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Las autoridades palestinas de Jerusalén Este denuncian más de 50 heridos y 60 detenidos en una redada israelí

La Gobernación de Jerusalén informó que las fuerzas de ocupación israelíes causaron cuantiosos daños a la propiedad pública y privada en el campamento de Qalandiya y la localidad de Kafr Aqab. Ademas, llamó a “la comunidad internacional y a Naciones Unidas" a tomar medidas para detener estas políticas.

Tropas israelíes en una operación militar en el campo de refugiados de Qalandiya y la ciudad de Kafr Aqab, al norte de Jerusalén ocupada. Foto: Europa Press/Contacto/Salman Mohsen Alkhatib.

Las autoridades palestinas de Jerusalén Este denunciaron en la madrugada de este viernes que más de medio centenar de palestinos resultaron heridos y cerca de 60 fueron arrestados en una redada, perpetrada por fuerzas militares israelíes en un campamento de refugiados y en la localidad de Kafr Aqab.

“Las fuerzas de ocupación israelíes se retiraron del campamento de Qalandiya y de la localidad de Kafr Aqab, al norte de la Jerusalén ocupada, tras una ofensiva militar de dos días que ha dejado decenas de heridos y detenidos, y causó cuantiosos daños a la propiedad pública y privada”, denunció en redes sociales la Gobernación de Jerusalén.

Según datos recogidos por las autoridades, “los equipos médicos de la Media Luna Roja Palestina atendieron un total de 51 casos desde el inicio de la agresión hasta la retirada de las fuerzas de ocupación”.

Esta cifra incluye “38 heridos por golpizas que fueron trasladados a hospitales, seis heridos por golpizas atendidos en el terreno, un herido por bala de goma y seis casos de inhalación de gases lacrimógenos”.

“Las fuerzas de ocupación también llevaron a cabo una amplia campaña de arrestos e investigaciones sobre el terreno, con más de 60 palestinos arrestados, detenidos o interrogados desde el inicio de la agresión”, agregó la entidad.

De la misma forma, la Gobernación denunció que las detenciones también se enfocaron “contra familiares de prisioneros y mártires, como parte de la política de castigo colectivo”, y que “entre los arrestados había niños y mujeres, y es probable que la cifra real sea mayor”.

Asimismo, acusó que “los ataques se han extendido a la propiedad pública y privada”: “Las fuerzas de ocupación demolieron siete tiendas en las inmediaciones del puesto de control militar de Qalandiya, además de demoler un lavadero de coches, arrasar el patio de una casa y destruir el contenido de decenas de viviendas durante las operaciones de registro”, aseveró, para luego denunciar saqueos en casas de familias palestinas residentes de la zona.

“La Gobernación de Jerusalén afirma que los hechos sobre el terreno han refutado la versión israelí, que intentó justificar la agresión con el pretexto de perseguir la supuesta ‘infraestructura terrorista’”, dice el comunicado en el que la administración argumenta que, “por el contrario, los hechos demuestran que el objetivo era someter y aterrorizar a la población e imponer el control militar sobre el campamento”.

Las autoridades enmarcaron la actuación de las fuerzas israelíes sobre el trasfondo de “una serie de importantes proyectos coloniales destinados a reconfigurar el mapa geográfico y demográfico de la ciudad”.

Este incluye un plan para “la construcción de entre 7.000 y 9.000 viviendas” en un asentamiento en Qalandiya, el establecimiento de un tribunal militar y la construcción de una carretera que “conecta el norte de Jerusalén con el corazón de los territorios ocupados en 1948 y discurre junto al campamento de Qalandiya”, entre otros.

“La Gobernación de Jerusalén indica que la imposición de una nueva realidad militar en la zona busca crear el entorno de seguridad necesario para acelerar la ejecución de estos proyectos y consolidar el control colonial sobre la parte norte de la ciudad”., denunció.

En el texto además advirtió de “una política destinada a imponer nuevas realidades sobre el terreno, en preparación para la anexión y el aislamiento de la ciudad de su entorno palestino”.

Por ello, llamó a “la comunidad internacional y a Naciones Unidas a que cumplan con sus responsabilidades legales y humanitarias, tomen medidas inmediatas para detener estas políticas, exijan responsabilidades a la ocupación por las graves violaciones cometidas contra la población civil y garanticen la protección internacional del pueblo palestino y sus instituciones nacionales en la Jerusalén ocupada”.

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