Sin debate público y de manera silenciosa, los talibanes promulgaron un nuevo y radical código penal que transforma fundamentalmente el sistema legal de Afganistán al fomentar la violencia doméstica, criminalizar la disidencia, legalizar la esclavitud y despojar a las mujeres de su personalidad jurídica.

El 7 de enero, el líder talibán Hibatullah Akhundzada firmó los “Principios penales de los tribunales talibanes”, un documento con 119 artículos, 3 capítulos y 10 secciones. El reglamento no fue anunciado públicamente, debatido ni ampliamente difundido por las autoridades y solo se conoció después de que la organización afgana de derechos humanos Rawadari emitiera una declaración y publicara una copia del reglamento en su idioma original, pastún, generando alarma por las restricciones en distintos aspectos de la vida.

Según el reglamento, que fue citado por la revista MS Magazine, la obediencia absoluta al líder supremo de los talibanes es obligatoria y la desobediencia se castiga con azotes o prisión.

Además, se penaliza cualquier crítica a los funcionarios talibanes, la omisión de denunciar actividades presuntamente opositoras e incluso el silencio ante la disidencia. Incluso interacciones sociales cotidianas, como hablar con una mujer que no es de su familia o cuestionar a la autoridad, se consideran actos delictivos.

El código penal también codifica la jerarquía social y divide a la sociedad en cuatro clases y reconoce explícitamente a los individuos como “libres” o “esclavizados”, con castigos más severos impuestos a aquellos considerados de estatus inferior, indicó la publicación estadounidense.

“Las consecuencias legales se determinan por el estatus social, no por la conducta. Las élites están sujetas a advertencias o citaciones, mientras que los más pobres se enfrentan a prisión, intimidación y castigos corporales. Esta jerarquía codificada institucionaliza la discriminación y garantiza que los más marginados soporten las penas más severas”, señaló un análisis del Instituto de Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad.

El artículo 9 del nuevo reglamento talibán establece un régimen de castigos basado explícitamente en el estatus social, dividiendo a la sociedad en eruditos religiosos, élites, individuos de clase media y aquellos designados como “clase baja”, con penas progresivamente más severas para los de menor jerarquía, incluyendo castigos corporales.

La revista MS señaló que las mujeres se encuentran entre las más severamente atacadas en este nuevo reglamento. Así, los esposos están autorizados a castigar a sus esposas mediante violencia discrecional, mientras que el abuso doméstico solo se reconoce como delito en circunstancias limitadas y conlleva una pena máxima de 15 días de prisión para el agresor.

“Por el contrario, obligar a los animales a pelear conlleva una pena de prisión más larga que la violencia grave contra las mujeres, lo que refuerza una siniestra jerarquía legal en la que las vidas de las mujeres reciben menos protección que el bienestar animal”, indicó MS.

A pesar de los edictos acumulativos, este código criminaliza aún más a las mujeres que salen de casa sin permiso, impone penas de prisión para las acusadas de apostasía y permite que familiares o particulares impongan castigos corporales con el pretexto de “prevenir el vicio”. Organizaciones de derechos humanos han advertido que estas disposiciones normalizan la violencia por mano propia y anulan por completo la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, movimientos y creencias, así como la religión impuesta por el Estado.

Una de las disposiciones más alarmantes es el Artículo 16, que autoriza al líder talibán a aprobar ejecuciones para al menos 11 categorías generales de personas bajo los llamados castigos discrecionales. Estas categorías incluyen a personas acusadas de oponerse a los talibanes, promover creencias consideradas antiislámicas, brujería, corrupción reiterada y ofensas morales indefinidas. El lenguaje es intencionadamente vago, otorgando amplia autoridad para ejecutar a personas consideradas una amenaza para el interés público, un término que se dejó deliberadamente sin definir.