Ministro de Defensa de Ecuador advierte que la democracia “está en riesgo” tras más de una semana de protestas

Militares registran a indígenas ecuatorianos a su arribo a Quito para participar en las protestas, el lunes. Foto: Reuters

Un nuevo estado de excepción, enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de orden y un petitorio de 10 puntos son parte del escenario actual de Ecuador, país que se ha visto asediado por la movilización de comunidades indígenas que, según el Presidente Guillermo Lasso, buscan derrocarlo.




“Ciudadanos, las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República. Quiero ser enfático en señalar que las acciones de protesta social son legítimas, siempre y cuando no atenten contra las garantías y derechos de la mayoría de los ciudadanos a vivir en paz”. Estas fueron las palabras emitidas en una conferencia de prensa ayer por el ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara.

Más de ocho días de protestas originadas en Guayaquil decantaron en la llegada de miles de indígenas durante el lunes a Quito, capital ecuatoriana. La movilización, que se extiende desde el 13 de junio, tiene como rostro visible a Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), agrupación que ya participó antes en revueltas que tuvieron como resultado la salida de mandatarios. Tres presidentes salieron del poder tras manifestaciones similares entre 1997 y 2005.

Alfredo Espinosa, analista político, dijo al diario ecuatoriano La Hora que “esta semana el Presidente Guillermo Lasso se juega su permanencia en Carondelet”, el palacio presidencial ecuatoriano. Quizás por eso es que Lasso publicó dos videos en Twitter durante el lunes defendiendo la respuesta del gobierno a las “legítimas demandas”, como las llamó el exbanquero. Mientras miembros del Congreso definieron la respuesta como “errática”, informó el diario El Tiempo.

Marcha de comunidades indígenas al interior de Quito, capital de Ecuador. Foto: Reuters

“Hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz, ellos buscan el caos. Quieren botar al Presidente. Yo estoy aquí, yo no voy a escapar”, dijo Lasso en el primer video, donde imágenes de archivo de los enfrentamientos ocurridos en 2019 entre manifestantes y fuerzas policiales se intercalan, mientras el presidente habla de fondo. Para el mandatario, esto se trata de “democracia o caos, esa es la gran batalla; la batalla por la democracia”.

En el segundo, y con un tono más conciliador, Lasso hizo “un llamado por la paz”, donde pidió sentarse “en una mesa y juntos buscar soluciones, para cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas”.

La escalada en la violencia y la masificación de las manifestaciones, las que se han dado en numerosas ciudades ecuatorianas y de forma simultánea, llevaron al Presidente Lasso a decretar un nuevo estado de excepción. Ya regía uno en desde el sábado, el que abarcaba las provincias de Pichincha (de la cual Quito es capital provincial), Cotopaxi e Imbabura. Con movilización del lunes, se extendió hacia Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, señaló la casa de gobierno a través de su secretaría de Comunicación.

“Esta declaratoria se da con motivo de las actuaciones violentas que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y amenazas al correcto funcionamiento de los sectores estratégicos”, dijo el mandatario para justificar la ampliación. Con esto, las Fuerzas Armadas continuarán apoyando a la policía y se limitará limita el derecho a la libertad de asociación y reunión.

¿Cómo podría finalizar el conflicto? Según Leonidas Iza, se deben cumplir los 10 puntos del petitorio entregado a las autoridades, donde se incluye una ampliación en el tiempo que los campesinos tienen para pagar deudas bancarias, el aumento de empleos, destinar más recursos a salud, educación y seguridad, suspender las concesiones mineras en territorios indígenas y, el mayor punto de tope con el gobierno, la rebaja de los precios de los combustibles.

Choque entre las fuerzas policiales y las comunidades indígenas ecuatorianas al interior de Quito. Foto: Reuters

Desde octubre de 2021, los valores de este ítem están paralizados, ya que el galón de diésel subió cerca de un 90%, llegando a 1,9 dólares, mientras que el de la gasolina corriente aumentó en un 46% su costo, alcanzando los 2,55 dólares. Los reclamos entre la sociedad ecuatoriana obligaron a las autoridades a congelar los precios, pero la Conaie e Iza piden rebajarlos a 1,50 y 2,10 dólares, respectivamente.

Hasta el momento, las fuerzas de orden han contabilizado 63 agentes heridos, mientras que la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó 79 detenidos y 55 civiles heridos. Dos de estos últimos cayeron por una quebrada mientras huían de la policía, mientras que un tercero falleció, informaron medios locales.

“Debido a la fuerte represión por parte de policías y militares, cinco personas cayeron a una quebrada, una persona falleció y dos se encuentran en estado de gravedad”, dijo la institución de DD.HH.

El ministro de Defensa, Luis Lara, aseguró que existe “manipulación de la protesta social” por parte de quienes no quieren negociar. Además, afirmó en una conferencia de prensa que “la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada” es la gestora de los disturbios. También recalcó que la democracia de Ecuador “está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas, que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos”.

Por otro lado, Leonidas Iza afirmó que la demora en encontrar una solución recae únicamente en el Presidente Lasso, ya que intenta “resolver las demandas del movimiento indígena a partir de la aplicación de la fuerza militar”. “El espíritu belicista no lo va a resolver”, advirtió.

Sin embargo, el diario El Comercio informó ayer que Lasso aceptó la mediación para sentarse en la mesa de diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). “He confirmado mi asistencia al diálogo impulsado por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Es nuestro deber llegar a consensos por el bien del país”, escribió el mandatario en Twitter, donde adjuntó la carta enviada a Humberto Salazar, coordinador de la Fundación Esquel.

Esta organización no gubernamental sin fines de lucro se cuenta entre los coordinadores de la llamada Comisión Convocante, un grupo de 300 entidades de la sociedad civil que este martes por la mañana hicieron un llamado al diálogo entre las partes en conflicto.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.