El expresidente de Perú, Pedro Castillo, recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante los constantes rechazos por parte de la justicia peruana de sus demandas para anular su participación en un presunto golpe de Estado y su encarcelamiento un penal de Lima.

El abogado Javier Adrianzén, uno de los defensores legales del derrocado mandatario aseguró que la presentación de un recurso ante la CIDH podría concretarse en unos tres meses.

Según explicó Adrianzén, el objetivo de acudir a la CIDH es lograr la anulación del juicio oral que se viene desarrollando contra el exmandatario, acusado del delito de rebelión tras intentar cerrar el Congreso de la República en 2022, según el reporte del diario local ‘La República’.

El medio peruano consignó también que el abogado sostuvo que el proceso presenta serias irregularidades, en particular por la presunta parcialidad de la jueza Norma Carbajal a cargo del caso.

“El pedido sería que se recomiende al Estado peruano realizar un nuevo juicio, con nuevos jueces. Primero hay que anular el juicio actual, en el que no debe participar la magistrada Norma Carbajal, ya que existen trece sentencias previas firmadas por ella contra Pedro Castillo, y aun así es la directora del debate en el juicio oral”, precisó.

“Queremos un nuevo juicio sin la participación de la jueza Norma Beatriz Carbajal Chávez, que se ordene la libertad de Pedro Castillo y que se le indemnice económicamente por la privación de su libertad, ordenada por el Poder Judicial”, indicó Adrianzén.

El abogado agregó que, en caso reciban una respuesta favorable por parte de la corte internacional, corresponderá al Estado peruano acatar las recomendaciones emitidas por dicho organismo. Por el momento, la defensa espera agotar todos los procesos judiciales nacionales.

En tanto, los congresistas de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo han impulsado una denuncia constitucional contra los jueces que integran el tribunal del juicio oral al expresidente Castillo.

En el documento dirigido al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, los legisladores solicitan que los jueces sean inhabilitados para ejercer cargos públicos durante diez años.

El fundamento de la denuncia, al igual que el que presentaría la defensa de Castillo ante la CIDH, se centra en la presunta falta de imparcialidad de la jueza suprema Carbajal Chávez, a quien se acusa de haber emitido una opinión anticipada sobre la culpabilidad del exmandatario en relación con el delito de rebelión.

Cabe señalar que Castillo ha rechazado en múltiples ocasiones el juicio en su contra.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa el proceso penal contra el exgoberante izquierdista, solicitando una condena de 34 años de prisión, una inhabilitación por tres años y medio, y una reparación civil que supera los 64 millones de soles.