y obligándolos a caminar encorvados hacia una patrulla, con la cabeza baja y las manos sujetadas atrás. Uno de ellos grita “¡No, no, no, por favor, no!”, mientras el otro lo abraza intentando evitar su captura. Los dos hombres fueron identificados como José Ángel Pérez y Gustavo Castro, ambos líderes comunales.

Otra de las personas arrestadas este domingo por la noche fue Ruth López, una de las abogadas anticorrupción más destacadas de El Salvador y jefa de la unidad anticorrupción y justicia de Cristosal, una importante organización salvadoreña de derechos humanos que ha criticado frecuentemente las políticas del presidente Bukele. En 2024, la BBC la nombró una de las 100 mujeres más influyentes del mundo.

El hecho generó una fuerte reacción en redes sociales y el rechazo de, al menos, 18 organizaciones locales de derechos humanos, así como de algunas ONG internacionales, entre ellas Amnistía Internacional. Todos condenaron la represión y el uso de militares contra civiles. La intervención violenta de los uniformados sentó un precedente histórico en El Salvador desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, aseguran.

“Renuncio con gratitud y admiración”

En medio de la detención de los activistas, y minutos después de informarse del arresto de López, el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión del gobierno salvadoreño, el colombiano Andrés Guzmán, informó su renuncia este domingo por la noche a través de la red social X.

"Hoy cierro un capítulo que marcó profundamente mi vida y me llenó de aprendizajes junto al pueblo salvadoreño y al liderazgo transformador del presidente Nayib Bukele“, publicó Guzmán en X, a casi dos años de su nombramiento, y acompañó su mensaje con una carta fechada el 15 de mayo en la que comunicó a Bukele su renuncia.

Guzmán señaló que “renuncio con gratitud y admiración, consciente de que el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni simple, pero siempre necesario. Seguiremos avanzando, construyendo futuros donde la dignidad, seguridad y justicia sean realidades para todos”. También publicó una misiva en la que se le informa que Bukele aceptó su renuncia a partir del 16 de mayo y se le pide el cierre de procesos y entrega de expedientes.

La declaración de Bukele

Pasadas las cinco de la tarde del martes pasado, el presidente Bukele reaccionó a la protesta popular frente a su residencia a través de sus redes sociales. “Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno”, escribió. El término globalista tiene una carga peyorativa y es utilizado con frecuencia por gobiernos autoritarios para desacreditar a organizaciones de derechos humanos que promueven la democracia o la transparencia, afirman expertos.

En su publicación, Bukele reconoció que la situación de la comunidad El Bosque era “difícil”, pero aseguró que no usaría recursos públicos para atenderla. “Sería injusto que los salvadoreños que pagan alquileres o cuotas de vivienda tengan que financiar con sus impuestos los terrenos de quienes simplemente hacen más ruido”, dijo.

Luego anunció: “Por eso, y ante la aparente preocupación de estas ONG, decidí enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONG reciban. Con esos fondos, se pagará la deuda de la cooperativa”.

Bukele ya había impulsado un borrador de esta ley a finales de 2021. Sin embargo, la iniciativa no prosperó, debido a resistencias internas y presiones internacionales.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional expresaron su rechazo, argumentando que la propuesta violaba estándares internacionales de derechos humanos y advirtiendo que su aprobación representaría una amenaza directa contra la sociedad civil y la prensa independiente.

Pactos con pandillas

Como si fuera poco, el líder pandillero Carlos Cartagena, alias “Charly de la IVU”, de la mara Barrio 18 Revolucionarios, reveló a inicios de mes en el medio El Faro los detalles de los supuestos pactos de las maras con personas cercanas al mandatario salvadoreño. Según Cartagena, los acuerdos con el entorno del presidente de El Salvador se iniciaron en 2014, cuando Bukele se presentaba como candidato a la alcaldía de la capital, San Salvador.

Los contactos tuvieron lugar durante años y, según Cartagena, algunos de los líderes pandilleros llegaron incluso a escapar del país con la complicidad de las altas esferas.

Todo cambió en 2022, cuando una masacre de las maras provocó la ruptura de la relación. A partir de ese momento, Bukele, ya presidente de El Salvador, declaró el estado de excepción en el país y dio inicio a la política de mano dura contra los pandilleros.

Además de la entrevista a Cartagena a cara descubierta, El Faro publicó las declaraciones de otro pandillero del Barrio 18 que mantuvo el anonimato. Ambos revelaron cómo las maras contribuyeron al ascenso de Bukele al poder y los detalles de sus acuerdos.

“Hubo un acuerdo monetario”, afirmó Cartagena, aludiendo al respaldo de las pandillas a la candidatura de Bukele a la alcaldía de San Salvador. Según sus palabras, su misión consistía en “influir” en familias, amigos, vecinos. “Hay que votar por ya saben... (Teníamos que) dar una directriz concreta”, confesó Cartagena.