Abbott lleva remoción de Arias a la Suprema atribuyendo una conducta "histórica"

Todo lo que pasa entre el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el suspendido persecutor regional de O'Higgins, Emiliano Arias, tiene alguna cuota de dramatismo y suspenso.

Contra este último se había desarrollado un sumario administrativo y, para darlo por finalizado, faltaba que fuera notificado. Esta diligencia se iba a hacer el martes, pero no pudo concretarse, ya que Arias se encontraba en Chiloé.

Con este antecedente, se pensó que esta notificación podría tardar hasta una semana. Sin embargo, la espera fue más corta, ya que hoy al mediodía el fiscal de O'Higgins fue informado por dos funcionarios de la Fiscalía Nacional.

¿Qué se le comunicó? Que se le había sancionado con la suspensión del cargo por dos meses y que se comenzaría a tramitar su remoción ante la Corte Suprema, donde deberá abrirse un cuaderno especial.

La notificación a Arias daba cuenta de que se le habían imputado cinco cargos para justificar el castigo, los que la Fiscalía Nacional había formulado tras recibir el informe final de la investigación administrativa que el fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, comenzó el 22 de abril.

El sumario se inició tras recibidas las denuncias del persecutor de Rancagua Sergio Moya, quien acusó a Arias de una serie de irregularidades en la tramitación de causas.

La conclusión de la investigación de Ayala fue que Arias habría infringido la norma interna del Ministerio Público en cinco hechos. El primero tiene que ver con la extracción de antecedentes del portal interno del Ministerio Público, sobre una persona que estaba siendo investigada por la Ley de Drogas en Puerto Montt. Este individuo era un amigo de su sobrino.

Es justamente este cargo el que sustenta gran parte del proceso de suspensión y remoción. Ocupa un espacio importante de las 40 páginas que trae la resolución de la Fiscalía Nacional. En este documento, Abbott señala que "el señor Arias Madariaga utiliza su cargo, no indicando (a las funcionarias que sacaron la información) que requería esa información para fines particulares, a sabiendas de que es un recurso informativo destinado para el uso exclusivo de materias propias de la fiscalía". El fiscal nacional catalogó esta conducta como de "máxima gravedad", que implica un actuar que "falta gravemente al principio de probidad administrativa".

El segundo cargo contra Arias se relaciona al anterior. Según la resolución, el fiscal de Rancagua debió remitir estos antecedentes al fiscal nacional.

Las otras imputaciones dicen relación con filtraciones. Según la investigación de Ayala, Arias habría entregado información del caso Iglesias y Caval a periodistas. Eso sería una falta en sí. También se le acusó de que no ordenó una investigación para determinar de dónde venía la filtración.

El último cargo contra Arias es haber "negado" apoyo de la Fiscalía de Alta Complejidad, para que la persecutora Marcia Allende se presentara en una audiencia del caso Caval.

En el proceso que se inicie en la Corte Suprema, Abbott no solo expondrá los cargos del sumario. Además, la fiscalía proporcionará antecedentes sobre la conducta, que calificó de "histórica", de Arias. Esto quiere decir que se incluirán los datos de los otros tres sumarios de los que fue objeto.

Con la resolución en su mano y en directo para radio y televisión, Arias acusó que el proceso fue "ilegal e inconstitucional", además de revelar que en el sumario se habría presionado a testigos para que declararan en su contra.

"Hay antecedentes que, a continuación de una reapertura ilegal, se ha presionado indebidamente a testigos para obtener declaraciones que me perjudicaran, lo que afortunadamente no ocurrió", dijo, señalando que recurrirán a todas las instancias, "nacionales e internacionales".

"Al fin esto va a llegar al Poder Judicial, un poder independiente e imparcial. Al fin esto sale de la fiscalía, de la esfera de Abbott, Eugenio Campos (fiscal que lo formalizará mañana en la arista penal) y Ayala", sostuvo.

Agregó que "no me van a amedrentar y voy a luchar por lo que considero justo hasta el final, que es mi inocencia".

La resolución de Abbott también se hace cargo de los nueve hechos investigados, pero no probados por el fiscal Ayala. La imputación más grave era la de tráfico de influencias, donde el fiscal Moya acusó que Arias tenía la orden de ralentizar el caso Caval. Además, se le atribuía un eventual favorecimiento a las causas del abogado Luis Hermosilla, entre otras cosas. Nada se probó.

¿Y Moya? Fue el fiscal que denunció y encendió el caso. Arias fue consultado por el persecutor y qué opinión le merecía. Miró, pensó, sonrió y respondió: "Nada".